LA COBARDÍA DE LOS POLÍTICOS CON LAS PENSIONES

El gobierno ultima un nuevo recorte de las pensiones. Tras negarlo durante todo su mandato, el ministro José Luis Escrivá ha reconocido que prepara un cambio en las reglas de cálculo empleadas para estimar la pensión que reciben los trabajadores en el momento de jubilarse. Si hasta ahora eran veinticinco años de cotizaciones los que se tomaban como referencia, en adelante serán treinta los que servirán como base de la estimación, aunque desechando los 24 meses con peores cotizaciones en ese periodo, lo que supone, según el Banco de España, un recorte del 4,5% en las pensiones futuras, de acuerdo con los cálculos del servicio de estudios del Banco de España, lo que se traducirá en un tijeretazo medio de 800 euros.

 

Si España tuviese niveles de ocupación más altos, la carga de financiar la Seguridad Social estaría mejor repartida. Sin embargo, como nuestro paro duplica la media observada en Europa y la OCDE, la “cuña fiscal” que soportan los trabajadores es mucho mayor. Esto induce, a su vez, un círculo vicioso: como la ocupación es baja y el porcentaje de población jubilada crece de forma acelerada, cada vez hace falta subir más las cotizaciones para mantener el sistema, lo que a su vez encarece la creación de empleo, complicando más aún las contrataciones que podrían ayudar a cerrar la brecha de la Seguridad Social.  La “cuña fiscal” (es decir, la suma del IRPF y las cotizaciones sociales) asciende al 39,3% en España, frente al 34,6% en la OCDE.

 

 

Si analizamos solamente el peso específico de las cotizaciones que corren a cargo de trabajador y empresa, encontramos que su peso agregado es del 27,9% en España, frente al 21,7% de la OCDE.

 

Pero, a pesar del enorme esfuerzo fiscal y de los muy negativos efectos sobre el empleo que se derivan de tener unas cotizaciones sociales tan altas, lo cierto es que el saldo de la Seguridad Social no solo no es positivo, sino que no ha tenido un solo ejercicio presupuestario de superávit desde el año 2010. Así, los números rojos han sido la norma durante la última década. Y, como es lógico, si las cuentas están desordenadas, el déficit es una constante y los ingresos y los gastos siguen sin encajar, la diferencia tiene que cubrirse de algún modo

 

La primera respuesta de nuestros gobernantes fue echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado en su día por el Ejecutivo que presidía José María Aznar y financiado a partir de los remanentes positivos que arrojaba el sistema cuando había superávit. El problema es que, si año tras año seguimos teniendo las pensiones en déficit y nuestra única respuesta es tapar el agujero con ese “colchón” de ahorros, la consecuencia última es que dicho fondo se acaba agotando como así ha ocurrido ya.

 

La siguiente respuesta ha sido el aumento del endeudamiento propio del sistema de Seguridad Social, que tradicionalmente se mantenía bajo y estable, pero que ha aumentado con fuerza en los últimos años. Ese aumento de la deuda no ha sido más que una trampa cortoplacista que ha permitido seguir enmascarando el descuadre estructural que existe entre ingresos y gastos.

 

Para equilibrar ingresos y gastos, el gobierno de Mariano Rajoy impulsó la reforma de las pensiones y aprobó una revalorización anual en función de las propias cuentas del sistema de pensiones con lo que se produjo una revalorización anual simbólica de apenas un 0,25%. Es importante recalcar que el corto periodo en e que estuvo vigente esta medida estuvo marcado por una prolongada desinflación, puesto que el IPC de 2014, 2015 y 2016 se movió en terreno negativo, registrando un -0,2%, -0,5% y -0,2% a lo largo de los distintos años de dicho trienio. Por tanto, el ajuste no tuvo un impacto notable en el poder adquisitivo de los pensionistas.

 

Sin embargo, a partir de 2018, esta medida se “congeló” por cuestiones políticas (acuerdo PP-PNV para aprobar los PGE de 2018) y se produjo una subida del 1,7%, en 2019 se produjo un aumento del 1,6%, en 2020 se decretase una mejora del 0,9%, en 2021 se aprobó un repunte del 0,9%, en 2022 se implement.o un crecimiento del 2,5% y en 2023 se plantea una escalada hasta el 8,5%.

 

De modo que los ingresos suben, ya no solo por el envejecimiento, sino también por decisión política (o criterio electoralista). Si lo ponemos en perspectiva, encontramos que el gasto en pensiones presupuestado en 2022 llegaba a 175.166 millones de euros, pero los ingresos por cotizaciones solo ascendían a 136.345 euros. De modo que el sistema tiene un déficit mucho mayor de lo que podríamos pensar si solo nos fijamos en la cuenta general de ingresos y gastos. Así, de cada 100 euros de gasto en pensiones, solo 77 se cubren con cotizaciones.

 

La clave está en las transferencias que se hacen desde los PGE para tapar el agujero de las pensiones y seguir apuntalando el actual nivel de pensiones a base de incrementar el desequilibrio del sistema a medio y largo plazo. A los 136.345 millones de euros que se presupuestaron como ingresos por cotizaciones para el año 2022 hay que sumarle 36.227 millones que provienen de los PGE y, por tanto, son ingresos que no se financian vía cotizaciones. Esta cifra se ha más que duplicado durante los últimos años, puesto que en 2018 se anotaron transferencias por valor de 15.000 millones. Y, puesto que el déficit del Estado rondará en 2022 los 50.000 millones de euros, podemos decir que, en el fondo, estas transferencias dedicadas a maquillar la situación de la Seguridad Social solo se explican por el aumento del déficit estatal y, en consecuencia, el aumento de la deuda pública.

 

Así las cosas la propuesta de calcular las pensiones tomando como referencia 30 años de vida laboral del trabajador solo puede explicarse como un recorte a medio y largo plazo, mera exhibición de cobardía política que solo contribuirá a apuntalar la creciente falta de equidad intergeneracional. No hay que olvidar que, según el Banco de España, por cada 1.000 euros cotizaciones a la Seguridad Social a lo largo de toda la vida laboral, los jubilados están percibiendo 1.740 euros de pensión, un 74% más.

 

Por tanto, valdría la pena preguntarse qué sentido tiene seguir subiendo las pensiones muy por encima de la capacidad financiera del sistema, pero está claro que, políticamente, tomar estas decisiones puede resultar rentables, porque el recorte del 5% que está aprobando Escrivá solo se verá a lo largo del tiempo. Sin embargo, puesto que el mismo Ejecutivo que toma estas medidas está disparando las cotizaciones y los impuestos que pagan los trabajadores, el impacto ya es real en el presente. De modo que la brecha se acrecienta, la economía española tiene un problema cada vez más grande y el ministro llamado a exhibir el criterio propio de un supuesto “experto” sigue firmando una gestión de lo más lamentable.

 

Fuente: Libre Mercado

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