El debate sobre las pensiones está simplificándose en medidas que no resuelven el problema, que es estructural, y pasa fundamentalmente por elevar la productividad y reducir el paro.
El Gobierno de España necesita cerrar este mes la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones –la difícil, la primera fue la fácil– para poder cumplir sus compromisos con Bruselas, que maneja el grifo de los fondos de recuperación Next Generation EU.
El ministro encargado de hacerlo es José Luis Escrivá, un político siempre controvertido que busca el apoyo de sindicatos y empresarios a su propuesta de reforma, uno de cuyos pilares es la ampliación de la base de cálculo, para pasar de los actuales 25 años hasta los últimos 30 de vida laboral, si bien dos de ellos podrían descartarse, con lo cual la reforma se acotaría a 28 años.
La tendencia histórica define un avance hacia el incremento de la base de cálculo de las pensiones. Ahora toca dar un nuevo paso, tras otros que ya se dieron en 1997, cuando se pasó de 8 a 15 años, y en 2011, de 15 a 25 años. Nada nuevo bajo el sol. Es una carrera que no parece tener fin, porque esas sucesivas ampliaciones aliviaron las cuentas de la Seguridad Social, pero no constituyeron una solución definitiva, de lo que se desprende que seguirá aumentando la base de cálculo en los próximos años. Otro frente de conflicto es la edad de jubilación, ahora en 67 años, pero con presión para subirla en el futuro.
La primera parte de la reforma del sistema de pensiones estableció en 2021 un nuevo mecanismo de revalorización de las jubilaciones, para que estas subieran automáticamente con la inflación. Actualizar todas las pensiones un 8,5% va a suponer un gasto extra de 15.000 millones de euros para las arcas del Estado, muy endeudadas.
Aun así, más que un problema de gasto en pensiones, España tiene un problema de ingresos para financiar el sistema. En realidad, el problema de España es de ingresos en el conjunto de su sistema fiscal. Son varias las razones que lo explican, empezando una baja productividad y un elevado paro estructural. Alemania, en Europa, o EE UU, al otro lado del Atlántico, tienen salarios altos porque su productividad es alta.
Cuando se habla de las pensiones a medio y largo plazo debería ser obligatorio –por ley– hablar de todas esas cosas, ya que reducir el debate a si son 28 o 30 los años de la base de cálculo o si son 67 o 70 los años necesarios para jubilarse no resolverá el problema estructural de España, simplemente lo aliviará.
Es la diferencia entre que la política la hagan estadistas o meros gestores del día a día
PROTAGONISTAS: ¿ESTADISTAS O SIMPLES GESTORES?
Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno
Se involucra lo justo en la reforma de las pensiones, pero cuando estaba en la oposición dijo algo importante que ojalá pueda cumplir: “Si hay buenos empleos, habrá mayores cotizaciones a la Seguridad Social y en consecuencia mejores pensiones”.
Nadia Calviño. Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Economía
Tampoco su protagonismo es especialmente notorio en la reforma de las pensiones, tal vez porque sabe que es un problema que quema. Sin embargo, el debate de fondo de las pensiones es más suyo que de nadie.
José Luis Escrivá. Ministro de Seguridad Social
Sánchez no ha elegido para este puesto a la persona más fría, discreta y ecuánime. A menudo este ministro dice lo que piensa o lo que se le ocurre sobre la marcha. Eso a veces es algo meritorio, pero no para un político que debe construir consenso.
Yolanda Díaz. Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo
Su militancia comunista y su vinculación a CC OO condiciona su estrategia política de fondo, lo cual es una materia especialmente sensible cuando se habla de reformar las pensiones
LOS INGRESOS DEL SISTEMA
En 2022 el gasto total en pensiones contributivas se elevará a 145.641 millones y las proyecciones sobre las cotizaciones apuntan a una recaudación superior a los 138.000 millones de euros, ligeramente por encima de las previsiones. Es decir, las cotizaciones sociales en un año récord, como va a ser 2022, alcanzan para abonar las pensiones contributivas, con la excepción de una paga extra o parte de la misma.
En los PGE 2023, las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores ocupados alcanzarán los 143.261 millones de euros (un 12,6% más que este año), y las de los desempleados, 8.427 millones (un 3,7% menos). Después de las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado constituyen el concepto de mayor peso relativo en la financiación del Presupuesto de la Seguridad Social, con 38.904 millones.
Cada año que pasa, las pensiones se comen una parte más grande de los presupuestos estatales, que superan de largo las contribuciones actuales. No faltan los datos ni las herramientas para estimar la evolución en los próximos años: El envejecimiento, la población activa, los nacimientos o la esperanza de vida. No hablamos de situaciones sobrevenidas o imposibles de predecir.
La realidad es que el sistema de pensiones no es un sistema cerrado, sino que las contribuciones se han convertido en un componente más de los ingresos del Estado. Las pensiones cada año se comen una proporción más grande de los presupuestos y, con una pirámide invertida de la población, las generaciones que vienen detrás no podrán soportar la presión fiscal que esto supondrá
Según los últimos datos los ingresos por cotizaciones sociales se incrementaron un 8,5% interanual el pasado mes de octubre, hasta alcanzar un máximo de más de 116.000 millones de euros, lo que supone 9.000 millones más que un año antes. En comparación con los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es del 12,6% (unos 13.000 millones más), de modo que el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales marcó su máximo histórico de los últimos 15 años en el acumulado de enero a octubre.
El ministro Escrivá ya ha colado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 una subida de las bases máximas de cotización del 8,6%, en línea con el incremento previsto para las pensiones por la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC). En consecuencia, el sueldo a partir del cual no se pagan cotizaciones pasará de los 4.139,40 euros mensuales actuales a 4.495 euros (54.000 euros anuales). De este modo, la Seguridad Social ingresará más por los trabajadores que más cobran y logrará un incremento de la recaudación de unos 800 millones de euros anuales.
El Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima «hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%». Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).
Además se ha introducido otra recarga generalizada en las cotizaciones a través del bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supone un incremento del 0,6% (0,5 puntos para la empresa y 0,1 puntos para el trabajador) que irá directamente a la hucha de las pensiones -el fondo de reserva- para pagar las jubilaciones del baby boom. Inicialmente, el ministro planteó que este mecanismo estuviera vigente entre 2023 y 2032, pero ahora está negociando con Bruselas la ampliación hasta 2050. El Ministerio, por su parte, defiende la puesta en marcha de otras medidas complementarias para apuntalar los ingresos, como el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos