El 22 % de la población total cobra alguna pensión. Ahora hay un millón más de pensionistas que hace diez años. El importe de la pensión media también aumenta: 45 % en los últimos diez años (un ritmo medio anual acumulativo de 3,7 %; el IPC subió, de media, 1,7 % anual). Estos datos bastan para entender que el sistema de pensiones está en una situación preexplosiva.
Las advertencias de demógrafos y economistas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones fueron desoídas, prefiriéndose una gestión cortoplacista, que agravó la magnitud del problema. Pero estamos llegando al límite. Por un lado, no es viable seguir aumentando el endeudamiento, pues la deuda pública ya es gigantesca y por otro, tampoco es viable intentar sostener el sistema mediante incrementos en las cotizaciones sociales, pues las de España ya son de las tres más altas de la UE.
La alternativa es clara: o se actúa con prontitud para neutralizar esta amenaza a la estabilidad económica o no puede descartarse que se llegue a escenarios dramáticos como los que sufrieron Grecia y Portugal, donde no tuvieron más alternativa que recortar las pensiones. Una situación peor que el congelamiento de las pensiones que decidió en 2010 el gobierno de Rodríguez Zapatero (con el voto favorable del entonces diputado Pedro Sánchez).
Es evidente, pero parece que muchos lo olvidan: si el sistema es «de reparto» (las cotizaciones que se pagan financian las pensiones de hoy; no hay ningún ahorro) y necesita más ingresos, hay que maximizar la creación de empleo para aumentar la recaudación de cotizaciones sociales. Para ello, el primer paso es dejar de penalizar la contratación anulando los recientes incrementos de cotizaciones (Mecanismo de Equidad Intergeneracional y Recargo de Solidaridad).
Todos deseamos que las pensiones puedan actualizarse según la variación del IPC. Sin embargo, eso no debe ser un dogma que se aplique sin tener en cuenta el estado de la economía, las cuentas públicas y el mercado laboral. No es equitativo ni sostenible que las pensiones aumenten más que los salarios que las financian.
La única forma de blindar las pensiones a largo plazo es crear cuentas virtuales individuales (las “cuentas nocionales”), como ya hicieron Suecia e Italia. Con ese sistema, las cotizaciones siguen siendo recaudadas por la Seguridad Social (que sigue pagando las pensiones) pero se capitalizan (se acumulan, incrementándose además por un tipo de interés, por ejemplo, el rendimiento medio de la deuda pública). El capital virtual que cada uno acumule sería la base para el cálculo de la futura pensión, sin perjuicio de eventuales fórmulas de solidaridad que puedan complementarla. Eso permitiría que cada uno se jubilase cuando quisiera.
El sistema de cuentas nocionales es una solución lenta (solo se puede aplicar a los más jóvenes), por eso se necesitarán medidas de transición. Una sería incorporar un componente que tenga en cuenta la expectativa de vida de cada nueva generación de pensionistas (como hacía el derogado «factor de sostenibilidad»).
