La mesa de negociación para discutir la polémica ampliación del periodo de cómputo de las pensiones, que Inclusión preveía abrir en febrero, ni está ni se la espera a un mes de las elecciones andaluzas
“No le ponemos una línea roja sino diez líneas rojas”. Es el aviso que lanzaron los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, sobre la reforma de las pensiones más polémica que tiene encima de la mesa: la que ha comprometido con Bruselas ampliar el periodo de cómputo de las pensiones. Así lo vienen advirtiendo desde principios de año los sindicatos, cuando esta reforma debería empezar a negociarse y tramitarse en este primer semestre, dado que se ha acordado con la Comisión Europea que estará en vigor el 1 de enero de 2023.
La oposición de Podemos ha sido si cabe más frontal y viene de lejos. Ya Pablo Iglesias realizó una marcaje intenso a Escrivá cuando se filtró un borrador de Inclusión que planteaba aumentar de los 25 a los 35 años el periodo de cálculo de las pensiones, cuya autoría el ministro se apresuró a negar. Desde Unidas Podemos, a través de diversos cargos, han reiterado que un aumento de los años de cómputo de la pensión suponía un recorte “incomprensible” del 5% de las pensiones y que llevar a cabo un planteamiento así supondría incumplir el acuerdo de gobierno con el PSOE. En ese sentido, apuntaron que no creían que llegaría al Congreso y que, en caso de ser así, en ningún caso lo apoyarían.
Para muestra de la polvareda que levanta esta reforma, la reacción que se produjo el pasado noviembre, cuando el Gobierno publicó el Operational Agreement sobre el Plan de Recuperación que había firmado con la Comisión Europea en el que se dice que se compromete a aprobar esta medida, lo que ya era conocido. Pero su mención en este nuevo documento como “ajuste del periodo de cómputo, alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación” levantó ampollas.
El Gobierno tuvo que ponderar su discurso y defiende ahora que elevar el periodo de años utilizado para calcular la cuantía de la pensión “no necesariamente conlleva una bajada” de la prestación e, incluso, que supone “todo lo contrario“, según planteó la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. En esta línea, el argumentario de Inclusión es que se dirige a las nuevas carreras profesionales, que tienen “lagunas de cotización”.
Según Escrivá, esta reforma no servirá “para reducir el gasto en pensiones en ningún caso sino para hacerlo más equitativo”. “Lo que va a hacer es mejorar la situación de estas personas cuyos últimos años no son los mejores”. El ministro ha explicado que las nuevas realidades en el mercado de trabajo, que surgen fundamentalmente de la crisis anterior, dan como resultado “carreras de cotización más volátiles”, menos lineales, en las que “los últimos años no son necesariamente los mejores”, algo que le sucede al 30% de los trabajadores que se jubilan.
A finales de febrero, desde Inclusión asumían que debían convocar en breve a los agentes sociales a la mesa de negociación de acuerdo con los plazos asumidos con Bruselas. Pero esta mesa no se ha constituido ni se la espera, según fuentes sindicales y de la patronal, que atribuyen el parón a la cercanía de las elecciones andaluzas, que se convocaron el 26 de abril para el 19 de junio.
Escrivá trata ahora mismo de cerrar una reforma parcial de otra polémica propuesta, la que pretende que los autónomos coticen según sus ingresos reales. El viernes reunió por primera vez desde el 28 de febrero a todas las federaciones y agentes sociales, después de la polémica que ha supuesto que negociara bilateralmente con algunas de ellas pero excluyera a la mayoritaria, ATA. La mesa de los autónomos arrancó en noviembre y todavía no hay un horizonte claro, que ahora se intenta delimitar para tener algún texto preparado el 30 de junio.
Actualmente, para hacer el cálculo de la pensión, se utilizan los salarios de los últimos 25 años trabajados. Lo pactado con Bruselas supondría no detener el contador ahora y continuar incrementándolo en 2023, lo que no se concreta. Esto lo venía defendiendo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que presidía Escrivá.
Debido al incremento progresivo que se produce en los sueldos con el paso de los años, tener en cuenta un periodo de tiempo más amplio para calcular la pensión se traduce en una pensión pública más baja y, en consecuencia, en un ahorro para la Seguridad Social.
Fuente: Vozpopuli
