¿UN “DÉJÀ VU”?: RECORTES SALARIOS FUNCIONARIOS, CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES

La pandemia del coronavirus ha desencadenado una profunda crisis económica que no ha tardado en provocar un hondo desequilibrio fiscal. El Banco de España cree que el déficit público se moverá entre el 7% y el 11% del PIB durante el año 2020, lo que supone regresar a los peores niveles de la pasada recesión.

El desplome de la recaudación explica el grueso del descalabro en materia de estabilidad presupuestaria. De momento se han publicado distintas estimaciones sobre la dimensión de la caída de los ingresos y todos ellos coinciden en subrayar la precaria situación en la que quedarán las cuentas públicas. La horquilla de estimaciones es aún muy ancha: para el Fondo Monetario Internacional (FMI) la pérdida de rentas fiscales será superior a los 30.000 millones €. En el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (CGEAF) plantean un descenso aproximado de 42.000 millones. Por su parte, la Universidad de Valencia baraja un descenso aún más acusado, en el entorno de los 90.000 millones.

Por el lado del gasto, los cálculos disponibles también son heterogéneos. El FMI cree que los desembolsos van a expandirse en 55.000 millones €. Desde el CGEAF son más conservadores y creen que el aumento del gasto será de 20.000 millones. Por su parte, el think tank europeo Bruegel cree que el repunte de los desembolsos alcanzará los 14.000 millones. De nuevo, hay diferencias acusadas entre unos y otros cálculos, que se explican principalmente por el monto de ayudas que será imputado al déficit. En este sentido, no hay que olvidar que buena parte de las medidas anunciadas por el gobierno son avales a préstamos empresariales, de modo que el grueso de su posible coste fiscal puede trasladarse a ejercicios posteriores.

Es evidente, pues, que sigue habiendo mucha incertidumbre sobre el impacto que tendrá la pandemia en las cuentas públicas, pero también es innegable que todos los informes arrojan un escenario sombrío que nos devolvería a los peores momentos de la Gran Recesión, cuando la quiebra y el “rescate” de España fue una posibilidad real.

Cifras en millones € FMI CGEAF UNIVERSIDAD VALENCIA BRUEGEL
REDUCCIÓN RECAUDACIÓN -30.000 -42.000 -90.000  
INCREMENTO GASTOS 55.000 20.000   14.000

¿De nuevo los “ajustes”: los funcionarios? Ante esta situación, el Gobierno está haciendo todo lo posible para pedir margen de actuación a los socios europeos, pero las tensiones financieras son ya evidentes y la austeridad que tanto criticaron PSOE y Podemos vuelve a formar parte de la conversación.

En este sentido, en los últimos días se han publicado distintas informaciones que plantean un posible ajuste en el gasto asociado a los salarios de los más de tres millones de trabajadores que están en nómina de las distintas capas administrativas del Estado. En 2018, esta partida supuso 127.000 millones €, lo que supone el 60% de la recaudación tributaria para el conjunto de dicho ejercicio.

Una de las opciones que podría estar explorando el gobierno es la de cancelar la subida salarial del 2% que había entrado en vigor a comienzos de año. La medida podría ir acompañada de un ajuste del 15% del sueldo de los altos cargos de la Administración. El ahorro fiscal resultante de esta medida sería de 3.212 millones €.

En la anterior crisis, el Gobierno del PSOE anunció la anulación de la paga extra que perciben los empleados públicos a final de año. Ahora, el calendario dirige todas las miradas a la paga extra de verano, cuyo desembolso se antoja más complicado en un contexto fiscal como el actual.

La vía de los despidos de empleados públicos con contrato temporal también puede convertirse en una fórmula de reducción del gasto salarial de las Administraciones Públicas. Según la última EPA España tiene 3.253.300 trabajadores a sueldo del Estado, de los que unos 905.300 asalariados son temporales. La no renovación de temporales y el despido de contratados podría ser otra fórmula de ajuste de dicho personal, en línea con lo ocurrido entre el tercer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2013, cuando el número de trabajadores temporales de las AAPP bajó de 814.000 a 560.000.

¿Y las pensiones públicas?. La tormenta perfecta. La hibernación a la que se ha tenido que someter la economía por la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus está obligando al Gobierno a desembolsar miles de millones en prestaciones de desempleo y cotizaciones que normalmente irían con cargo a trabajadores (a través de sus derechos adquiridos) y empresas, respectivamente. Todo a cuenta de una Seguridad Social y unas arcas públicas que van a sufrir importantes descensos de la recaudación fiscal debido al frenazo económico. La Seguridad Social, que acumulaba a cierre de 2019 un déficit de 16.793 millones €. También el fondo de reserva, conocido como la hucha de las pensiones, está prácticamente vacío, solo quedan 2.150 millones €, de los 66.915 millones que contenía en 2011.

Esta situación asfixiante se tomó un respiro en los dos primeros meses del año cuando aumentaron un 6 por ciento los ingresos.Pero solo fue un espejismo truncado por la aparición del coronavirus, el estado de alarma y las posteriores medidas del Gobierno que reducirán drásticamente los ingresos de la SS tanto por la pérdida de cotizantes como por la exoneración en la cotización para las empresas que aplican un ERTE por fuerza mayor o por la bonificación de cuota a los autónomos.

Al mismo tiempo aumentará el gasto originado por las prestaciones de trabajadores que se queden en paro, por las de los afectados por un ERTE y por las destinadas a los autónomos que hayan cesado su actividad.

Los gastos extraordinarios que podría asumir la SS derivados del Covid-19 se estiman en 15.000 millones € (a la suspensión de contratos, despidos y cese de actividad de los autónomos), mientras que sus ingresos se pueden reducir en más de 2.000 millones. A esto hay que añadir las jubilaciones ordinarias y anticipadas que se produzcan por la contracción del mercado laboral y va a haber mucha gente en edades cercanas a la jubilación afectadas por el impacto en el empleo del coronavirus. La recolocación laboral es complicada para este colectivo. Probablemente opten por jubilarse anticipadamente, entrando a ser beneficiarios del sistema con la correspondiente penalización

Sin embargo, los jubilados no tienen nada que temer, al menos por ahora. Fuentes cercanas a Moncloa indican que por lo pronto a Pedro Sánchez no se le pasa por la cabeza reducir o bajar estas prestaciones, que subieron un 0,9% este año.

De hecho, si se planteara recortar las pensiones, podría suponer un buen quebradero de cabeza al Ejecutivo. Habría que hacerlo a través de un real decreto-ley que tendría que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Parece improbable que la oposición y los aliados parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos pudieran avalar este tipo medida, que iría además totalmente en contra de los programas socialista y ‘morado’. En cualquier caso, no está de más decir que las pensiones suponen, a día de hoy, el mayor gasto que realizan las Administraciones Públicas. En 2019, costaron unos 135.163 millones de euros, un 6,11% más que en 2018. Y, solo con la subida aplicada por el Gobierno para este 2020, esta partida tendrá que subir obligatoriamente a los 136.569 millones. Sin embargo, la cifra será mucho mayor debido a la llegada de nuevos beneficiarios al sistema público de pensiones por el progresivo envejecimiento de la población.

¿Y la subida para el 2021?  Lo que no está tan claro es que, tras el terremoto económico que está sufriendo España, las pensiones públicas vayan a subir en 2021. El crecimiento del desempleo significa menos cotizaciones y menos ingresos, pero también parte del empleo seguramente se precarice, y a menos salarios, menos cotizaciones también.

Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que las medidas que se están tomando para formar un “escudo social” con cargo a la Seguridad Social no tienen por qué afectar a un año vista, aunque también admiten que una situación de máxima incertidumbre como la actual puede tener efectos insospechados.

La idea del Gobierno, a la espera de la reforma del modelo público de pensiones (en la que, hasta la llegada del coronavirus, trabajaba a marchas forzadas el Ministro José Luis Escrivá), era la de subir las prestaciones de acuerdo con lo que asciendan los precios, es decir, la inflación. Y, dado el devenir económico (caída del consumo y del petróleo) y los pronósticos actuales, todo parece indicar que, si crece, lo hará en unas tasas bajísimas.

AQUÍ PUEDES DESCARGARTE LA FICHA COMPLETA

Descarga la ficha en PDF

Deja un comentario