El gobierno de Pedro Sánchez sigue enfrascado en una irresponsable huida hacia adelante que, por descontado, se financia con cargo al bolsillo de los contribuyentes. Sánchez acumula ya cinco años de aumento continuado en el gasto público, con el consecuente deterioro de la posición económico-financiera de nuestro país.
– En 2017, el gasto público en España ascendía a 480.036 millones de euros, cifra equivalente al 41,3% del PIB. Sin embargo, la economía creció por encima de dicho umbral, de modo que el peso del gasto sobre el PIB se redujo al 42,5% del PIB con respecto a 2016. Aquel ejercicio fue el último que cerró al completo el gobierno del popular Mariano Rajoy.
– En 2018, los desembolsos de las Administraciones se elevaron hasta los 503.308 millones de euros, un monto equivalente al 41,8% del PIB. El ratio gasto/PIB se incrementó pasando del 41,3% de 2017 al 41,8% de 2018. Desde el 2 de junio de 2018 Sánchez es presidente del Gobierno tras una moción de censura a Rajoy.
– En 2019, los presupuestos experimentaron una nueva subida, situándose ahora en los 526.613 millones de euros. Se elevó el peso del gasto sobre el PIB del 41,8% al 42,3%. Este fue el primer ejercicio completo con Pedro Sánchez al mando del Ejecutivo español, ahora ya en coalición con Podemos.
– En 2020, los gastos experimentaron un fortísimo aumento, hasta alcanzar los 580.699 millones de euros. Esta cifra elevó el peso hasta el 51,8% del PIB, lo que supuso del gasto público un aumento de 9,5 puntos con respecto al 42,3% que se había alcanzado en 2019. El segundo mandato de Sánchez se inició en enero de 2020 y el estallido de la pandemia del covid-19 en marzo de ese mismo año fue el argumento empleado por su gobierno de coalición con Unidas Podemos para justificar esta explosión de gasto.
– En 2021, el gasto público en España creció hasta un total de 609.776 millones de euros. Esta cifra equivale a situar el ratio gasto/PIB en el 50,6%. Pese al decaimiento de las medidas sanitarias asociadas a la crisis del coronavirus, el tamaño del Estado siguió expandiéndose con fuerza en este cuarto año con Sánchez al mando del país.
En esencia, el periodo sanchista que va de 2018 a 2021 se ha saldado con una subida de gasto de 129.740 millones de euros con respecto al año 2017, último ejercicio de Rajoy. Dicho de otro modo: la Era Sánchez ha disparado el peso del Estado un escalofriante 23%, llevando el ratio gasto/PIB desde el 41,3% hasta el 50,6% del PIB.
Lo peor de todo es que el Ejecutivo para el presente ejercicio de 2022, el gobierno ha planteado un techo de gasto ligeramente superior al de 2021, mientras que para el próximo año, 2023, la Administración quiere que el gasto suba otro 1,1% más. De modo que, no contento con añadir 130.000 millones de gasto, Sánchez quiere y propicia nuevas subidas de los dispendios públicos.
No hay que olvidar que el incremento de gasto repercute en el aumento estructural del déficit de las cuentas públicas y, por lo tanto, en el aumento de la deuda que ya no va a ser regalada por el BCE y, en consecuencia, aumentará la partida de los intereses de dicha deuda: cada vez tenemos más deuda y, además, más cara.
Gastar lo que no se tiene
El techo de gasto es la cifra que fija el límite de gasto no financiero que pueden hacer el conjunto de las Administraciones en un año y que sirve de referencia para los presupuestos generales del Estado. Los gastos financieros excluidos de ese techo de gasto son los gastos destinados al pago de deuda, créditos o intereses. En resumen, es el gasto máximo que pueden llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas
Para llegar al techo de gasto total, al techo de gasto homogéneo, el que permite calcular el ejercicio actual con anteriores, se suman las transferencias extraordinarias a Comunidades Autónomas o a la Seguridad Social y los fondos europeos que se reciban este año.
Es decir, una vez que el ministerio de Hacienda dispone de una previsión de los ingresos con los que contará con la recaudación de impuestos y tasas y otras vías de obtención de recursos, hará una estimación de cuánto pueden gastar las administración teniendo en cuenta el objetivo o referencia de déficit que exista, es decir el desfase entre los gastos y los ingresos. En los Presupuestos de 2021 y hasta 2026, además de los ingresos procedentes de los impuestos o ventas de activos, una parte muy importante estará formada por los fondos europeos.
Para calcularlo, en un primer paso se obtiene un gasto no financiero teórico resultado de sumar el déficit permitido por el objetivo a cumplir -en el 2022 es del 5%- más los ingresos previstos. Una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad, por ejemplo en el caso del 2022, se espera que los ingresos tributarios aumenten un 4,6%. Luego, el gasto teórico obtenido se convierte en gasto presupuestario.
El límite de gasto no financiero se calcula, con carácter general, en el segundo trimestre del año y, en cualquier caso antes de 1 de agosto, de cara a la elaboración del presupuesto del año siguiente y con el techo fijado se pueden repartir el cumplimiento del déficit entre las distintas administraciones. Por ejemplo para el 2022 el 5% se reparte en 3,9% para la Administración Central, 0,6% para las autonomías, el 0% para las corporaciones locales y el 0,5% para la Seguridad Social.
El Gobierno se felicita de que el techo de gasto no financiero para 2023 vuelve a marcar otro récord, con 198.221 millones de euros, con un crecimiento del 1,1% sobre el ya abultado gasto del año anterior, equivalente a 2.079 millones de euros. Es más, si se descuenta el gasto de los fondos europeos, el techo de gasto es de 173.065 millones de euros, un 1,9% y 3.278 millones de euros más que el ejercicio anterior. Es decir, crece más el gasto que no cuenta con financiación europea, con lo que el desequilibrio es todavía mayor, ya que el financiado con fondos europeos es neutro desde el punto de vista del saldo presupuestario.
Es tal obsesión del Gobierno por incrementar el gasto que desde 2019, año previo a la pandemia, lo ha aumentado en 48.001 millones de euros (comparado con el techo de gasto de 2023 que no incluye los fondos europeos, para que sea homogénea la comparación).
En definitiva, el Gobierno agrava los desequilibrios de la economía española al aplicar más gasto, más déficit, más deuda y más impuestos.
