La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996 de 10 de enero es la que regula todas las cuestiones para poder solicitar justicia gratuita y abogado de oficio.
Podrán solicitar justicia gratuita y abogado de oficio los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar (art. 2 Ley Justicia Gratuita).
En el orden jurisdiccional social («laboral«), además, podrán solicitar justicia gratuita y abogado de oficio los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales. Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.
En el orden jurisdiccional penal: tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas todos los ciudadanos, aunque sean extranjeros, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español.
En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.
Ingresos para solicitar justicia gratuita y abogado de oficio
El IPREM para 2021 se ha fijado en 564,90 euros mensuales o 7.908,60 euros anuales (14 pagas). Para el año 2021 estos son los ingresos brutos por unidad familiar computados anualmente que no pueden superarse:
- a) DOS VECES el IPREM cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.
- b) DOS VECES Y MEDIA el IPREM cuando el solicitante esté integrado en una unidad familiar con menos de CUATRO miembros.
- c) El TRIPLE del IPREM cuando se trate de unidades familiares integradas por CUATRO o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa.
Aunque los ingresos del solicitante, o la unidad familiar en su caso, superen los marcados por la Ley, las siguientes personas, «ganen lo que ganen» tendrán derecho a solicitar justicia gratuita y abogado de oficio:
- A) víctimas de violencia de género
- B)víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos.
- C)menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
- D) a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.
La condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos de violencia de género, terrorismo, trata de sers humanos, abuso o maltrato de menores, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.
La unidad familiar a efectos de justicia gratuita
La ley de Justicia Gratuita considera dos tipos de unidades familiares:
- a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
- b) La formada por el padre o la madre y los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
Cuando se quiere interponer un procedimiento contra otro miembro de la unidad familiar, como por ejemplo un procedimiento de divorcio, y por tanto van a existir intereses familiares contrapuestos, los ingresos económicos serán valorados individualmente.
Para la concesión de abogado de oficio se tendrá en cuenta además de los ingresos que ya expuestos, los bienes patrimoniales o signos externos que manifiesten la real capacidad económica del solicitante, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que este dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la ley. La vivienda habitual del solicitante no se tendrá en cuenta, pero sí la existencia de otros bienes en su patrimonio.
Choque entre abogados y graduados sociales por la asistencia jurídica gratis
La intención del Ministerio de Justicia de habilitar el acceso de los graduados sociales al servicio de asistencia jurídica gratuita ha encontrado la oposición de los abogados, que consideran que se provocaría una duplicidad de servicios innecesaria.
Los representantes de Consejo General de la Abogacía Española aseguran que esta posibilidad »no haría más que generar una enorme confusión y desigualdad en el sistema, además de perjuicios para los clientes».
Los abogados consideran que la participación de los graduados sociales en el turno laboral del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita generaría una suerte de doble turno aleatorio, con juristas atendiendo a unos clientes y representantes técnicos asistiendo a otros. Y además rompería con el principio de unidad de defensa, ya que los letrados que a menudo atienden causas laborales terminan por extender los casos de sus representados al ámbito civil o penal.
En este sentido, indican que la inclusión de los graduados sociales no haría más que complicar las cosas, pues no podrían extender su labor a otros ámbitos jurisdiccionales para los que carecen de capacitación y de conocimientos. Además, la inclusión de estos profesionales en el turno de la jurisdicción social significaría que sus colegiados quedarían fuera del Código Deontológico por el que se rigen los miembros de la abogacía, a quienes la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial otorga, con carácter exclusivo y excluyente, la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos y la función de asesoramiento y consejos jurídicos.
Los abogados prefieren quedarse al margen de debatir si se debe desarrollar o no una normativa para el acceso a la profesión de Graduado Social.
En desarrollo del artículo 119 de la Constitución Española, la justicia gratuita es un trámite por medio del cual se reconoce, a quienes acrediten carecer de recursos económicos suficientes, una serie de prestaciones consistentes principalmente en la dispensa del pago de honorarios de Abogado y Procurador, de los gastos derivados de peritaciones, fianzas, tasas judiciales, etc.
Interesará: XIII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/08/XIII-OBSERVATORIO-DE-JUSTICIA-GRATUITAOK.pdf