El coste de la masa salarial supone el 56% de la recaudación tributaria. Los salarios en los ministerios superan por primera vez al de las CCAA y ayuntamientos
Otro nuevo récord. El gasto de personal en funcionarios y en cargos políticos en el conjunto de las Administraciones Públicas superó en 2025 la barrera de los 180.000 millones. Según los datos de la liquidación presupuestaria, la cifra alcanzó los 181.494 millones frente a los 172.749 millones de hace un año; o los 127.668 millones registrados en 2018 cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Se trata de un crecimiento del 5,1% (8.745 millones más) sobre el año anterior y del 42,1% (casi 54.000 millones más) respecto al de hace siete años.
Este coste se ha duplicado en sólo 20 años (en 2005 era de 90.698 millones) mientras que la inflación acumulada en este periodo se situó en el 56%. Y se ha multiplicado por casi cuatro veces desde que hay series estadísticas (1995), mientras que la evolución del IPC ha sido del 102% en estos 30 años. La novedad es que, por primera vez, el gasto en remuneraciones de los ministerios crece ahora más que en el resto de las Administraciones. Así, la masa salarial en la Administración Central aumenta a un ritmo del 6,5% (7% en sus organismos autónomos), el alza en las autonomías es del 4,8% y del 4,9% en los ayuntamientos y diputaciones.
De esta forma, los ministerios han tomado el relevo a las autonomías en este incontrolable crecimiento. El gasto en el Estado se ha acercado a los 32.600 millones; el de las regiones (dónde coexisten sectores con mayor intensidad laboral como la sanidad y la educación) supera los 113.200 millones; el de la Administración Local alcanza los 32.500 millones y el de la Seguridad Social llega a más de 3.100 millones.
Todo esto supone que cada habitante en España debe contribuir ‘a escote’ con casi 4.000 euros anuales de media (16.000 euros en el caso, por ejemplo, de un hogar con una pareja y dos hijos) para satisfacer el pago de esta ingente masa salarial que no cesa de crecer; sobre todo, cuando se acercan elecciones (para consolidar los enchufes de los partidos políticos en las plantillas por si hay cambio en los gobiernos) o cuando hay giro político (para dar entrada a nuevos compromisos laborales y personales manteniendo las anteriores estructuras de personal acumuladas).
Sólo hay que ver que las remuneraciones aumentaron un 5,1% en 2025 en el conjunto de las Administraciones, con un crecimiento del 2,5% de los salarios sobre la subida consolidada del año anterior, más otros 0,5 puntos por a la evolución del IPCA. Otra de las causas del repunte del gasto son los actuales salarios públicos, poco competitivos respecto a los existentes en el sector privado, ya que superan en más de un 50% su nivel medio.
Más partidas de gasto
También influye el mantenimiento de los llamados deslizamientos salariales, como son las antigüedades (trienios retribuidos), que prácticamente han desaparecido en las empresas privadas. Y, probablemente, la decisión del Gobierno de reducir la jornada laboral en el sector público a 35 horas, coincidiendo con la actual etapa electoral en las autonomías y preelectoral a nivel nacional, también tendrá incidencia en la evolución de este gasto y en nuevas contrataciones a pesar de la irrupción de la IA y de la ingente inversión pública realizada en tecnología y en procesos informáticos con la exigida colaboración de los ciudadanos.
Estos 181.494 millones de euros representan casi el 11% del PIB y el 24% de los gastos totales no financieros de las Administraciones, incluyendo la Seguridad Social. Si se suprime el coste de las pensiones, cuya recaudación y gasto tienen un objetivo finalista y su deuda se computa de forma ‘independiente’ a la del Estado, las remuneraciones de los empleados públicos suponen ya un 37% del gasto público total. Es decir, más de un tercio de los presupuestos se destinan a pagar nóminas. La situación es llamativa en el caso de las autonomías ya que en media tienen que destinar un 40% de su gasto a este capítulo (los ayuntamientos se quedan en el 32%).
Pero hay casi una decena que tienen que dedicar un porcentaje superior. Por ejemplo, Castilla La Mancha y Extremadura llegan al 48%; Murcia se queda en el 47%; y Andalucía alcanza el 46% mientras que Asturias y Aragón superan el 45%. Llama la atención también el importante incremento de la masa salarial respecto al año anterior en autonomías como Canarias (6,9%) o Baleares (6,8%) mientras que en Aragón el incremento es sólo del 1,2%. En términos de PIB regional, Extremadura emplea el 11,1% de su economía a pagar nóminas públicas; Canarias, supera el 9%; Murcia llega al 8,7%; Castilla La Mancha se sitúa en el 8,6%; y, por su parte, Andalucía y Asturias alcanzan el 8,5%.
Los salarios se comen los ingresos del IRPF
Este coste en masa salarial supone además el 56% de la recaudación tributaria del país (325.356 millones) y representa la totalidad de los ingresos obtenidos por el IRPF (142.466 millones), el principal impuesto, así como, por ejemplo, la práctica totalidad de la caja obtenida por la liquidación del Impuesto de Sociedades (42.266 millones). Lo que supone un cierto encorsetamiento de las posibles disponibilidades presupuestarias para otras actuaciones que generen actividad para la economía. El gasto es casi similar ya al que se destina a pagar todas las pensiones contributivas (182.000 millones).
En todo caso, estas cifras corresponden al ámbito presupuestario limitativo, es decir, no contemplan, por ejemplo, el coste de las nóminas del sector empresarial o incluso fundacional en la órbita de las tres Administraciones. El detalle figura en la Contabilidad Nacional. Se ha situado en años anteriores en el entorno de otros 30.000 millones más. Por si fuera poco, el pago de las dietas (indemnizaciones por razón de servicio) se han sacado de este Capítulo I presupuestario y se liquida a través del Capítulo II relativo a los Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (la cifra superará con creces los 2.000 millones en su conjunto).
Lo mismo ha sucedido con el déficit del sistema de pensiones de los funcionarios, otros 22.000 millones anuales, que ahora se incluyen en el Capítulo IV de Transferencias Corrientes, y que se abonan con la caja de los impuestos ya que el empleador (las Administraciones) no realiza cotización empresarial alguna de los empleados que entraron en las Administraciones antes de 2012. A partir de entonces, todas las nuevas altas laborales se adscriben a la Seguridad Social con la correspondiente aportación.
La ‘bola’ del gasto improductivo
Todo esto evidencia que el incremento de esta inmensa ‘bola de nieve’ de gasto improductivo, que detrae recursos para generar actividad económica y empleo en el sector privado, se debe sobre todo al continuado aumento de efectivos. En 2025, con 3,6 millones de empleados públicos y de cargos políticos, ha seguido esta tónica inflacionista de personal. Hay 50.000 más respecto al año anterior, la mitad en la Administración Central, según la EPA. Sin embargo, en la estadística de afiliación a la Seguridad Social, la más real, sale que en este ejercicio se crearon 90.000 puestos más hasta un total de casi 3,2 millones.
La diferencia entre ambas cifras oficiales totales es que en las de los cotizantes no figuran, por ejemplo, los más de 600.000 funcionaros de carrera que ingresaron en las Administraciones antes de 2012. Es decir, ningún Gobierno ha configurado una estadística cerrada del volumen real de efectivos. La estimación es de más de 3,8 millones. En todo caso, según la liquidación presupuestaria, el empleo público ha crecido un 2,9% en el último año, pero en los ministerios el alza es del 4,4% (hasta 484.302 afiliados medios) frente al 3,2% de las Administraciones autonómicas (hasta 1.930.593) y al 1,4% de las corporaciones locales (hasta 747.166). Mientras, el Gobierno prepara nuevas ofertas de empleo público.
Fuente:Pagar las nóminas de políticos y funcionarios cuesta ya 4.000 euros a cada español | Vozpópuli
