LA REALIDAD DESMONTA AL GOBIERNO CUANDO DICE QUE «VIVIMOS SIGNIFICATIVAMENTE MEJOR QUE EN 2018»
La narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a chocar con los datos reales de la economía y de las condiciones materiales de los españoles.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo (d), durante el pleno del Senado que se celebra este martes, en Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez | EFE
El ministro de Economía, Comercio y Empresa Carlos Cuerpo aseguró el 8 de septiembre en una sesión de control al Gobierno en el Senado que la situación de las familias españolas es «significativamente mejor» que en el año 2018. Así respondía el también vicepresidente primero ante una pregunta de un senador del PP sobre si el Gobierno considera que la situación de las familias españolas es mejor ahora que hace un año.
Así respondía Carlos Cuerpo:
«La respuesta es que sí, considero que la situación de las familias es mejor que hace un año. Es más, considero que la situación de las familias es significativamente mejor que en el año 2018, que es cuando hubo el último cambio de gobierno. Y déjeme elaborar un poco mi respuesta, porque hay muchos indicadores que hablan de la situación de las familias», comenzaba con su alocución.
¿Las familias viven mejor ahora?
«Por supuesto, el empleo es uno de ellos, los salarios, los costes de la vida, los costes energéticos, los costes, por supuesto, también de la vivienda. Intentando buscar un indicador que sea una aproximación, un resumen de la situación de las familias, hay uno que yo creo que puede servir. Y es el porcentaje de hogares que tienen dificultades o muchas dificultades para llegar a final de mes. Este porcentaje ha bajado en casi un punto en el último año y seis puntos desde el año 2018, señoría. Esta es la realidad de las familias en el día a día de nuestras familias desde el año 2018«, continuaba expresando Carlos Cuerpo.
«Mejoras que se han sucedido gracias a las políticas que hemos implementado y a la buena evolución de nuestra economía. Esta mejoría en estos últimos años significa que hemos pasado de tener una de cada cuatro, es decir, un 26% de nuestros hogares que tenían problemas para llegar a final de mes, a tener uno de cada cinco, en torno al 20%. Pero siguen siendo muchísimos hogares que tienen problemas para llegar a final de mes. Por lo tanto, no nos conformamos y somos conscientes, plenamente conscientes, de los retos que quedan por delante», concluía su intervención.
Sin embargo, a pesar de los datos ofrecidos por el ministro de Economía en esta intervención, la realidad es más bien contraria a la que intenta hacer creer. Basta con acudir a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE y comparar los años 2018 y 2025 para comprobar que, en la actualidad, el porcentaje de españoles en situación de carencia material severa es mayor que en 2018.
La carencia material severa ha crecido desde 2018
En 2018, el 14,4% de las mujeres se encontraba en situación de carencia material severa, frente al 13,3% de los hombres; en 2025, esos porcentajes subieron al 17,5% y al 17%, respectivamente. El indicador de carencia material severa se compone de nueve conceptos, tales como poder mantener la temperatura adecuada en el hogar, poder hacer frente a gastos imprevistos o poder comprarse un coche.
Pues bien, sólo en dos de estos nueve ítems ha mejorado la situación de los españoles; en los siete restantes ha empeorado respecto a 2018. En la siguiente tabla puede verse de forma más visual.
Como vemos, el porcentaje de españoles que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días ha pasado del 3,6% al 5,4%. El de quienes no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada ha crecido del 9,1% al 15,9%. También ha aumentado el porcentaje de personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, del 35,9% al 36,4%.
En cuanto a quienes han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.) en los últimos 12 meses, la cifra ha subido del 8,8% al 11,4%. Igualmente ha crecido el porcentaje de españoles con retrasos en el pago de esos gastos o de compras a plazos en el último año, del 9,4% al 13,3%.
Casi todo ha empeorado
Por último, el porcentaje de ciudadanos que no puede permitirse un automóvil ha pasado del 5,1% al 5,4%, y el de quienes no pueden disponer de un ordenador personal, del 5,5% al 6,2%.
Así pues, la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a chocar con los datos reales de la economía española y de las condiciones materiales de los españoles, que, lejos de mejorar, han empeorado con los socialistas en el poder.
EDUCACION: SEGUIMOS SIN APRENDER LA LECCIÓN
Llevamos dos décadas perdiendo pie, con notas cada vez más bajas y alejándonos de los que mejor lo hacen.
Viendo algunos titulares parecería como si lo del último Informe PISA, publicado esta semana, fuera una enorme sorpresa. Algo inesperado. Un bofetón que no sabemos de dónde viene.
La magnitud del desastre para la educación española puede que sí sea relativamente llamativa. Pero la tendencia es la misma de los últimos 20-25 años. Nada ha cambiado sustancialmente. Llevamos dos décadas perdiendo pie, con notas cada vez más bajas y alejándonos de los que mejor lo hacen. ¿Qué en esta ocasión el batacazo ha sido algo más fuerte de lo previsto? Quizás, pero sería una cuestión de matiz. Lo relevante (hacia dónde nos dirigimos) no se ha modificado.
Lo que sí ha sido significativo es la reacción, muy previsible. Como ya no cuelan las excusas del tipo «y tú más», porque caemos más que casi todos los países, se ha tenido que buscar un culpable que sea relativamente popular y ante el que los responsables parezcan impotentes: las pantallas. Si hasta Pedro Sánchez ya le declaró la guerra a los tecno-oligarcas hace unos meses. Pues ahora, con más razón, nos dicen que no solo nos saturan de influencers de extrema derecha que no nos dejan ver todo lo que está consiguiendo este Gobierno; además, están impidiendo que nuestros niños estudien. Cualquier cosa con tal de no reconocer el fracaso del modelo que lleva vigente en España desde hace cuatro décadas o de no admitir que los problemas de las escuelas públicas (también privadas y concertadas, pero menos) en nuestro país van mucho más allá de si hay aire acondicionado en las aulas.
Lo primero, antes de que nadie mire al árbitro: PISA es un examen de un organismo gubernamental (la OCDE) y, si acaso, tirando a intervencionista. Es decir, si tiene un sesgo es más bien pro-socialdemócrata que otra cosa. Esto no invalida sus resultados (que, por cierto, tampoco debemos interpretar como si fueran las Tablas de la Ley, grabadas en piedra), pero que no nos digan que es fruto de la maquinación de un oscuro lobby de empresarios que quiere privatizar el sistema (más bien al contrario, en los informes de la OCDE sobre educación se intuye una sospecha poco fundada, de acuerdo a sus propios resultados, a la competencia o el mercado).
Dicho esto, lo que los resultados de PISA llevan mostrando desde hace veinte años es bastante consistente, en España y en muchos otros países.
No es el dinero, es el modelo
Dentro de dos semanas esto volverá a ser la parte central de cualquier conversación sobre el tema; pero, esta vez, algo hemos avanzado, al menos en el corto plazo. Porque lo más normal en cada edición de PISA es que los malos resultados fueran asociados a la falta de inversión, los recortes, el número de alumnos por aula o cualquier otra cuestión presupuestaria. En España, cada vez que se habla de educación, lo primero es mirar a los PGE y a cuánto nos gastamos. Y no, el principal problema no está ahí.
Cualquier mirada a los resultados ya indica que el gasto por alumno es una cuestión secundaria. Por supuesto, hay unos mínimos (que todos los países desarrollados alcanzan); pero, a partir de ese punto, lo que importa es en qué te lo gastes. Así, muchos de los países con mejores notas (Estonia, Polonia, varios de los asiáticos) están en la media o incluso por debajo en gasto por alumno. Enfrente, hay otros de elevada renta per cápita (Noruega, Luxemburgo) que tienen resultados más bien pobres.
No tenemos ni siquiera que irnos al extranjero. En España tenemos un campo de pruebas muy bueno, porque cada autonomía tiene las competencias en educación. Por eso los resultados del País Vasco y Madrid (las dos regiones de las que más se ha hablado estos días) son tan significativos: una es la que más gasta por alumno, a la otra la acusan siempre de infrafinanciar la educación o estar arrasando los servicios públicos. De nuevo, de la realidad al discurso hay un enorme trecho:
País Vasco y Navarra. En un país normal sus notas en PISA desatarían una tormenta política descomunal. En España, intuimos que en unas semanas ya nadie hablará de esto.
Decíamos antes que el dinero es un factor poco relevante. Pero esto no es del todo cierto. Sí lo es en cuanto al gasto público (a partir de un mínimo, repetimos) pero no tanto en cuanto a las condiciones generales del país. En PISA y en cualquier otra métrica sobre educación, los alumnos de los países y regiones más ricos, con más porcentaje padres-madres con educación superior, suelen sacar mejores notas. Es lógico. Digamos que esos jóvenes tienen un punto de partida de cierta ventaja.
En España, esa lógica casi se invierte. Las tres regiones más ricas y con familias con un nivel socio-económico-cultural más alto son Madrid, País Vasco y Navarra (de lo de Cataluña y la manipulación de la prueba, ni hablamos). Pues bien, en los resultados, mientras que Madrid es la primera, las otras dos se hunden al fondo de la clasificación. Así, Navarra, que era una de las del grupo de cabeza hace apenas diez años, ahora está en la media o por debajo. Y el País Vasco es la que peor lo hace en lectura y la penúltima en Ciencias. Es decir, no sólo no lo hacen un poco mejor que las regiones más pobres (sería lo normal si sus sistemas educativos fueran de similar calidad), sino que lo hace mucho peor. ¿Razones? Pues todos intuimos un sistema educativo hiperideologizado y tomado por el nacionalismo, con la imposición del euskera como bandera. ¿Que tu obsesión político-identitaria está destrozando el futuro de tus jóvenes, en especial de los de familias de menos ingresos que no pueden acudir a la concertada o privada? Bueno, víctimas colaterales en la construcción de la arcadia tribal.
Madrid. Frente a los resultados de País Vasco y Navarra, destaca Madrid. En Educación, como en Sanidad, la región no sólo no es ese infierno privatizador y de destrucción del tejido público que nos pintan los medios de izquierda (muy callados en este tema en lo que hace referencia a Madrid en los últimos días), sino que es la menos mala de las comunidades españolas. Ni mucho menos sus notas en PISA son para tirar cohetes (mediocres o correctas sin más, según queramos ver el vaso medio vacío o medio lleno), como no lo son sus indicadores de la sanidad pública; pero, comparada con el resto, es un oasis de buena gestión. Y sí, el hecho de que consiga estos resultados con menos gasto (que es lo que siempre se le achaca, los recortes) es otro elemento positivo: ser el mejor, aunque sea sólo el menos malo, gastando menos que los demás, es síntoma de eficiencia.
¿Y qué modelo?
Pues olvidémonos de los detalles. Porque siempre discutimos sobre los temas menores (que si pantallas en las clases o no, que si más o menos porcentaje de alumnos en escuelas públicas o privadas, que si reducir el tamaño de los grupos…) y olvidamos lo sustancial.
Los sistemas que funcionan comparten dos cosas: exigencia y competencia. Es decir, se intenta igualar por arriba, con la búsqueda de la excelencia y se aprieta a los alumnos para que lo logren (importante: al hacerlo, se les manda el mensaje de que se confía en que podrán llegar hasta donde se les pide). Y se premia a los profesores y a los alumnos que mejor lo hacen, que compiten entre sí por ser cada vez mejores.
Cómo lo hace cada país. Ahí sí puede haber particularidades. Los asiáticos, por ejemplo, generan la competencia entre los alumnos desde arriba, con unas universidades muy exigentes en su acceso; otros lo hacen con sistemas encubiertos de cheque escolar (las escuelas públicas y privadas tienen cierta libertad decidir sobre temas curriculares y organizativas, y a cambio reciben su financiación según los alumnos que atraigan); otros tienen potentes exámenes universales y con consecuencias en función de los resultados (para alumnos y maestros); y los hay que diseñan carreras profesionales exigentes y prestigiosas para sus profesores (con rendición de cuentas, por supuesto). Pero lo fundamental está presente en todos: niños y mayores saben que su futuro depende en parte de su esfuerzo.
En este sentido, me imagino que la nueva moda será mirar a Inglaterra. Un país que lo está haciendo mal en tantos otros temas (por ejemplo, con un desempeño económico más que mejorable), pero que en PISA lo ha hecho bastante bien en la última década (al menos, en comparación con los demás y, sobre todo, en comparación con sus vecinos escoceses). Y servirá para reivindicar el modelo viejuno que se puso en marcha en 2011: más lectura, matemáticas, disciplina, exámenes… No seré yo el que cuestione el sistema tradicional (que es el que más me gusta), pero creo que también perderíamos el centro del debate si nos fijamos sólo en el detalle de estudiantes leyendo a los clásicos con 15 años. Sí, eso también es importante. Pero la clave es que ese modelo tradicional es otra forma de desarrollar lo fundamental: exigencia y competencia.
Pantallas
Pero no nos confundamos. Podemos tirar las pantallas a la basura y, si no cambiamos nada del punto anterior, las notas no mejorarán o lo harán de forma marginal. Algunos de los países que mejores resultados tienen en PISA (de Estonia a los asiáticos) también son algunas de las sociedades más digitalizadas del planeta. Hace cinco años no había IA y hace 10 no había TikTok; pero las notas de España ya daban pena. ¿Ahora van a peor? Sí, pero intuyo que aquí tenemos un candidato fácil a culpable del año para, entre otras cosas, no tocar lo otro, aquello en lo que habría que pisar muchos callos.
España va a empezar a pagar más por su deuda de manera inminente y lo va a hacer a unas magnitudes que harán que en los próximos años tenga que destinar más recursos presupuestarios públicos a cumplir con sus acreedores que a mantener operativa la red de hospitales del país. Una estimación difundida este miércoles por Funcas, el prestigioso think tank de la fundación de las cajas de ahorros, concluye que bajo las nuevas condiciones hacia las que oscila el mercado el gasto por intereses que tendrá que atender el Tesoro Español se disparará más de un 50%, desde los 40.300 millones de euros que supuso en 2025 hasta más de 60.000 millones que supondrá en 2030.
La magnitud de la escalada del gasto en intereses se aprecia de manera muy evidente si se observa el ‘sorpasso’ que significará sobre un capítulo tan crítico del gasto público como el coste de los servicios hospitalarios. Según la información oficial de distribución del gasto público por funciones del Ministerio de Hacienda, en 2024 -último dato disponible- el gasto en servicios hospitalarios de las administraciones públicas ascendió a 43.650 millones, tras incrementarse un 20% tras la pandemia. De evolucionar en los próximos años al ritmo acelerado que prevé la Airef, de alrededor de un 4,5% al año como consecuencia de la mayor demanda de servicios sanitarios por el envejecimiento de la población, a la altura de 2030 el coste para las administraciones públicas de la red hospitalaria nacional alcanzaría los 56.843 millones, una cifra inferior sin embargo a los 60.600 millones que Funcas entiende que las arcas públicas tendrán que abonar en intereses de la deuda en ese año.
Otras cifras ilustran la magnitud de lo que va a ocurrir con los intereses en España y el coste de oportunidad que va a suponer. Esos 20.000 millones más que España va a pagar por su deuda de aquí a 2030 equivale al gasto anual en personal de la Administración del Estado o a una nómina mensual de las pensiones, y supera con mucho el gasto en inversión productiva que se necesitaría para equiparar el esfuerzo inversor de España al de los países más punteros de su entorno.
La Airef ya advirtió en su día de los riesgos que se escondían tras el remoloneo del Gobierno a la hora de reducir la deuda en un contexto de elevados ingresos fiscales, principalmente al detraer recursos presupuestarios para otras políticas en un contexto de incremento exponencial del gasto en pensiones, de mayor demanda de servicios sanitarios y sociales y de presión internacional para incrementar el gasto en defensa. Funcas subraya este flanco. «Lo que está en juego es un cambio de paradigma de la política macroeconómica, por el estrechamiento de margen de maniobra de los Estados, una situación que, además, coincide con necesidades crecientes de inversión y de respuesta a todo tipo de shocks», advierte la nota, que recurre al ejemplo de Francia para recordar «el coste que supone posponer los dilemas».
Si hay una recomendación de política económica que se ha formulado al Gobierno de España en los últimos años y que ha sido sistemáticamente ignorada ha sido la de acelerar la reducción de la deuda pública. La pandemia disparó el endeudamiento público hasta el techo histórico del 120% del PIB, un nivel que no se veía desde que el Tesoro español tuvo que sufragar los dispendios por las guerras de Cuba y Filipinas, y con este la inquietud de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la Comisión Europea, el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional sobre el flanco de vulnerabilidad que semejante volumen de deuda suponía para el Reino de España. No ayudó a calmar esa inquietud la acusada inclinación al gasto público del gobierno de coalición de las izquierdas presidido por Pedro Sánchez, que pese a disfrutar del mayor caudal de ingresos fiscales de la historia de España ha tendido a arrastrar los pies a la hora de reducir la deuda pública, que aún hoy se sitúa por encima de los niveles en que estaba en 2019.
El robusto crecimiento económico de los últimos años, alimentado además por una inflación que ha contribuido a reducir la ratio de deuda sobre PIB pese al incremento del gasto público, y los problemas de endeudamiento de otros pares como Francia o Italia han servido durante estos años de coartada para un Gobierno que ha presumido de reducir el endeudamiento sin necesidad de ajustes ni recortes. Pero la era de financiación barata, gracias a unos tipos de interés históricamente bajos y a una situación económica relativa mejor que otras grandes economías del euro, de la que se ha beneficiado el Tesoro Español hasta ahora parece tocar a su fin y el panorama que se perfila hacia adelante empieza a ser inquietante.
ELa estimación de Funcas parte de la premisa de que este encarecimiento de la deuda es estructural y que no responde solo al actual episodio de inflación, y a la subida transitoria de los tipos de interés que puede acarrear, sino a otras corrientes más de fondo como la desconfianza de los inversores ante las dificultades de los países para poner sus cuentas en orden, con otros factores rondando como la saturación de los mercados de deuda por las necesidades de financiación del despliegue de la IA.
Fuente: España gastará en 2030 más en pagar los intereses de la deuda que en hospitales
SANIDAD PUBLICA
Economía y Hacienda desmontan el Estatuto Marco de Mónica García con los médicos en pie de guerra
España gastará en 2030 más en pagar los intereses de la deuda que en hospitales
El fin de la era de la financiación barata disparará un 50% el gasto en intereses en los próximos cinco años, según Funcas, y obligará a destinar 60.000 millones de euros a este concepto
El próximo 28 de octubre hay convocada una huelga indefinida.
Los ministerios de Economía y Hacienda dirigidos por Carlos Cuerpo y Arcadi España han asestado un duro varapalo al proyecto estrella de la ministra de Sanidad, Mónica García: el Estatuto Marco, por el que los médicos irán a la huelga indefinida a partir del mes de octubre. Los informes realizados por ambos departamentos a finales de junio dejaban al descubierto que el proyecto no incluía siquiera una «estimación del impacto presupuestario».
Especialmente duro, el de Hacienda, que pedía «identificar la financiación que aportará el Estado para compensar a las Comunidades Autónomas», un «estudio aproximado sobre los gastos de personal y el impacto presupuestario», recalcando que «es preciso que se aporte una estimación de su coste». Incluso cuestionaba la negativa de Sanidad a no presentar memoria económica ni recursos humanos sobre la medida.
Señalaba, además, como «previsible» la «necesidad de modificaciones presupuestarias», por lo que consideraba «adecuado» que el Ministerio de Sanidad haga la estimación y los cálculos de esos costes. Ante estos reproches, Sanidad incorporó en agosto una breve memoria económica, pero que no recoge el impacto económico de la nueva escala salarial ni de la jornada de 35 horas, y que calcula un gasto de 1.892,5 millones hasta 2031.
Además de carecer de memoria económica completa, el Estatuto no va acompañado de un informe del Consejo de Estado, ni un informe jurídico y técnico. Se ha realizado de manera unilateral, sin coordinación con los ministerios económicos y de la Seguridad Social, a pesar de que les afecta de lleno, ni las comunidades o los médicos.
«Es una chapuza», traslada Víctor Pradera, el secretario de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, a Libertad Digital. Este sindicato, junto con otra decena de asociaciones, ha convocado una huelga indefinida para el próximo 28 de octubre. Es la primera vez en la historia española que ocurre una coordinación y convocatoria de este tipo que va a afectar a todo el territorio español.
Los médicos piden «tener voz» en un Estatuto que no ha tenido en cuenta su opinión y sus reivindicaciones. Entre otras, la «falsedad» de una jornada de 35 horas semanales, anunciada a bombo y platillo, pero que recoge una «trampa» para los médicos, ya que la cláusula de servicios especiales permite ampliarla hasta las 45 o más de 90 en casos excepcionales.
Un tratamiento diferencial con respecto al resto de profesiones sanitarias que no tiene compensación económica, ya que se equipara a «todos los graduados», es decir, médicos y enfermeros, pese a la diferencia de formación y de responsabilidad que existe.
Desde el sindicato Amyts, su secretaria general, Ángela Hernández, nos explica que es necesario «fidelizar a los médicos» en el sector público, para evitar que se marchen al extranjero y al sector privado, como ocurre ahora. Entre otras desventajas, la jornada complementaria no computa ahora para la jubilación, se paga menos que una hora ordinaria y es obligatoria hasta los 55 años.
Reivindicaciones, todas ellas, que no han sido atendidas por la ministra Mónica García. «El sistema de salud pública, tal y como lo conocemos, está en riesgo, tanto en calidad como en viabilidad», advierten ambos. «Vamos a tener un serio problema, faltan facultativos de todo tipo en hospitales comarcales, médicos de familia, pediatras…» explican a este periódico.
La huelga, admiten, empeorará las listas de espera y la atención a los pacientes, pero aseguran verse forzados a esta situación para que la ministra les escuche y negocie directamente con los médicos su estatus, diluido ahora entre las condiciones de todos los profesionales del sector sanitario.
