En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se ha decididosubir un 0,9% el salario de los empleados públicos, al tiempo que aumenta el número de oferta de empleo público y, con todo ello, sube un 4% la previsión de gasto de capítulo I (gasto de personal).
Paralelamente, también proponeincrementar las pensiones un 0,9%, volviendo a ligarlas a la inflación.
Adicionalmente, como se disminuye el crecimiento de la economía, las prestaciones por desempleo constituyen otra losa sobre el gasto público.
Según la última EPA en el último año ha descendido el empleo en el sector privado en 805.900 empleos y ha aumentado el empleo público en 108.500 puestos de trabajo.
De esa manera, ahora mismo tenemos 3.337.100 empleados públicos, 8.861.002 pensionistas y 2.942.301 prestaciones por desempleo. Si a ello le unimos las prestaciones por Ingreso Mínimo Vital, que llegará a más de 800.000 familias, tal y como prevé el Gobierno, los gastos públicos se acrecientan.
Frente a los 15.839.800 ocupados que hay en el sector privado, hay un número similar de personas pagadas con fondos públicos, que son 15.140.403.
Puede que esto nos conduzca a acentuar la destrucción del tejido productivo y, con ello, de millones de puestos de trabajo, convirtiendo a nuestra sociedad en un ente subvencionado, incapaz de prosperar.
