El Pacto de Toledo los propuso en sus recomendaciones
UGT augura que cada robot destruirá 6,4 empleos en 2030
La reforma de las pensiones que ultima el Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social en las próximas décadas parece olvidar una de las realidades que más afectará a esos futuros cotizantes: el impacto de la automatización, mediante robots o inteligencia artificial, en millones de puestos de trabajo.
La recomendación 19 bis del último informe de la Comisión del Pacto de Toledo se centraba en las consecuencias de la “aceleración e imparable proceso de digitalización de la economía” que está “transformando profundamente” el entorno productivo en tres pilares: la intensificación de la robotización, el desarrollo de la inteligencia artificial y el surgimiento de la economía de plataformas digitales.
El Ejecutivo solo actuó intensamente en el ámbito de este último apartado con la conocida como ‘Ley Rider’, que clarificaba que estos trabajadores lo eran por cuenta ajena y no autónomos, así como el papel de los algoritmos en el control de su actividad: ambas ideas ya planteadas en el texto aprobado por los parlamentarios que componen la Comisión.
Sin embargo, estos, alertaban también del peso de la automatización y abogaba por revisar el papel de las cotizaciones, que legalmente corresponden exclusivamente a trabajadores humanos.
“Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”, apunta el documento.
Para el Pacto de Toledo, la clave es “corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales en un contexto productivo y demográfico muy distinto al de las últimas décadas del siglo XX”, cuando el Pacto firmó su primer paquete de recomendaciones. A su juicio, abrir este debate “reforzaría la estructura financiera del sistema a través de la diversificación de las fuentes de ingresos del sistema, como un aspecto clave para garantizar su sostenibilidad económica y social”.
Pero la reforma de Escrivá ha apostado por una sostenibilidad del sistema sostenida exclusivamente sobre las cotizaciones, pese a las inyecciones milmillonarias de préstamos presupuestarios, es decir, financiados vía impuestos, recibidos por la Seguridad Social en los últimos años.
La idea es que bastará con destopar la contribución de los sueldos más elevados y, sobre todo, la parte de las cotizaciones que pagan las empresas (como si esto último no repercutiera en las nóminas de los trabajadores).
Sin embargo, el diseño de esta estrategia parece ignorar por completo el impacto del que alertaba el Pacto de Toledo. No son los únicos. UGT habla de una próxima “catástrofe social y laboral”. “El aumento de la robótica sin mediar remedios sociales, genera desempleo neto y precariza las condiciones de trabajo”, advierten desde el sindicato que, sin embargo, apoya el plan de Escrivá.
Según sus estimaciones UGT asegura que, en las últimas dos décadas, mientras el número de robots ha aumentado un 262%, el empleo solo en la industria ha descendido un 17%. Esto implica que por cada nuevo robot industrial se destruyen casi dos empleos (1,6), y auguran que el ritmo de destrucción se multiplicará por 4 en la próxima década: 6,4 empleos perdidos por robot en 2030.
Aunque el análisis de UGT pone el foco en la industria el impacto en otros sectores también es creciente, aunque su alcance depende de la rentabilidad de invertir en esta tecnología para automatizar tareas.
Pese a que el consenso de analistas lleva una década advirtiendo de que profesionales de ocupaciones elementales o que exigen fuerza física, como conductores, limpiadores, repartidores o agricultores serán los más amenazados, a la hora de la verdad, aú no se ha producido una explosión de la robotización de unas tareas que fueron declaradas incluso esenciales durante la pandemia.
El día del ChatBot
Pero el escenario cambia con la irrupción de los modelos de inteligencia artificial propiamente dicha (más allá de la mera combinación de algoritmos y Big Data) y que permite automatizar tareas consideradas “intelectuales” y de trabajadores más cualificados.
A diferencia de los robots industriales o de servicios, el coste de estos softwares es relativamente bajo y su rentabilidad muy alta. El problema que presentan no es solo que puedan sustituir completamente a profesionales humanos, sino que devalúen su trabajo, al automatizar tareas consideradas secundarias sin que se produzca una mejora de la productividad humana.
Herramientas como los ‘chatbots’ han hecho cobrar conciencia a millones de trabajadores de un escenario aún más incierto que se planteaba en 2020, cuando el Pacto de Toledo redactó su recomendación.
Todo ello pese a que la Seguridad Social utiliza ‘robots’ par automatizar tareas. El propio ministro José Luis Escrivá ha presumido del uso de robots software (RPA) para automatizar tareas operativas o de gestión del IMV. Según su departamento “esto ha permitido acelerar miles de horas de trabajo de empleados que han podido dedicarse a otras tareas de mayor valor añadido y ha disminuido la probabilidad de error humano”.
Aunque no ha reducido los problemas de gestión y atasco de tramitación de prestaciones que han golpeado a pensionistas y trabajadores en los últimos meses.
Bruselas no se decide
En cualquier caso, la cuestión principal sobre los robots e inteligencias artificiales ‘cotizantes’ es como hacerlo. Bruselas lleva varios años debatiéndolo, sin conclusiones claras. El foco se ha desplazado más a cuestiones como el uso “ético” de la IA o la gestión de datos por parte de las grandes compañías tecnológicas. Por no hablar de la fiscalidad de esos gigantes.
La clave es que imponer un impuesto a las empresas que fabriquen esta tecnología o las utilicen (ya que los robots, en realidad, no cotizan) podría tener el impacto adverso de ralentizar la investigación y la inversión en I+D+i y recortar la competitividad tecnológica del Viejo Continente frente a China y Estados Unidos. Contaría, evidentemente, con el rechazo troncal de las patronales.
En este sentido España, que sí se adelantó a la Comisión Europea con la aplicación de una ‘tasa Google’ a la tributación de los gigantes tecnológicos, y habla del incremento de cotizaciones e impuestos a las empresas como una fórmula para “redistribuir” riqueza, ha demostrado ser mucho más prudente con una cuestión que aún puede tardar varios años en concretarse en una propuesta para los 27.
Fuente: El Economista
