Parece que en lugar de abordarse una reforma del sistema seria y duradera pero con coste electoral, lo que hace el Gobierno es hilvanar una sucesión de macro parches que garantice el voto de unos cuantos millones de pensionistas en los próximos comicios generales…y después ya se verá.
La última parte de la reforma de las pensiones se aprueba como Real Decreto-ley, con lo que no ha sido analizada por el Consejo de Estado, ni por la AIReF, ni por el Consejo Económico y Social (CES) ni se ha elevado a audiencia pública permitiendo aportaciones de ciudadanos, organismos, instituciones y expertos Sin embargo el ministro ha ofrecido en la Comisión del Pacto de Toledo a los grupos tramitar el Decreto tras su convalidación como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas, precisamente lo que se intentó evitar a toda costa con la reforma laboral
El Plan de Recuperación recoge que «la experiencia internacional muestra cómo las reformas duraderas y efectivas en el ámbito de las pensiones han de surgir del más amplio consenso», una actitud que ayer nuevamente fue criticada por los principales partidos de la oposición, e incluso por el PNV, socio natural del Gobierno
Como era de esperar las fuerzas de izquierdas han puesto en valor no solo la propuesta final del Gobierno, sin recortes en las pensiones a futuro, sino también la labor de negociación del equipo de José Luis Escrivá con la Comisión Europea para que avalara esta hoja de ruta. El ministro ha explicado que el examen de Bruselas ha sido “especialmente riguroso” y “minucioso” con España, ya que nuestro país ha sido el primero de otros muchos que incluye la reforma de su sistema de pensiones en el Plan Europeo para la Recuperación y, además, introducía un cambio de paradigma al que la Comisión no estaba acostumbrada.
Escrivá afirmó que con la reforma, el gasto en pensiones eludirá los años de máxima tensión financiera por culpa de la jubilación de los baby-boomers, entre 2030 y 2040, e incluso atravesará esa barrera para quedar a partir de 2050 por debajo del gasto actual –el 12,2% del PIB– y del gasto medio en pensiones de la Unión Europea, adelantó.
El titular de Seguridad Social también ha detallado que la reforma de pensiones supondrá que las cotizaciones sociales por hora trabajada suban 37 céntimos hasta 2050, hasta los 6,37 euros. Escrivá ha defendido con esas cifras el “impacto limitado” de las medidas recogidas en la reforma en las cotizaciones, “que se mantendrán por debajo de las de otros países europeos, manteniendo el nivel de competitividad de la economía española”. En total, el coste laboral por hora trabajada, donde entran cotizaciones, salarios y otros conceptos, pasaría de 23,4 euros a 23,8 euros, aún por debajo de los actuales 29,9 euros de Italia o los 33,8 euros de media de la zona euro.
También como era de esperar, PP, Ciudadanos y Vox han insistido en otra idea: no se creen los números del Gobierno y dicen que a pesar el aumento de las cotizaciones el sistema de pensiones será insostenible en los próximos años, para lo que se refieren a estudios recién publicados por gabinetes de estudios como Fedea y BBVA Research. Este último estima una destrucción de unos “200.000 empleos” como consecuencia de la norma, ha destacado el PP.
La creación de este puntual «bonoyayo» –porque de eso se trata– no tiene trampa ni cartón y al Gobierno hay que reconocerle el ataque de sinceridad que Bruselas ha acabado comprando y que pasa por el reconocimiento de que solo se puede mantener la prestación de unas pensiones adecuadas al «IPC» disparado y asimilando además el tsunami de Baby Boom, si se aumenta de manera proporcional la carga contributiva, cosa que Europa compra gustosamente, primero porque el aumento de la presión fiscal entra en su escala de valores y segundo por su justificada obsesión de que en España con este asunto acabe de una vez por todas haciéndose algo.
OTROS EFECTOS
Pensiones mínimas
Las pensiones mínimas irán de los 13.500 euros anuales hasta unos 16.500 euros al año en el año 2027, casi 1.180 euros al mes en catorce pagas. Las pensiones no contributivas también aumentarán alrededor de un 22%, desde casi 6.800 euros al año en la actualidad hasta casi 8.300 euros anuales en 2027, unos 593 euros al mes.
Los años para el cálculo de la pensión
Se establece una lenta senda de implantación de poder escoger la opción más beneficiosa entre seguir calculando la pensión con los últimos 25 años cotizados o escoger un nuevo sistema que terminará teniendo en cuenta los últimos 29 años cotizados, desechando los 24 peores meses de cotizaciones, esta senda durará doce años e irá aumentando 4 meses cada año a partir de 2027, por lo tanto, tampoco afectará en ninguna medida a quienes se jubilen en los próximos tres años y medio. De esta forma, por ejemplo, a la mitad de este periodo transitorio, en 2032, la base reguladora se podrá calcular con los últimos 324 meses cotizados (27 años) y de estos se podrá desechar un año completo (12 mensualidades) y así hasta completar la implantación de esta ampliación en 2038 cuando ya sí, la cuantía de la pensión de jubilación podrá determinarse con los últimos 348 meses de cotización (29 años) pudiendo restar de este periodo los 24 meses de peores cotizaciones, con lo que la base reguladora se determinará con los 324 meses cotizados previos a la fecha de la jubilación (27 años).
Lagunas de cotización
Se integrarán en dicha base de cálculo de la pensión los periodos más o menos intermitentes en los que el trabajador no ha cotizado (denominados lagunas de cotización). En este caso se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (cuatro años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49. Pero se añaden para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (esto es, el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (ampliándose esta cobertura de lagunas para las mujeres del cuatro a siete años).
Becarios
Aunque por el momento, no se conocen los detalles también se recoge la obligatoriedad de contabilizar retroactivamente los periodos de prácticas como parte de la vida laboral, lo que tendrá efectos de cara a la jubilación independientemente de si las prácticas son o no remuneradas. El Estado asumirá el 97% de las cotizaciones de estos estudiantes
