SITUACIÓN ACTUAL (2019): 9 millones de pensionistas, un gasto anual de 150.000 millones, un déficit de casi 18.000 millones € (un 1,4% del PIB) este año, y un fondo de reserva, la conocida hucha, tiritando, con solo 2.150 millones €
EN BREVE PLAZO: Inicio de la jubilación de los ‘baby boomers‘ (nacidos entre 1957 y 1977, 14 millones de personas) con pensiones muy altas pues han tenido unas vidas laborales muy largas y con sueldos (y cotizaciones) también muy altas.
Se impone una reforma que garantice la sostenibilidad económico-fianciera del actual sistema de pensiones públicas. Esa modificación solo podrá salir adelante y ser aceptada si es fruto del consenso político y social y va acompañada de mucha pedagogía, pues pese a que las pensiones figuran entre las principales preocupaciones de los españoles, su nivel de conocimiento es muy bajo.
UN MODELO DISEÑADO EN EL SIGLO XIX. El sistema público de pensiones español, como los de muchos países de nuestro entorno, beben del modelo de la Alemania de Bismarck, diseñado en el siglo XIX con las estructuras propias de la época, es decir, con trabajo infantil y una esperanza de vida mucho menor a la actual. Este modelo ha sobrevivido, con algunos retoques, durante 110 años en España (el origen puede señalarse en 1.908 bajo el gobierno de Eduardo Dato) y ha “hecho un trabajo extraordinario”, pero hoy la realidad social, a causa del “invierno demográfico” (aumento de la longevidad y disminución de la natalidad) es muy diferente. La probabilidad de que una persona llegue a los 65 años es del 90% y además va a vivir, de media, otros 21 años más y esa longevidad, “la mejor noticia para la humanidad”, tenga algunas “consecuencias colaterales peliagudas“.
El sistema español, reformado en el 2011 y 2013 (aunque esta última reforma está en suspenso), proporciona al pensionista una de las tasas de sustitución más elevadas del mundo: un 80%, frente, por ejemplo, al 50% de Alemania. Esto quiere decir que para la mayoría de los españoles su primera pensión está muy cerca de su último salario cotizado y esa “generosidad” haimpedido precisamente que se desarrollaran otros sistemas complementarios, el segundo y el tercer pilar, es decir, el ahorro en el ámbito de la empresa y el ahorro individual.
JUSTICIA INTERGENERACIONAL. El sistema público no va a desaparecer, nunca, nadie va a quitarle su pensión a nadie, pero habrá que reformarlo, para que continúe haciendo honor a sus promesas de pensión, no solo para las generaciones presentes sino, y fundamentalmente, para las generaciones futuras.
Es sabido que nuestro sistema es de reparto, es decir, que los cotizantes actuales financian con sus cuotas las pensiones de los jubilados actuales, y aunque los trabajadores en activo actuales adquieran unos derechos, eso no les adjudica necesariamente una pensión en la cuantía equivalente hasta el momento mismo de la jubilación. Así, los actuales pensionistas tendrán asegurados sus derechos, pero en modo alguno los próximos jubilados tienen que tener una pensión similar en circunstancias similares.
“Tenemos que actuar, tenemos que actuar, pero nadie hace nada, o se hace a medias”, y hasta que no estemos cerca del colapso no se va a reaccionar, y el ciudadano entonces no le quedará otra que adaptarse.
Aunque la fragmentación el arco parlamentario no invita al optimismo, hay que abogar por un consenso político para abordar el futuro de las pensiones. Los líderes políticos son los que tienen la responsabilidad de pilotar el debate, aunque tenga coste electoral, pero también es preciso el consenso de la sociedad civil.
El concurso de la sociedad en su conjunto se antoja imprescindible: si no hay esa implicación, solo basta con decir que se va a hacer una reforma para que la gente salga a la calle asustada. Pero para que las imprescindiblesreformas se entiendan, se compartan y acepten socialmente hay que hacer pedagogía. Para ello la información es clave, y los españoles por ahora tenemos interiorizado erróneamente que cuando lleguemos a la jubilación seguiremos cobrando y mantendremos el mismo nivel de vida que hemos tenido hasta el momento.
Una campaña institucional e informar a los trabajadores, como ya preveía la reforma del 2011, de su expectativa del derecho a pensión son medidas que deben ponerse sobre la mesa de inmediato para acabar con este desconocimiento.
