Un informe de Fedea cifra en 12,6 puntos el desplome de la tasa de reemplazo de aquí a 2050
La pensión pública perderá peso frente al salario durante las próximas décadas. O dicho de otra manera: la nómina de jubilación de quienes se vayan retirando del mercado laboral cada vez representará una menor proporción de su último sueldo. Es lo que se denomina tasa de reemplazo y según un estudio de Fedea, España registrará la mayor caída de este indicador entre las grandes economías europeas hasta el año 2050.
El documento lo firman José Enrique Devesa, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Universidad de Valencia; Robert Meneu, de la misma universidad; y Borja Encinas e Inmaculada Domínguez, de la Universidad de Extremadura. Y en él los investigadores proponen un nuevo indicador de sostenibilidad para los sistemas públicos de pensiones de la Unión Europea, construido a partir de los datos oficiales del Ageing Report 2024 (el informe trienal sobre envejecimiento demográfico que elabora la Comisión). Más allá de comparar ingresos y gastos, lo que hace es contrastar el valor de las pensiones con el valor de las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral.
El informe constata que el envejecimiento de la población y la jubilación de la macrogeneración del baby boom van a elevar el déficit del sistema de pensiones en 2,5 puntos de PIB entre 2022 y 2050, el sexto mayor aumento en la UE. Sin embargo, su indicador de sostenibilidad apunta a una mejora estructural a largo plazo. De hecho, el índice español es el que más mejora, pasando de un valor de 1,34 en 2022 a 0,90 en 2050 (por debajo de 1 el sistema avanza hacia la sostenibilidad), lo que supone una caída de 0,44 puntos, frente a 0,20 puntos en Suecia; 0,07 en Países Bajos; 0,06 en Francia y 0,02 en Alemania.
A juicio de los autores, esto refleja que las reformas diseñadas por el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, orientadas a reforzar los ingresos y a aumentar la edad efectiva de jubilación, tendrían un impacto positivo en el diseño estructural del sistema de pensiones a largo plazo. Si bien advierten de que estos resultados deben interpretarse «con mucha cautela» porque los supuestos aportados por el Gobierno español para las proyecciones del Ageing Reportson «excesivamente optimistas».
En concreto, los investigadores apuntan a un «aumento excesivo» de la tasa de actividad proyectada para los mayores de 55 años, que repercute tanto en una mayor edad de jubilación efectiva como en carreras laborales más largas, y a una «sorprendente y drástica reducción de la tasa de reemplazo». Y aquí los datos son contundentes, ya que reflejan cómo el porcentaje del último salario que representa la pensión pasará del 77,2% en 2022 al 64,6% en 2050. O visto con un ejemplo: un trabajador que llegara a jubilarse con un sueldo de 2.500 euros mensuales pasaría de una pensión equivalente de 1.930 euros a otra de 1.615 euros, unos 315 euros menos al mes.
Así, España es el país en el que más va a descender la tasa de reemplazo de los cinco analizados, con un desplome de hasta 12,6 puntos, seguida de Francia (-7,2 puntos), Suecia (-6,2 puntos), Alemania (-1,6 puntos) y Países Bajos, donde se mantiene constante por ser un sistema de pensión básica universal que se actualiza anualmente en función de los salarios. «Es un resultado sorprendente porque la reforma de 2021-2023 no actuó de forma importante sobre el cálculo de la pensión inicial», afirman los autores, que consideran que el Ageing Report está «sobrevalorando» el efecto de que la base máxima de cotización vaya a crecer hasta 2050 por encima de la pensión máxima.
La otra cara del ajuste aparece en los ingresos. El estudio destaca que España es el segundo país de la UE en el que más aumentan los ingresos del sistema de pensiones en el periodo proyectado, con un incremento equivalente a 1,7 puntos de PIB. Gracias a nuevas tasas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad o la subida de las bases máximas de cotización, el Estado recaudará más recursos para hacer frente a las obligaciones futuras.
Y ello, unido a a unas carreras laborales más largas, permitirá mejorar el indicador de sostenibilidad, aunque los investigadores alertan de que eso no significa que desaparezcan los problemas financieros. Al contrario, el déficit seguirá escalando para pagar las pensiones de una población envejecida, a pesar del mayor esfuerzo exigido a los trabajadores y a los futuros jubilados, que cobrarán nóminas públicas cada vez menos generosas.
