El FMI y el BCE tienen una amplia experiencia en gestión de crisis, pero ahora se trata de rescatar a los rescatadores y deben reinventar su trabajo. Es todo un reto
El Banco Central Europeo (BCE) ha dado otro toque de atención a los países que comparten el euro sobre la respuesta al impacto de la crisis energética y señala que solo el 12% de las medidas fiscales adoptadas para amortiguar los incrementos de los precios de la energía en 2022 están destinadas a las familias más pobres.
“De cara al futuro se deberían intensificar los esfuerzos para que las medidas compensatorias relacionadas con la energía cada vez se destinen más a los hogares más vulnerables”. concluye Christine Lagarde
En su informe, la institución expone la distribución de las iniciativas que se han adaptado en el conjunto de la eurozona. Por nivel de renta, “en términos de su impacto, en torno al 12% de las medidas se destinan a los hogares con rentas bajas (es decir, son medidas que incluyen criterios de renta claramente establecidos). Estas medidas focalizadas adoptan la forma de bonificaciones, bonos de descuento para electricidad o calefacción, y pagos únicos destinados a estos hogares”.
Mientras, “se considera que alrededor del 54% de todas las medidas son ayudas no vinculadas al nivel de renta para hogares, mientras que el 34% restante consiste en transferencias a empresas y otras medidas que generalmente no van dirigidas a un nivel de renta determinado”.
Por ello “los descuentos para todos” han sido duramente cuestionados. Por ejemplo, desde que se anunció en marzo la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, distintos expertos advirtieron de que es una medida regresiva porque no se centra en los más vulnerables. Al contrario, la aprovechan más las familias con más renta, que tienen más vehículos, más grandes y que los usan más. Según un informe de Esade, el 73% de los hogares más pobres no consumen carburantes. En los ricos, esta proporción es el 20%.
Ahora, con los números más claros sobre el coste del descuento para el Estado, los expertos avisan de que fiscalmente es la medida más cara y exige cerca de 5.124 millones de euros, casi un 40% del esfuerzo total aprobado (13.000 millones) para sofocar la inflación. Un Plan de choque que, tras su renovación (sin incluir todavía el coste las medidas de ahorro anunciadas este 1 de agosto), se traducirá en un menor ingreso por impuestos (1.876 millones por la reducción del IVA de electricidad y otros 1.698 millones por reducción del IIEE de la electricidad) y un gasto de 9.487 millones (5.124 millones por descuento en carburantes, 1.753millones por ayudas sectoriales, 1.200 millones en ayudas para los refugiados y otros 1.410 millones en ayudas a particulares) en total un 1% más de déficit al cierre del año
Esta advertencia coincide con la realizada, también en los últimos días, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomendó a los países europeos que abandonen las políticas destinadas a subsidiar el coste de la energía a nivel general (con medidas como el descuento a los carburantes o las bajadas de impuestos) a cambio de centrarse en ayudar únicamente a los más pobres.
El FMI pone cifras a una realidad conocida, la inflación, y sobre todo la intensificada por la subida de los precios de la energía, eleva más el coste de la vida a las familias más pobres que a las más ricas. Según calcula, en España esta diferencia es de casi 2 puntos porcentuales, respecto al gasto total de los hogares en este 2022. El golpe para el 20% de los hogares con menos capacidad adquisitiva es del 7%, mientras que para el 20% con más renta es del 5%.
La razón es que la quinta parte de los hogares de la eurozona con menos renta disponible dedica un 40% de ella solo a energía y alimentación. Se trata de un consumo del que no se puede prescindir y que para los ciudadanos de renta más alta representa escasamente un 10% de sus ingresos totales, según el propio BCE.
Fuente: El diario El BCE alerta de que solo el 12% de las medidas de respuesta a la guerra están destinadas a los hogares más pobres (eldiario.es)
