Reflexiones acerca de la pensión de Viudedad

Originalmente la pensión de viudedad se concedía a todas las viudas pero solamente a los viudos que, según la LGSS de 1974, “se encontraran incapacitados al tiempo de fallecer la esposa causante de la pensión y a cargo de la misma”. En 1983 una sentencia del Tribunal Constitucional consideró discriminatoria esta distinción, y a continuación la pensión de viudedad se extendió a los hombres en los mismos términos que a las mujeres sin otro tipo de modificaciones.

Como consecuencia, quedó configurada una pensión que, por un lado, sigue sin responder a la realidad actual y, por otro, acumula rasgos que no responden a ninguno de los principios por los que se rige el sistema. Es cierto que en 1983 ya había muchas mujeres ocupadas que no necesitaban la pensión de viudedad más que muchos hombres. De hecho, ya no tenía sentido una pensión para todas las viudas, cuya consideración de dependientes por defecto resultaba obsoleta. Pero mucho menos sentido tenía conceder a los hombres esa misma pensión. Hacerlo generó un gasto público injustificado y creó una figura que cumplía aún menos la función para la que inicialmente se había creado: asegurar una renta a personas que carecían de ella

En la nueva configuración social, las personas carentes de rentas ya no son las viudas en general, sino las personas mayores que carecen de cotizaciones propias (muchas serán viudas y otras no). Hay que señalar aquí que la pensión de viudedad no es propiamente una pensión contributiva, ya que no se cotiza por este concepto (otra cosa es que se calcule en función de las cotizaciones de otra persona, en este caso el cónyuge difunto). En efecto, todas las personas cotizan lo mismo, independientemente de su estado civil. ¿Por qué, entonces, las personas casadas originan pensión de viudedad? La respuesta era sencilla, pero ya no es válida: porque debe atenderse a las personas que quedan desprotegidas (principio de solidaridad). Antes esas personas eran los/as hijos/as y la viuda. Ahora ya no son las viudas como caso general, y aún menos los viudos.

La pensión de viudedad atenta directamente contra el principio de equidad: no es una protección ante la carencia de rentas propias (como sí lo son las demás prestaciones: desempleo, incapacidad temporal, incapacidad permanente y jubilación) pues, además de tratarse de otra persona adulta, ni siquiera es incompatible con otras fuentes de ingresos.

Así, se da el caso inconsistente de que las cotizaciones de una persona casada no le sirvan para su propia pensión pero estén sirviendo para que otra persona se beneficie de una pensión de viudedad cualesquiera que sean sus otros ingresos (incluidas pensiones). Es decir, por ejemplo, si una persona casada que solamente haya cotizado durante 500 días en los últimos cinco años fallece, dejará una pensión de viudedad a su viudo/a. Pero si se jubilase antes de fallecer no tendría derecho a una pensión propia.

Por último, para las personas mayores carentes de rentas existe la figura de la pensión no contributiva que, si bien es susceptible de mejora, está destinada a cumplir precisamente esa función.

La pensión de viudedad es también una figura obsoleta desde el punto de vista de la eficiencia, pues, en el escenario de división sexual del trabajo en el que nos encontramos, esta figura empuja a muchas mujeres casadas a dedicarse en exclusiva a los cuidados de su familia y su hogar o a trabajar en la economía sumergida, con el consiguiente efecto negativo sobre la Hacienda Pública y sobre la economía nacional.

El gasto en pensiones de viudedad es significativo (más del 20% del total) y creciente en el tiempo. Así, sin ser un instrumento al servicio de los objetivos fundamentales del sistema de pensiones, la pensión de viudedad supone, por un lado, un gasto unas 20 veces superior al gasto en PNC (que sí obedece, sin excepción, a una función social).

Además, es de necesaria consideración que, al operar desde la muerte de la persona trabajadora (independientemente de la edad que tenga en ese momento su viudo/a) y generalmente con carácter vitalicio, la pensión de viudedad genera obligaciones de pago a la Seguridad Social potencialmente más dilatadas en el tiempo que cualquiera de las otras prestaciones.

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