Ante las críticas del senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que ha pedido explicaciones por las «vergonzosas colas» en las oficinas de Seguridad Social, de la senadora del PNV, Nerea Ahedo, que ha alertado del «colapso de la atención» y de la senadora del PP Mercedes Fernández, que arremetió contra Escrivá por su gestión de las prestaciones y el colapso que, a su juicio, existe en este organismo, Escrivá ha señalado a la «avalancha de demandas de citas previas» y ha apuntado varios cambios.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha admitido este martes en el Senado que la Seguridad Social ha sido «poco ágil» en la gestión de citas, por la generalización del uso de la cita previa y la falta de recursos humanos en las oficinas. «Le puedo reconocer que no hemos sido los suficientemente ágiles«, ha apuntado Escrivá que ha defendido, no obstante, el trabajo de los funcionarios de Seguridad Social y los plazos en los que se resuelven las distintas prestaciones.
Escrivá ha explicado que ha habido «una avalancha» de citas previas, principalmente por vía telefónica, que se encontró con que el centro de atención telefónica «tenía una insuficiencia de personas clarísima».El ministro ha asegurado que el Gobierno está trabajando en su corrección desde enero, con la multiplicación del número de telefonistas.
Asimismo, ha apuntado a un «segundo error», que era una parrilla de solo siete días para hacer la cita previa. «Es muy corta y realmente nos hemos dado cuenta de que efectivamente la gente se encontraba con que no encontraba cita cuando ellos querían», ha señalado en el Senado. Escrivá ha anunciado que, desde este lunes, la parrilla se ha ampliado a 28 días.
El ministro se ha referido a un tercer problema, con la utilización de teléfonos provinciales que impedían «una gestión integral». Para solucionarlo, desde el próximo mes habrá un único teléfono nacional que permitirá distribuir las citas por toda España, según ha anunciado en su intervención.
También destacó que, actualmente, el 20% de todas las atenciones que se realizan en la Seguridad Social se hacen de forma presencial y sin cita previa, al considerarse cuestiones urgentes. “Y digo yo hoy aquí muy fuerte, para que lo oigan todos los españoles, que cualquiera que se dirija a la Seguridad Social, a una oficina, y tenga una urgencia, una discapacidad o algo que se valore en ese momento como importante, que es el 20% de los casos, será atendido inmediatamente”, declaró molesto el ministro, que acusó a la senadora del PP de proferir “falsedades” sobre el funcionamiento de este organismo. Y es que Mercedes Fernández denunció que la “cita previa obligatoria no tiene anclaje jurídico” y vulnera “derechos fundamentales” de los ciudadanos y espetó al ministro que “la gestión de su Ministerio es manifiestamente mejorable”.
El ministro criticó que la Seguridad Social perdiera bajo los mandatos de Mariano Rajoy el 23% de sus efectivos por la falta de reposición de las jubilaciones, lo que contrapuso a la forma de proceder del Ejecutivo actual. En concreto, subrayó que la Seguridad Social ha reforzado ya con 100 funcionarios, espera incluir a 200 más este año y seguirá reforzándose la plantilla y que a corto plazo, cada trimestre, se realizarán unas 500 contrataciones más.
Escrivá defiende las prestaciones de la Seguridad Social para hacer la vida más fácil a las familias
El ministro ha defendido las prestaciones de su cartera durante la pandemia y la guerra en Ucrania para hacer la vida más fácil a las familias. «Optamos por poner en marcha todas estas medidas y lo hicimos porque la vida hubiera sido infinitamente más dura para millones de familias de este país como resultado de la crisis derivada de la pandemia y de la crisis energética tras la invasión de Ucrania. No elegimos el camino más fácil, sino el más justo»
El ministro se ha referido a medidas el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el despliegue de los ERTE, las prestaciones para autónomos, la ampliación del permiso de nacimiento o el mecanismo RED. Escrivá ha admitido que no haberlas puesto en marcha habría ahorrado «millones y millones de consultas» a la Seguridad Social y habría hecho «más fácil la gestión administrativa», pero en su lugar el Gobierno optó por el camino «justo».
