El 27,9% de las ofertas recogidas por los servicios públicos el pasado año quedó sin cubrir
Madrid es la que menos ofertas recoge y Cataluña la que peor las aprovecha
Las ETTs colocan el doble de trabajadores que los servicios públicos de empleo
El año 2024 cerró con 8,73 millones de altas de demandantes de empleo en los servicios públicos. Aunque no todos entraron en la categoría de ‘parado registrado’, la totalidad tiene derecho a recibir ayuda en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales, lo que incluye la presentación de ofertas de trabajo. Sin embargo, las empresas solo comunicaron 570.638 vacantes nuevas a lo largo de todo el año, aunque 159.084, seguían pendientes de cubrir al final del ejercicio.
Esto implica que por cada 100 nuevas personas apuntadas al paro solo se registraron 6,5 ofertas de empleo, la tasa más baja desde 2020. A pesar de que la reforma de la Ley de Empleo, que entró en vigor hace ya tres dos años señalaba la obligación de que las todas las empresas usuarias de los servicios públicos de empleo (y no solo las que recurran a ellos para buscar trabajadores) comuniquen sus vacantes.
El balance es aún más chocante en un contexto en el que las propias empresas denuncian falta de mano de obra en España. A diferencia de otros registros, como la Encuesta de Población Activa (EPA), estos datos, recogidos en el Anuario de Estadísticas Laborales que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dejan claro que las compañías no confían en los organismos públicos para encontrar trabajadores.
Esta métrica es uno de los indicadores más directos de la capacidad de intermediación, es decir, de encontrar empelo a quien lo solicita del Sistema Nacional de Empleo, compuesto por una entidad estatal, el SEPE, los servicios públicos autonómicas, y también los entes locales, con sus propios programas de empleo.
Son las comunidades las que tienen las competencias de políticas activas, lo que incluye gestionar las demandas y las ofertas de las empresas. La norma aprobada en 2003 pretendía modernizar el sistema, convirtiendo al SEPE en una Agencia Nacional de Empleo (organismos que también sigue pendiente de ver la luz) para reforzar la coordinación entre territorios en aspectos clave como la información sobre trabajos disponibles.
Si entendemos la estadística como un reflejo de la eficacia de los servicios públicos de empleo a la hora de ofrecer empleo a quien lo solicita, los resultados arrojan un saldo decepcionante: la tasa del 6,5% de altas de ofertas sobre altas de demandantes es muy inferior a la de los datos previos a la crisis financiera. En 20026, se llegó al 14% y en 2017 al 16%.
Parece que la crisis financiera demolió la confianza de las empresas en los servicios públicos de empleo. Aunque el retroceso es comprensible, en un primer momento, por la situación económica, a día de hoy, en u contexto de creación de empleo y supuesta ‘falta de trabajadores’, se sigue muy lejos de los niveles de hace dos décadas.
Los datos son relativamente similares entre las diferentes comunidades, con una excepción, Extremadura, donde las nuevas altas equivalen al 19,7% de las vacantes. Le sigue Castilla y León, con un 10,8%. El mínimo de ofertas lo marca Madrid, con un 4,2%, seguido del País Vasco (4,3%).
¿Quién las gestiona peor?
Sin embargo, este no es el único indicador de eficiencia de la intermediación: también hay que tener en cuenta cómo aprovechan las vacantes presentadas. Para ello hay que fijarse en la proporción de vacantes por cubrir a cierre de año sobre las añadidas en el conjunto del ejercicio. Antes de la Gran Recesión llegaban al 45%, para dispararse al 54% en 2012. Hoy suponen el 27,9%.
Aunque este descenso no es achacable tampoco a la reforma de 2023. De hecho, es peor que el dato de 2019, cuando se alcanzó el un mínimo histórico del 24,7%. Lo que sí se aprecia es una volatilidad mucho mayor entre regiones, que además no coincide con la que reflejan los datos de vacantes sobre demandantes.
Así, mientras Extremadura (7,6%), Baleares (19,9%, Andalucía (11,9%) o Madrid (12,5%) quedan muy por debajo de la media nacional del 27,9% de vacantes desaprovechadas, otras la multiplican. Es el caso de Cataluña (84,3%), Castilla y León (69,9%), Galicia (48,7%) o País Vasco (40,2%).
Apenas crean empleo
Precisamente las vacantes que se quedan sin cubrir de un año al siguiente explican que no haya un encaje exacto entre vacantes y creación de empleo. El Anuario no recoge las bajas de puestos ofertados, para ello hay que acudir a los datos que publica el SEPE, que revela que en el pasado año se registraron 490.943 bajas de vacantes, lo que daría una diferencia de solo 79.695 sin cubrir respecto a las altas, frente a la cifra final de 159.084.
Esto significa que la comparativa se vería distorsionada por el ‘stock’ previo de demandas, que a cierre de 2023 alcanzaba las 162.754. Para 2024 solo había bajado en 3.670 personas.
Se podría argumentar que, al menos, estos más de 490.000 puestos fueron cubiertos por demandantes de empleo, pero esta conclusión sería también engañosa. No todas las bajas de vacantes se deben a una colocación. Aproximadamente una media del 13% de las ofertas es retirada por la empresa por otras causas. Tampoco está claro que las que sí lo fueran respondieran a una colocación de un demandante de empleo o de alguien no apuntado al paro.
En 2024 se registraron 8,74 millones de altasde demanda de empleo, aunque según los registros mensuales del SEPE (no publica datos anuales), solo un 60% de media fueron por colocación. De estas, apenas un 3,2% contaron con «oferta previa» de la oficina de empleo. Es decir, fueron intermediados por una oficina publica. Un dato que, como hemos contado en elEconomista.es, revela el profundo desencaje en la intermediación laboral.
En todo caso, teniendo en cuenta que en 2024 se registraron 19 millones de colocaciones, se puede concluir que el impacto de las ofertas gestionadas por los servicios públicos de empleo es residual en el mercado laboral.
Fuente: Solo hay vacantes para el 6,5% de los 8,7 millones de personas que se apuntan cada año al paro
