A poco menos de un mes de que comience la campaña electoral del 29-N, los partidos ya se esfuerzan por que las pensiones acaparen gran parte del debate político. A priori, nada sería más deseable, ya que la crítica situación que afronta un pilar tan importante del Estado del Bienestar merece un debate profundo y en detalle, del que ningún político ni autoridad debería excluirse. Así lo justifican previsiones tan inquietantes como las propias de la Seguridad Social, según las cuales el ya cuantioso desembolso en esta partida crecerá hasta cuadruplicarse en 2050, y rebasar los 400.000 millones.
Pero, lamentablemente, la discusión está muy lejos de plantearse en los términos que merece. Todo lo contrario, el Gobierno se focaliza en el muy corto plazo y se limita a garantizar su inmediata actualización con el IPC, aunque el Ejecutivo entre en situación de interinidad. Por su parte, los partidos de derecha e izquierda, con raras excepciones, se aferran a la evidente suposición de que el Estado siempre tendrá a su disposición instrumentos como la emisión masiva de deuda y los préstamos de la Administración central a la Seguridad Social, con cargo a impuestos, que permitirán seguir pagando las pensiones.
Con todo, más allá de esas obviedades, el Gobierno y los partidos evitan reconocer el alto coste al que esos atajos conducirán, en forma de fuertes subidas fiscales y, sobre todo, de recortes en otros servicios públicos. Es de todo punto imposible alimentar sin tasa el gasto en pensiones, año tras año, sin pagar un peaje en forma de menores recursos para cuidados a la dependencia, sanidad o educación. Hurtar esa realidad a la opinión pública constituye, junto a un uso electoralista del debate sobre las pensiones, una grave irresponsabilidad
En las elecciones generales de 1993, la acusación lanzada por Felipe González de que las pensiones peligraban si ganaba José María Aznar tuvo un efecto electoral decisivo, fatal para el Partido Popular. Desde entonces, los jubilados son el colectivo mimado por toda la clase política de la gerontocracia del 78. Nadie se atreve a cantarles las verdades del barquero sobre el sistema de las pensiones porque la democracia está secuestrada por sus votos.
La acusación es falsa porque ningún partido propone recortar las pensiones actuales. Lo que sí es cierto, y nadie se atreve a decir con claridad, es que el sistema contributivo ya no se sostiene solo con las cotizaciones. En 2025 el déficit del componente contributivo superó los 56.000 millones de euros (el 3,4% del PIB) y el déficit básico del sistema, una vez descontadas las transferencias del Estado, rondó los 70.000 millones. Ese agujero se cubre con impuestos generales y con deuda, es decir, con el dinero de quienes todavía están en activo y de quienes ni siquiera han nacido. La ratio de cotizantes por pensionista está en torno a 2,3 y las proyecciones demográficas la sitúan por debajo de 1,5 hacia 2050. No hace falta ser economista para entender qué sucede.
Mientras tanto, los jóvenes que financian este esquema soportan salarios estancados, cotizaciones crecientes y un mercado de la vivienda que les impide formar hogares y tener hijos. El sistema no solo es deficitario; es regresivo entre generaciones. Las pensiones mínimas y las revalorizaciones con el IPC se defienden con razón como red de seguridad, pero se defienden al mismo tiempo que se impide cualquier debate serio sobre la edad de jubilación, sobre el cálculo de la pensión media o sobre la necesidad de un segundo pilar de capitalización. Los mayores piden y los partidos dan; los jóvenes pagan y callan.
