Aunque el porcentaje de trabajadores pobres disminuyó entre 2015 y 2025 al pasar del 14,8% al 11,6%, un estudio concluye que la pobreza laboral en España sigue siendo «muy elevada».
El informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Ramón Areces calcula que eliminar la pobreza costaría 24.000 millones, el 1,8 del PIB.
En España, tener un trabajo no garantiza escapar de la pobreza. Un 32% de las personas en riesgo de sufrirla están ocupadas, otro tercio son jubilados y parados y otro tercio no tiene actividad económica conocida. Esa es una de las principales conclusiones del estudio Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, publicado este miércoles a cuatro manos por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación Ramón Areces.
Dicho estudio evalúa a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros datos oficiales la incidencia de la pobreza, su intensidad y su inequidad, es decir cuánta desigualdad hay entre los pobres.
El riesgo de pobreza se define como una renta por debajo del 60% de la mediana (el valor que separa al 50% de población con más ingresos de aquella con menos) y la pobreza extrema o exclusión como una renta por debajo del 40% de la mediana. La renta media de la población en riesgo de pobreza en España era de 4.869 euros anuales en 2023, mientras que en el caso de las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849 euros anuales.
De acuerdo con los datos aportados por los autores del estudio, la tasa de la población que vive en riesgo de pobreza en España se redujo un 12% entre 2015 y 2023, año con los últimos datos manejados por los investigadores. En el caso de las personas en riesgo de pobreza extrema o exclusión, el descenso ha sido del 28% en las última década. Aún así, un 20,2% de la población española sigue en riesgo de pobreza y un 8% sufre pobreza extrema o exclusión.
Además, el estudio dibuja, aunque de forma indirecta, algunos aspectos de una realidad más extendida de lo que parece: la pobreza laboral. En este sentido, certifica que, entre la población trabajadora del país, las personas con un contrato temporal y aquellas con un contrato a tiempo parcial y remuneraciones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) siguen siendo las más expuestas a la pobreza y a la exclusión.
En general, los trabajadores españoles tienen un 15% de probabilidades de caer en la pobreza, un porcentaje similar al que presentan los jubilados. Ese riesgo se dispara por encima del 50% en el caso de los parados, apunta el informe. En el caso de las personas trabajadoras una explicación se puede encontrar en la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, que en 2023 (últimos datos conocidos), confirmaba que una buena parte de los sueldos en España orbitan alrededor del SMI. De acuerdo con esa encuesta, un 18,51% de las personas trabajadoras cobraban en 2023 el SMI o menos y un 48,65% entre una y dos veces el SMI. Solo el 32,83% gana dos veces o más el SMI. Es más, España tiene los salarios más bajos entre los 15 países de Europa occidental que forman parte de la Unión Europea, esto es, de los más ricos.
El estudio también certifica que la situación de la población ocupada es muy diferente según la comunidad autónoma. Un claro ejemplo de ello es que en Illes Balears, donde el empleo es muy estacional y muy dependiente del turismo, el 45% de las personas que vive en riesgo de pobreza está ocupada. Balears es el caso más extremo, pero ninguna comunidad baja del 28%.
Aunque el porcentaje de trabajadores pobres disminuyó entre 2015 y 2025 de forma significativa al pasar del 14,8% al 11,6%, el informe concluye que la pobreza laboral en España sigue siendo «muy elevada». De hecho, desde hace ya unos años, la pobreza en España atrapa a unos 2,5 millones de trabajadores. Los últimos datos aportados por Eurostat confirman esa cifra: según la oficina estadística europea, el 11,2% de los trabajadores españoles se encontraban en riesgo de pobreza en el año 2024, el tercer peor registro de la Unión Europea (UE).
Es cierto que la probabilidad de caer en riesgo de pobreza para la población ocupada ha disminuido en los últimos años al calor de la mejora de la calidad del empleo y del aumento del SMI, pero esa posibilidad sigue siendo muy alta en determinadas comunidades autónomas, donde, además, el paro es más alto: Andalucía y Extremadura encabezan el ranquin, con el 20% y el 16% de probabilidades, respectivamente. Por contra, en Euskadi y Navarra, con porcentajes en torno al 6%, tener un empleo es casi garantía de lo contrario
La posibilidad real de eliminar la pobreza
Otro aspecto destacable que muestra el estudio es que es posible erradicar la pobreza y que, además, tiene un precio. En concreto, eliminar la pobreza en España costaría 24.000 millones de euros anuales, el 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB). Acabar con el riesgo de exclusión tendría un coste más reducido, unos 8.800 millones de euros anuales, un 0,7% del PIB. Solo en 2025, España se gastó el 2,1% de su PIB en defensa y material militar.
El estudio también muestra las diferencias entre autonomías en cuanto a la renta que cada una de ellas necesitaría para acabar con el riesgo de pobreza en su territorio. Si a nivel nacional habría que destinar un 1,8% del PIB, en Andalucía se requeriría un 3,9% de su PIB, frente a Euskadi, donde bastaría con destinar el 0,6% de su riqueza para erradicar la pobreza.
