España fue el país europeo que destruyó más puestos de trabajo durante los meses del primer confinamiento como consecuencia de la precariedad del empleo. El porcentaje de temporalidad en España supera el 25%, lo que provocó que muchas empresas simplemente dejaran extinguirse estos contratos para así aliviar sus cargas salariales. En apenas un mes y medio se destruyeron un millón de empleos, de los cuales, casi el 90% eran temporales, esto es, de rentas bajas. Por el contrario, los contratos indefinidos de larga duración apenas se destruyeron, protegiendo así a empleados de rentas altas y largas carreras de cotización. Esto explica que casi el 70% de los empleos perdidos sean justo de ese 30% con menores ingresos.
En total, la destrucción de empleo entre las rentas bajas ha provocado una caída de sus ingresos salariales de algo más del 4%. Este es el peor dato de Europa y muestra la magnitud del golpe provocado por el aumento del desempleo.
En España, durante las peores semanas de la pandemia, los ERTE llegaron a proteger a más de 3,5 millones de trabajadores. El problema es que, una vez más, los sectores y trabajadores más afectados fueron las rentas bajas. Aunque Eurostat todavía no ofrece datos de variación de rentas en función del nivel de responsabilidad de los trabajadores, las cifras parecen apuntar a que las empresas no metieron en los ERTE a sus trabajadores más valiosos. Si así lo hubiesen hecho, la caída de rentas de este grupo social habría sido más acusada, ya que los ERTE ofrecen una renta limitada muy inferior a los salarios más altos.
Esta crisis también ha sido diferente desde el punto de vista del despliegue de la protección social para evitar una caída aún mayor de las rentas de los hogares. El sector público de España y del resto de los países europeos ha jugado un papel fundamental para contrarrestar el desplome de ingresos de mercado gracias a la protección extraordinaria a desempleados y a trabajadores en ERTE.
Según los datos de Eurostat, en España la protección pública redujo de forma significativa la caída de las rentas salariales de los hogares. En el tramo de las rentas bajas la caída de rentas se moderó en tres puntos gracias a la protección social, pasando así del -10% al -7%. En el tramo de las rentas medias pasaron de sufrir una caída de los ingresos salariales de mercado del 6,5% al 4,5%. En el tramo de mayores ingresos la moderación de la caída fue inferior a los 0,5 puntos precisamente porque los ERTE garantizan una parte mínima de los ingresos de este grupo social.
En conjunto, gracias a la protección social, la caída de las rentas de los hogares en España pasó del 4% al 2%. Aunque estos esquemas no consiguieron evitar el aumento de la desigualdad, sí que aportaron un avance importante respecto a crisis anteriores. Sin embargo, España todavía tiene mucho camino por delante antes de compararse con los países líderes del continente. De hecho, el efecto ‘amortiguador’ del sector público está entre los más bajos de la Unión Europea. Otros países, como Francia, Grecia o Eslovaquia, han conseguido minimizar la caída de rentas en más de tres puntos porcentuales.
Pero el caso más sorprendente es el de los Países Bajos, ya que la protección social ha conseguido proteger íntegramente las rentas salariales de los hogares, y eso a pesar de que la caída de los ingresos de mercado fue del 3,5%. El sector público pudo compensar toda esta caída. La protección de rentas ha permitido que el país mantuviera niveles de consumo elevados a pesar de las dificultades. Esto explica, por ejemplo, por qué en el tercer trimestre el país se situó ya a solo un 2,5% de los niveles de PIB previos a la crisis. Por el contrario, España está casi un 9% por debajo.
Fuente: El Confidencial
