Feijóo ganó las elecciones con claridad, cierto, pero ha quedado demostrado en el Congreso que Sánchez cuenta con mayoría absoluta para seguir en La Moncloa. La democracia española se basa en un sistema parlamentario y la aritmética es terca. El PP ganó las elecciones, pero va a perder el Gobierno porque no tiene 176 votos en el Congreso. Los hechos son tozudos. Sánchez ha demostrado muchísima más habilidad para sumar apoyos aunque es cierto que carece de escrúpulos para comprar esos apoyos y al final se ha impuesto la lógica: los independentistas saben que tienen una ocasión de oro para lograr sus objetivos
LAS CESIONES MÁS CLAMOROSAS
Aunque se están negociado otras cuestiones económicas y de gestión (condonación de la deuda de Cataluña con el Estado, traspaso de rodalies -cercanías de Cataluña-, traspaso de parte de la gestión de la Seguridad Social a las CCAA,…), desde el plano más político lo primero que se hará es permitir que tanto Junts como Esquerra Republicana (ERC) puedan tener grupo parlamentario propio en el Congreso, lo que, aunque sea una irregularidad legal, les dará importantes beneficios en términos de dinero y visibilidad.
Lo segundo será poner en marcha la maquinaria para que se puedan usar en la Cámara Baja lenguas oficiales españolas distintas al castellano, y solicitar a las instituciones europeas que hagan lo mismo (un brindis al sol de muy improbable obtención).
Luego el Gobierno se aviene a permitir que se investigue en el Congreso el ‘caso Pegasus’, que tiene que ver con el supuesto espionaje de los teléfonos móviles de diferentes altos cargos catalanes, y el atentado de las Ramblas. Lo único que se pretende con esta iniciativa es crear dudas sobre los servicios de inteligencia españoles, a los que los ‘indepes’ más recalcitrantes ven detrás de esos dos hechos. El independentismo logra lo que quiere, que es dar alas a teorías de la conspiración en torno al 17-A
El Gobierno se ha comprometido a «desjudicializar» por completo el supuesto conflicto entre Cataluña y el resto de España, lo que significa buscar la forma de librar de los tribunales a los 4.000 independentistas que aún tienen que responder ante la Justicia por el golpe de octubre de 2017.
Sánchez a pesar de haber perdido las elecciones con 16 diputados menos que el PP buscará para asegurarse su continuidad en el poder las vías jurídicas necesarias para poner en marcha las dos grandes demandas del independentismo: amnistía y referéndum.
Muchos palmeros del Gobierno ya apoyan que la amnistía no es anticonstitucional, pero aunque así fuese es evidente que la amnistía significa asumir que la España anterior a Sánchez no era democrática. Fuentes policiales manifiestan una profunda decepción y desmotivación porque no existe ningún apoyo institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, quien los está utilizando como moneda de cambio en Cataluña. Y añaden que el pasado 1-O los guardias civiles asumieron con responsabilidad su deber sobre los que querían desestabilizar el orden social y limitar los derechos y libertades de la ciudadanía, a su juicio, la amnistía echa por tierra todo el trabajo que hicieron en una situación tan compleja.
Sobre el referéndum de secesión ya se habilitarán y venderán en su momento excusas para su celebración, por ejemplo que sea simplemente consultivo y no automáticamente vinculante, pero en cualquier caso sería abrir la caja de Pandora imposible de cerrar posteriormente (véase por ejemplo el caso de Escocia en el Reino Unido donde se celebran referéndum periódicamente hasta que en su momento los votos avalen esa secesión. Tiempo al tiempo.
