El Muface es una mutua que permite a determinados servidores públicos elegir la atención sanitaria que prefieran. Por lo que sea, la sanidad que prefieren los funcionarios públicos españoles, en un porcentaje superior al 70%, es la privada. Muface tiene cerca de un millón y medio de mutualistas. Estas mutualidades sanitarias para funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas) dan cobertura a 1,73 millones de personas y su gasto per cápita es de 1.020 euros, frente a los 1.674 euros de la sanidad pública.
Resulta escandaloso que el Estado sostenga una sanidad universal y gratuita y, al mismo tiempo, mantenga una diferencia en la prestación sanitaria en función de si el trabajador es público o privado. Un Estado del bienestar asocia impuestos con sanidad y educación, al punto de que cualquier mínima queja sobre una subida de impuestos se ve replicada con la acusación de provocar el cierre de un hospital. Mientras, ese mismo Estado entiende lógico que, quien pueda, se vaya a la privada pero esto no es de recibo si la privada la paga el resto del país. La sanidad pública es efectivamente igual para todos si no te has sacado una oposición. Esta situación supone la institucionalización de la hipocresía.
Son atendidos por MUFACE los funcionarios civiles y militares y también los funcionarios de la Administración Local y autonómica, los de Organismos Autónomos e interinos. La cuota mensual abonada por el mutualista se obtiene multiplicando la base de cotización anual por el tipo y dividiendo el resultado entre 14, abonándose una cuota doble en los meses de junio y diciembre. La cuota mensual para 2023, según el grupo/subgrupo funcionarial al que pertenezca el mutualista, oscila entre 51,68 € y 21,07 €. El desglose de los costes de los mutualistas del Muface para el año 2023 presentan el siguiente desglose: Cotizaciones de mutualistas: 18,57 % Aportación del Estado: 76,73 % Subvención del Estado: 3,51 %
El mito del “desmantelamiento” de la Sanidad madrileña (un desmantelamiento agotador, pues les está llevando décadas) sugiere que las Aguirres y Ayusos favorecen la sanidad privada pero lo cierto es que al funcionario de turno le basta un papelito, un formulario, un humilde impreso para que elija la sanidad privada del Muface. Para más abundamiento hay casi dos millones de funcionarios que, ¡en defensa de la Sanidad Pública, prefieren la Sanidad Privada!, independientemente de lo que ellos mismos digan sobre su ideología política. Los usuarios de lo público, no notarían la diferencia. La notarán todos esos señoritos pijos de izquierdas que van a ver con sus propios ojos los hospitales públicos que llevan defendiendo todo el siglo XXI: ¡Carmen Calvo, durante la pandemia acudió a la clínica Ruber pero curiosamente, Esperanza Aguirre siempre ha convalecido en hospitales públicos!.
La llegada de más de un millón de mutualistas a la sanidad pública puede provocar que se colapse, pero quizás así se destinarán más recursos a la sanidad pública. (“La sanidad pública no se vende, se defiende” y luego van todos a clínicas privadas). Algunos defienden que «el mutualismo administrativo en la sanidad privada aporta eficiencia a la sanidad pública, ya que el gasto per cápita de dicha población cubierta es inferior al gasto público per cápita». En concreto, un 39% menor por persona. Así, si todos los pacientes generaran el mismo nivel de gasto, el ahorro que supondría el modelo Muface al Estado sería de alrededor de 1.130 millones de euros.
Aunque el modelo Muface hoy por hoy todavía sigue en pie, desde el sector avisan de que «lo están dejando morir». Y es que, tanto los sindicatos como las compañías aseguradoras llevan tiempo advirtiendo de la infrafinanciación de las mutualidades. A esto se suma los altos niveles de inflación, que también ha afectado al modelo de mutualismo pues los costes se han incrementado y las aseguradoras que participan del concierto actual de Muface reclaman una subida de las primas porque los incrementos establecidos no son suficientes para hacer frente a la situación económica actual. Ante la eliminación del modelo, el 100% de los asegurados mutualistas, 1,73 millones de pacientes pasaría a recibir aseguramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que supondría una disminución de 1.500 millones de euros en la facturación de las aseguradoras. La desaparición de los pacientes provenientes de mutualidades tendría un impacto también en los grupos hospitalarios privados que ya no tendrían esos “clientes/pacientes
El partido de Yolanda Díaz llevó en su programa electoral la liquidación de Muface, algo que ni siquiera Podemos llevó en su programa de 2019. La propuesta de Sumar es un copia y pega de la que presentó Más País hace cuatro años: «Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos».
Los sindicatos han dejado claro que no van a permitir que se deshaga la mutualidad de los funcionarios públicos. Quien más claro lo expresa es Comisiones Obreras: «No vamos a permitir la desaparición de Muface». «Sobre este tema, por parte de CCOO, lo tenemos claro: defensa del concierto sanitario como defendemos la sanidad pública», aseveran desde el sindicato, que no considera incompatible defender Muface y el sistema público de salud. ¡¡¡Sin comentarios!!!
CSIF incluyó el incremento de la financiación del mutualismo administrativo en su listado de peticiones al nuevo Ejecutivo.
Muface necesita una inyección contundente de capital para que las aseguradoras no abandonen el modelo. En el último Consejo General de Muface, celebrado en octubre, la Dirección General de la mutualidad no incluyó la financiación en el orden del día, algo que disgustó a los sindicatos. Fuentes de CSIF explicaron que pese a ello se trató el asunto, dada la gravedad de la situación. Desde las aseguradoras confirman que «en los dos últimos años, entre las 3 aseguradoras, las pérdidas han sido de 340 millones de euros». Una cifra que podría crecer a los más de 500 millones el año que viene.