De vez en cuando los periódicos publican noticias sobre pensiones de Incapacidad Permanente contributivas concedidas indebidamente. Esto se sabe desde siempre, pero nuestros políticos prefieren mirar para otro lado y dejar que un importante número de españoles robe al resto. Unos cientos sería una cifra aceptable, tal vez hasta unos miles, pero son muchos más. Una estimación para estos últimos años arroja una cifra de 15.000 pensiones de Incapacidad Permanente anuales concedidas injustificadamente (y unas 25.000 en décadas anteriores). Una valoración del dinero que representan puede obtenerse estimando los siguientes sumandos:
• Cantidad cobrada hasta cumplir los 65 años. Si tenemos en cuenta que la media de estas pensiones es de 1000 €/mes, esas 15.000 personas están llevándose 210 millones € al año y si suponemos que hasta la jubilación, a los 65 años, esas personas cobran dicha pensión 12 años de media, tenemos una cifra total de unos 2.500 millones €.
• Cantidad cobrada después de cumplir los 65 años en aquellos casos en que no se cumplen los requisitos de pensión contributiva y por tanto solo se cobraría, y no en todos los casos, pensión NO contributiva. Estimando en un 40% estos casos y en 600 € la diferencia entre la pensión que reciben (procedente de la de incapacidad) y la NO contributiva. 15.000 x 0,4 x 600 € x 14 pagas x 22 años = 1.100 millones €
• Cantidad cobrada después de cumplir los 65 años en aquellos casos en que SI se cumplen los requisitos para recibir pensión contributiva. Estimamos en un 60% estos casos y por otra parte en 200 € la diferencia entre la pensión que reciben (procedente de la de incapacidad) y la de jubilación que les hubiera correspondido. 15.000 x 0,6 x 200 € x 14 pagas x 22 años = 500 millones €
La suma de las tres cantidades anteriores (2.500 + 1.100 + 500 =4.100) da un total de 4.100 millones € que dichas 15.000 personas se han embolsado en su jubilación sin que les corresponda.
Hay regiones en las que desde siempre las pensiones se conceden muy alegremente. Los responsables actúan como si el Estado tuviese una fuente inagotable de dinero. Entre estas se encuentran Andalucía, Canarias, Murcia y Extremadura. En el extremo opuesto están Aragón, Madrid, Rioja, País Vasco Navarra y Castilla y León.
En 1999, en Andalucía, por cada 100 nuevas pensiones de jubilación se concedieron 78 de Incapacidad Permanente. En cambio en Aragón solo 34 y en Madrid 23. Es decir, cada año en algunas CCAA se concedían casi tantas pensiones de Incapacidad Permanente como de jubilación. Actualmente las cifras son algo mejores pero no tanto. En Canarias por cada 2 nuevas pensiones de jubilación hay una de Incapacidad Permanente. Y sin embargo cuando se viaja por las CCAA en las que tantas pensiones de Incapacidad se conceden no se ven tullidos o al menos no más que en otras. Ni una guerra civil deja tal cantidad de incapacitados.
Al cumplir los 65 años las pensiones de Incapacidad Permanente pasan a denominarse de Jubilación (manteniendo las mismas condiciones). Resulta entonces que muchas pensiones de jubilación en realidad son de Incapacidad. Sin esta triquiñuela tendríamos que decir que la mitad de nuestros jubilados son inválidos. ¿Qué sería de los viajes del Imserso?
En las tablas siguientes (confeccionadas por Javier Sevillano en base a los datos oficiales del propio INSS) SE recogen el porcentaje entre altas de pensiones de Incapacidad Permanente y Jubilación. No es creíble que en 2017 en Zaragoza, por cada 100 nuevas pensiones de Jubilación, se concedieron 13 de Incapacidad Permanente, mientras que en Cádiz se concedieron 69