El poder sin ‘autoritas’ ni responsabilidad
«Tal es la falta de autoritas, que estamos ante un Gobierno sin credibilidad, que no tiene capacidad de gestión ni de explicación plausible y coherente»
Decían los clásicos que el poder político tenía que estar subordinado a un orden ético Que la autoridad legítima no emana de la fuerza, sino del conocimiento superior. Que el poder no pertenece a un individuo, sino al orden constitucional. En el fondo, afirmaban, ya en aquellos tiempos, que la autoridad legítima se distingue de la tiranía porque se ejerce en beneficio del bien común y respetando las leyes de la comunidad.
Se distingue entre poder, que otorga fuerza, y autoritas, que confiere legitimidad. Distinción que es importante, sobre todo, a partir de los siglos XVII-XVIII, cuando la autoridad deja de justificarse mediante lo que se consideraba de orden divino y derivamos hacia lo que ha sido el llamado pacto social. No estamos, pues, en una etapa histórica en la que el orden se justifique por el miedo o la obediencia ciega, sino que tiene que provenir de una relación de confianza entre quienes detentan el poder y los destinatarios del mismo.
Pero todo ello ha de estar presidido por una fuerza coercitiva en la que los ciudadanos no entreguen al albur sus derechos al gobernante, sino que se los cedan bajo custodia para protegerlos y garantizarlos, porque sin el poder del Estado, los pactos solo son palabras escritas que puede que no tengan ninguna eficacia. En tal contexto, hoy en día, la medida formal de la aquiescencia solo puede hallarse en una mayoría electoral obtenida mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; aunque ello no es suficiente, porque el número es solo forma. Hoy, además del número, además del necesario apoyo numérico, el poder precisa de autoritas, precisa de legitimidad, derivada de un sistema jurídico que tenga suficiente calidad Por eso, si el gobernante abusa del poder y no se cuenta con jueces imparciales para resolver las disputas, el pueblo puede ejercitar el derecho de resistencia con a única y exclusiva finalidad de restablecer el orden constitucional violado.
Ahí es donde reside la autoritas: los individuos forman una comunidad política en la que se obedecen a sí mismos a través de la voluntad general por ellos generada, donde las leyes solo son válidas si garantizan el bien común de la comunidad, tal como se expresa en la sociología clásica. Actualmente se requiere, además, que los gobernados crean que el mandato es legítimo, es decir, que no hay poder sin autoritas. No se puede ejercer el poder, la dominación, sin autoritas, por lo que ni la dominación de clase justifica en sí la autoridad del poder que pueda ejercer, ya que deriva en una ideología que enmascara una opresión de clase. Y quien habla de opresión de clase, habla también de opresión de partido o de grupo gobernante, que hoy en día el concepto de clase está más que desdibujado, no solo en Occidente.
¿Puede, pues, ejercer un poder legítimo el gobernante que basa su poder en una mayoría numérica obtenida sin finalidad de formar una voluntad general que no implique la dominación de una parte de la sociedad sobre otra? Evidentemente, si eso sucede, el ejercicio del poder se realiza sin autoritas, pues se pretende situar al margen del mismo al adversario político, dificultando artificiosamente la normal alternancia en democracia. «Socialdemocracia o barbarie», afirman, como si tuvieran la patente y pudieran otorgar franquicias a conveniencia. Pero esto no es lo peor. Lo peor es cuando se pretende justificar tal anomalía en una pretendida verdad que no es más que la imposición, mediante cualquier subterfugio legal o propio de leguleyos, de una visión social de parte que niega la legitimidad al conjunto. Como se realiza cuando se pretenden levantar muros ideológicos que consideran que solo los de un lado del muro tienen «la verdad» y todo lo cifran en impedir que otros que no sean los propios detenten no la autoritas, que no saben lo que es, sino el control de las instituciones. Es decir, que lo que pretenden con la construcción de su muro es ejercer el poder por el poder.
¿Podemos afirmar que tiene autoritas un Gobierno que es incapaz de contar con presupuestos durante prácticamente toda una legislatura? La dejación de funciones constitucionales origina en tal caso dificultades amplificadas a la prestación de los servicios públicos, especialmente en circunstancias de crisis. Sí, además, a ello se añade que la crisis sea poliédrica, multidimensional, compleja de gestionar, en la que funcionarios, sanitarios, fuerzas de seguridad y militares, los primeros llamados operativamente a hacerle frente, no dispongan de los medios necesarios para afrontar la situación, desciende todavía más el nivel de autoritas con el que los gobernantes obsequian a la ciudadanía. Al respecto, cuando he sabido que a las patrullas militares desplegadas en Ceuta solo les autorizan un fusil para cada 4 o 5 componentes, me he acordado de lo que me explicó un soldado del Frente Polisario en una de las visitas que hice a los campos de refugiados de Tinduf allá por los ochenta: me dijo que cuando Marruecos les bombardeaba con napalm, en su penoso éxodo hacia Argelia, solo disponían de un fusil para cada cinco o seis guerrilleros y que era necesario salvaguardarlo incluso pagando con la vida.
Y qué decir de e los jueces y fiscales, que no pueden hacer frente a la avalancha de casos en los que tienen que intervenir, ya sea por delitos que tienen que investigar, o por situaciones administrativas
¿Puede considerarse que tiene autoritas un Gobierno que, en los últimos años, ha cifrado su política exterior en enfrentarse con los «aliados naturales», es decir, las denominadas democracias occidentales, para pasar a conformar alianzas con quienes ni responden a principios democráticos ni respetan los derechos humanos? Poca autoritas reviste un tal Gobierno. Que elude al Parlamento al cual se debe, y cae en una falta de credibilidad tanto mayor cuanto más se esfuerza en desgranar pretendidos argumentos que a nadie, ni a sus propios compañeros de coalición gubernamental o apoyo parlamentario, convencen ymás que sorprender, lo que origina es una sonrisa de condescendencia (otra vez con el «relato» que ya nadie cree).
¿Tiene autoritas un Gobierno que no sabemos si se entera de los informes que elaboran los servicios de inteligencia, que se contradice sobre su emisión y contenido, que declara una «situación de interés para la seguridad nacional» y parece que no sabe qué hacer con ella? Mucha menos autoritas tiene ese Gobierno cuando su presidente pretende hacernos creer un «relato» que los hechos desmonta, Tal es la falta de autoritas, que estamos ante un Gobierno sin credibilidad, que no tiene capacidad de gestión ni de explicación plausible y coherente
¿Consideraremos con autoritas a un Gobierno cuyo presidente parece buscar más la confrontación con la Corona que aunar voluntades y generar consensos mientras nos va alejando de esa Europa en la que tanto nos costó integrarnos? Si a la guerra híbrida de origen exterior añadimos la intención cada vez más descarada de provocar la desafección ciudadana con la monarquía parlamentaria, con los valores que la sustentan en democracia y con el sistema constitucional del que trabajosamente nos dotamos en 1978, generando además cada vez mayor distancia con los Estados miembros de la UE, se percibe claramente que la autoritas que debería presidir nuestra vida política va disminuyendo sistémicamente. Y, ¿qué hacemos ante un Gobierno sin autoritas? Evidentemente, podrá mantenerse en el poder. Pero sin autoritas su legitimidad se está disolviendo como un azucarillo en un vaso de agua.
Fuente: El poder y la ‘autoritas’, por Teresa Freixes
Sánchez y la estrategia del caos La rentabilización del desorden El poder siempre ocupa el vacío
«No necesita haber provocado el desorden para aprovecharlo. Le basta con convertir cada sobresalto en una distracción y cada control institucional en un estorbo»
«El presidente vive fuera de la realidad, como un emperador decadente. Aunque siempre queda la duda de si ese estado de enajenación es fingido»
El presidente no cambia: comparece con cara de que él pasaba por ahí, muestra una desoladora falta de empatía y trata de despertar conmiseración: no ha comido y son las cinco, no ha descansado, lo persiguen jueces, fiscales, periodistas y conspiradores judeo-fachas por ser guapo y progresista.
Con todos los dramas ha seguido la misma pauta. Y aunque ya estamos vacunados, el espectáculo no deja de resultar obsceno.
El Gobierno no es el culpable por no haber actuado antes, la culpa es de Ceuta por estar donde está. Estáis mal ubicados, ¡se siente!. Hemos pasado de un ataque «a la integridad territorial», como él mismo dijo, a un simple «movimiento de personas migrantes en busca de una vida mejor».
«El Gobierno no es el culpable por no haber actuado antes, la culpa es de Ceuta por estar donde está»
Sánchez parece vivir fuera de la realidad, como un emperador decadente. Aunque siempre queda la duda de si este estado de enajenación es fingido. Es más, tiendo a pensar que juega algo más que su inoperancia y su proverbial cobardía.
Sánchez deja a que la situación se pudra. Los servicios públicos reventados, la economía destruida, los niños sin clase, las playas intransitables, los delitos disparados.
La imputación de su mujer, Begoña Gómez, dio paso a los cinco días en los que fraguó la guerra sin cuartel contra el poder judicial y la prensa
«Mascarillas, Plus Ultra, Zapatero, hidrocarburos, financiación del PSOE, cloacas… Las tramas que asedian Moncloa se fusionan a medida que avanza la investigación»
Llamar caos a lo que sucede en España puede parecer exagerado. Quizá desorden sería una palabra más prudente. Pero ¿qué es el caos sino la desaparición de un orden que permita un mínimo de certidumbre? No hace falta un país sumido en la anarquía. Basta con que la frontera pueda desmoronarse, los trenes dejen de funcionar, el sistema eléctrico caiga, las administraciones se conviertan en estatuas de sal ante una catástrofe y el Gobierno responda con propaganda, acusaciones o silencio. El caos comienza cuando nadie sabe ya si lo que funcionaba ayer seguirá funcionando mañana.
Pedro Sánchez no ha concebido estas calamidadesM Atribuirle un plan maestro sería concederle una capacidad de planificación de la que carece. Sánchez no es un constructor de regímenes políticos. Es un superviviente nato, hábil ante el obstáculo del momento e indiferente a los daños que deja detrás. Su caos tiene mucho más de incompetencia y oportunismo que de conspiración. Pero la necesidad hace la virtud, y un gobernante acorralado puede descubrir que el desorden también ofrece grandes oportunidades.
Algunos piensan que el deterioro de la autoridad abrirá una nueva era de mayor libertad individual. Otros creen, por el contrario, que conducirá a la anarquía social. Pero el vacío dejado por la autoridad será llenado por un ascenso irresistible del Poder. La autoridad descansa en el reconocimiento; el Poder crece cuando ese reconocimiento se desintegra. La teoría política lleva siglos describiendo este proceso cuando la vida se vuelve imprevisible, los hombres entregan su libertad a quien promete seguridad. Cuando desaparece la normalidad, ya no gobierna la norma, sino quien decide qué debe considerarse normal la excepción puede dejar de ser coyuntural y convertirse en una forma permanente de gobierno. El miedo reclama orden, la emergencia elimina los límites y lo provisional acaba siendo permanente. El poder aprende rápido que gobierna mejor cuando la sociedad se siente en peligro.
Es importante entender correctamente ese proceso en el caso de Sánchez. Porque él no comparecerá para pedir solemnemente más poder usando la coartada del caos. Nunca actúa así. El estilo de Pedro Sanchez es fragmentario: una excepción por aquí, un decreto por allá, una institución neutralizada, una sentencia deslegitimada, la mayoría parlamentaria sustituida por una aritmética que neutraliza la función de las cámaras, una arbitrariedad presentada como solución de emergencia. Para un oportunista como Sánchez n0 consiste en fabricar el caos, sino en explotar el miedo que provoca: identificar la continuidad del poder con la estabilidad.
los derechos no son una concesión del gobernante, sino los límites que justifican su existencia. De ahí nacen el pluralismo, la alternancia pacífica de los gobiernos y la ley por encima de todos, incluido quien manda. La disidencia, la separación de poderes y la existencia de una oposición no son garantías; son amenazas de división y caos..
La pandemia dejó el primer gran precedente. La negación inicial y el retraso en reaccionar contribuyeron de forma decisiva a que España llegara tarde y mal a una crisis anunciada. Después llegó la confusión: datos incompatibles, compras de emergencia, órdenes contradictorias y administraciones incapaces siquiera de contabilizar los fallecidos.
Cuando el descontrol se hizo evidente, llegó el confinamiento masivo. Más allá de su discutible utilidad, el encierro convirtió la incompetencia en una exhibición de mando. Incapaz de controlar el virus, Sánchez optó por controlar a las personas. La lección quedó ahí: el caos, amplificado por el propio Gobierno, sirvió para justificar el abuso de poder.
El gran apagón volvió a mostrar la fragilidad del orden más elemental. España y buena parte de Portugal quedaron a oscuras por una cadena de fallos que el informe técnico europeo vinculó a deficiencias en el control de tensión y a una cascada catastrófica de desconexiones. Durante horas, millones de personas comprobaron que el país podía apagarse de golpe. El Gobierno no pudo impedir el colapso, pero se reservó la potestad de administrar su significado.
Paiporta mostró algo más brutal. La desidia en las obras hidráulicas y el acondicionamiento de cauces, sumada a la falta de planes y medios para prevenir un fenómeno nada inusual, desembocó en tragedia. Consumada la catástrofe, el caos se hizo evidente cuando el Estado no compareció. Después, aquella ausencia se convirtió en coartada: Moncloa desplazó el foco hacia la Generalitat y transformó la catástrofe en una disputa competencial. El Gobierno no compareció como Estado, pero sí como fiscal.
La red ferroviaria también llevaba tiempo enviando señales: averías, retrasos, limitaciones de velocidad y deterioro cotidiano. Adamuz fue el desenlace. La defensa de Óscar Puente y del Gobierno consistió en separar la causa técnica del siniestro de la gestión política. Mientras la primera continuara bajo investigación, toda pregunta sobre la segunda podía presentarse como interesada; y toda crítica, como desinformación. La cautela técnica se convirtió así en un escudo. La investigación no abrió el debate: el Gobierno la utilizó para clausurarlo.
Ahora Ceuta. Los servicios de inteligencia habían advertido del peligro, pero la frontera se vino abajo y decenas de miles de personas entraron en apenas unas horas. El Gobierno dio por amortizada la crisis porque la mayoría había regresado a Marruecos y desplazó el debate hacia los menores: quién los acogía, quién se resistía y quién merecía una condena moral. La caída de la frontera dejó de ser el asunto. Moncloa había conseguido transformar su incapacidad para asegurar las fronteras en un juicio contra sus adversarios.
No se trata siempre de conquistar nuevas competencias. Es más sutil: fracasar como gobierno y reafirmarse como Poder; perder el control de los hechos, pero conservar el de su significado; provocar o agravar el desorden y decidir después de qué debe hablar el país y a quién debe culpar.
Todo esto sucede cuando Sánchez afronta un horizonte cada vez más oscuro: causas judiciales que alcanzan a su familia, a antiguos hombres de confianza y al partido. No necesita haber provocado el caos para aprovecharlo. Le basta con convertir cada sobresalto en una distracción, cada urgencia en una excepción y cada control institucional en un estorbo. Tampoco necesita liquidar el régimen constitucional de 1978 con una proclamación solemne. Puede vaciarlo por distintas vías hasta que sus reglas ya no sirvan para limitar al Gobierno o hacer posible una alternancia normal.
«Un poder incapaz de ordenar el país, pero formidable para aprovechar las consecuencias de su propio desorden»
Esa es su versión del borrón y cuenta nueva: no levantar otro régimen, sino permanecer entre las ruinas del vigente. Un poder sin proyecto, pero con instinto; incapaz de ordenar el país, pero formidable a la hora de sortear y sobre todo aprovechar las consecuencias de su propio desorden.
Sánchez terminara cayendo. No porque la oposición sea especialmente eficaz, sino porque España conserva una cualidad que suele pasar inadvertida: es una nación muy vieja. Y las naciones viejas guardan reservas más allá del Estado. Lo demostraron los ciudadanos que acudieron a Paiporta cuando la Administración no llegaba. Esa trama social es la que impide aún que todo vacío sea ocupado por el poder.
Pero resistir no significa salir indemne. El final de la escapada de Sánchez dejará instituciones extremadamente débiles, servicios muy degradados y una sociedad mucho más descreída. El daño más grave será menos visible: la pérdida de credibilidad, autoridad y reconocimiento de unas instituciones que solo pueden existir mientras la mayoría crea en ellas. Ese capital democrático no regresará con un cambio de Gobierno y un simple reemplazo de nombres y siglas.
Restituir algún orden merecedor del calificativo democrático exigirá renunciar a la cultura política que derivó en pesadilla. Sánchez no cayó del cielo: es el producto más acabado de un modelo que usa y abusa de los votos para desnaturalizar la legitimidad de ejercicio y someter las instituciones. Si esa cultura sigue viva, el peligro no se extinguirá con Sánchez. Se mantendrá en el futuro. Entonces Sánchez no habrá sido una anomalía, sino la demostración de que nuestra democracia puede reproducirlo una y otra vez de maneras hoy inimaginables.
Fuente; Sánchez y la estrategia del caos, por Javier Benegas
La traición progresista
«Para los progresistas actuales, la ciudadanía y la plaza pública han sido sustituidas por una especie de comunión de minorías como base de su acción política»
¿Son los llamados «progresistas» actuales la evolución natural del socialismo democrático o el progresismo posmoderno no es más que los restos de peronismo iberoamericano, comunismo fracasado, identidades superpuestas, antisionismo y antiamericanismo? A ese maremágnum de «nadas» se les une también una porción fanática de la que consideran «la religión de los desheredados».
Esta pregunta han sido contestada con furia, ira y desprecio desde el progresismo actual. La misma furia con la que el comunismo de antaño descalificaba a los socialistas. En esa reacción hay un argumento poderoso pues una de las diferencias fundamentales entre el comunismo y los socialistas democráticos en el pasado, y hoy entre los progresistas y el resto (entre los que se encuentran tantos que fueron socialistas), es la concepción religiosa de las ideas, la seguridad de estar en la verdad total y absoluta.
Antes fueron la Historia y la Clase Trabajadora alrededor de las cuales intentaron conseguir una nueva sociedad, un hombre nuevo. Los comunistas de entonces eran los profetas del siglo XX, los que anunciaban el advenimiento de una sociedad nueva, una nueva epifanía para la humanidad. Era la fuerza del creyente, del fanático. Y como los socialistas liberales somos hijos de la razón, me siento tranquilo y seguro. Obtengo el mismo trato que les infligían a los socialistas democráticos los comunistas antaño. Y es justamente el reconocimiento de la libertad individual para dudar, discrepar y hasta para equivocarse lo que hoy también nos diferencia de forma sustantiva. Sigue siendo la libertad nuestro motor y, por desgracia, parece su enemigo.
Pero vayamos más allá. Los socialistas posteriores a las guerras mundiales hicieron de la ciudadanía el motor de su actividad política. La clase trabajadora era el objeto, pero no el sujeto; eran partidos que se preocupaban por los trabajadores, pero no exclusivamente el partido de los trabajadores. Hoy, para los progresistas actuales, la ciudadanía y la «plaza pública» han sido sustituidas por una especie de «comunión de minorías» o «agregación de identidades» como base de su acción política. Dicho de otro modo, han cambiado ciudadanía por identidades.
La política grande, con mayúsculas, se hace para el conjunto de la ciudadanía, donde las minorías son objeto de atención, pero no ocupan el protagonismo exclusivo. Siguiendo a E. Kennedy, diría: «Hay una diferencia entre ser un partido que defiende los derechos de las mujeres y ser el partido de las mujeres. Se debe preocuparse por los derechos de las minorías, pero no ser el partido de las minorías. Ante todo somos ciudadanos».
Que la comunión de identidades sustituya a la ciudadanía tiene consecuencias graves para la democracia Quiebra la plaza pública, dejan de existir denominadores comunes, intereses compartidos, zonas de entendimiento. Aparecen grupúsculos de interés que se convierten en buscadores influyentes, por su capacidad de presión institucional, de rentas casi exclusivamente públicas. El objeto en las democracias social es el ascensor social y el instrumento, el diálogo, mientras en el progresismo actual es la derrota del disidente infiel y el instrumento, el peligro del ostracismo político o «la muerte social». En las democracias occidentales, el que no piensa igual es el adversario. En el progresismo de hoy es el enemigo.
Otra consecuencia es que el Estado de Bienestar para los socialistas compromete a todos los ciudadanos, fomentando la responsabilidad individual y colectiva, protegiendo a todos y ofreciendo un mínimo común denominador con el esfuerzo previo de los ciudadanos. Para los progresistas, es principalmente la instancia a la que exigir «nuevos» derechos con tendencia a infinito. En este sentido, el Estado del bienestar se convierte en una especie de ONG universal que subsidia todo, fomentando la dependencia de los ciudadanos y la irresponsabilidad social. El caso español es paradigmático. Mientras se amplía esta política arbitraria basada en criterios ideológicos, las funciones más características del Estado de Bienestar, de las que depende la mayoría de la sociedad (sobre todo los más desfavorecidos), se deterioran. Llega la situación a degenerar tan intensamente que los pocos ascensores sociales existentes dejan de funcionar. La sanidad, la educación, las infraestructuras o los servicios sociales languidecen en una decadencia burocrática y crepuscular, mientras se subvencionan demandas de colectivos identitarios cada vez más pequeños y radicales.
A la transformación del Estado le antecede, en el credo progresista posmoderno, un desprecio total por la historia y, en consecuencia, un desconocimiento o relativización del concepto de nación, producto de ese pasado en común y base de un futuro compartido por la ciudadanía. En España, esa intrascendencia con la que contemplan a la nación es antigua y extensa. Rodríguez Zapatero ya hizo su aportación intelectual, dentro de sus capacidades, cuando dijo que «la nación era un concepto discutido y discutible». Posteriormente, se inventaron esa floritura, propia de la mala poesía, de «nación de naciones». umanitario.
Son feministas, ecologistas, proislamistas, partidarios del decrecimiento, turismofóbicos, antinucleares o de color antes que ciudadanos. Su lucha no nace de perseguir una ciudadanía plena. Se origina en la identidad de cada uno de sus integrantes, hasta el punto de que, para empoderar radicalmente las identidades, la identidad colectiva de la nación tiene que debilitarse.
Puede ser un progresista posmoderno, un comunista o un socialista, un verde o un islamista. Es interesante ver cómo el progresismo ha sido capaz de asumir sin contradicciones la visión radical y medieval de la religión y de la vida pública de los fundamentalistas de una religión, que hoy consideran de los desheredados con la Epifanía revolucionaria. La palabra absorbe hasta tal punto a los que esgrimen la bandera del progresismo que han terminado, por ejemplo, siendo más progresistas que socialistas. Los partidos de extrema izquierda, los comunistas entre ellos, tienen menos problemas en camuflarse en esa pantalla, porque el fin («la revolución de antaño») lo justifica todo. Siempre con la misma pasión y sin reparos, simplemente porque ellos conocen la «Verdad», están sin duda en el lado bueno de la Historia.
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El progresismo, en realidad acoge principalmente a quienes no creen en la democracia social pues les parece un corsé de «esas clases dominantes siniestras que mueven los hilo oscuros del verdadero poder En fin, la libertad individual y no la fe revolucionaria, la ciudadanía y no la identidad, el Estado de Bienestar como responsabilidad común y no una descontrolada ONG que padece elefantiasis, nos hacen sa menudo er poco progresistas.
Fuente: ¿Socialista y progresista? , por Nicolás Redondo
