El sistema de pensiones público ha vuelto al centro del debate a raíz de la convocatoria de elecciones, en tanto que es una de las cuestiones clave para millones de españoles a la hora de decidir su voto. Dado que el incremento del gasto parece asegurado por un número creciente de pensionistas y -mientras se mantenga-, por la revalorización anual de sus nóminas con el IPC, las dudas se centran en si el esquema de ingresos será suficiente para poder afrontar esta partida de gasto.
Seguridad Social registra a día de hoy un récord de cotizaciones, impulsado por las cifras de empleo y por la creación de algunas cuotas nuevas en la reforma del sistema llevada a cabo entre 2021 y 2023. Sin embargo, las transferencias que realiza el Estado de fondos procedentes de otra serie de impuestos tienen una importancia creciente a la hora de pagar a los jubilados. De acuerdo con el último análisis de la AIReF, estas suponen ya un 2,8% del PIB, lo que significa que cubren un 20% del presupuesto anual, que asciende ahora a un 13% del PIB.
Este es el resultado de la denominada «separación de fuentes de ingresos» del sistema, por la que se entiende que las cotizaciones no deben asumir el pago de las ayudas no contributivas o universales. La ley de Seguridad Social recoge que los Presupuestos Generales del Estado deben cubrir estos gastos, así como los derivados de las pensiones de los trabajadores que sí cotizaron, si hubiera una necesidad «específica».
El importe de esta inyección de dinero del Estado a Seguridad Social no ha dejado de crecer en los últimos años, hasta rozar los 48.000 millones de euros en 2025. El organismo fiscalizador de las cuentas públicas espera que estos envíos se incrementen en un 0,3% del PIB en el periodo 2022-2050, no obstante, advierte que «no todo el incremento de las transferencias a los Fondos de la Seguridad Social supone un fortalecimiento de los ingresos del sistema público de pensiones». Para la AIReF, solo las dirigidas a financiar la reducción de cotizaciones sociales o el incremento de gasto no contributivo consiguen reforzarlo.
A modo de contexto, se proyecta que el peso de las aportaciones del Estado crecerá casi en la misma medida que la recaudación por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), creado en 2021 y que grava todas las nóminas con el objetivo de volver a generar una hucha con la que cubrir una parte del gasto creciente en pensiones. Este empezó restando un 0,6% de la nómina de todos los trabajadores y está programado que al final de la década recorte un 1,2% al mes. A lo largo de 2025 dejó unos ingresos de 4.906 millones de euros, casi el doble de lo presupuestado en un inicio por la creación de empleo.
La citada ley de Seguridad Social establece que todas las pensiones no contributivas por jubilación o invalidez, el subsidio por maternidad, los complementos por mínimos de las pensiones, el IMV, así como toda la «acción protectora de la Seguridad Social» se pague con cargo a los Presupuestos del Estado. Toda esta tabla de gasto no contributivo representó un gasto de 23.000 millones de euros el año pasado, una cuantía que no supone ni la mitad del conjunto de transferencias realizadas a lo largo del ejercicio por el Estado a Seguridad Social.
Según el mismo avance de las cuentas públicas de diciembre, a lo largo de 2025, se gastaron más de 134.500 millones de euros en abonar las pensiones contributivas (las de aquellos jubilados que habían aportado a la Seguridad Social el tiempo suficiente como para generar este derecho). La cuantía que había sido presupuestada a inicios de ese año no fue suficiente para asumirlo, debido a que el Gobierno lleva toda la legislatura sin aprobar unos nuevos Presupuestos. Por eso, se añadieron otros 23.000 millones de euros para hacer frente a este gasto, que se habrían cubierto con transferencias del Estado.
Con todo, existe una vía alternativa, la concesión de créditos financieros a la Seguridad Social. Si bien, esta ha sido criticada de forma reiterada por el Tribunal de Cuentas, la última vez fue en el mes de junio. También las recomendaciones del Pacto de Toledo han apuntado en esta dirección históricamente. El Tribunal razonó que todas las necesidades de liquidez para pagar estas prestaciones tendrían que cubrirse desde las Cuentas públicas, en lugar de engrosar una deuda que supera los 125.000 millones de euros y que nadie está exigiendo que se pague por el momento.
El Gobierno se anota el mayor agujero patrimonial de la historia de la Seguridad Social tras dos reformas de las pensiones
La Tesorería General de la Seguridad Social alcanza ya un patrimonio neto negativo de 116.100 millones de euros según cifras oficiales remitidas al Tribunal de Cuentas
El Gobierno se anota el mayor agujero de la historia de la Seguridad Social tras sus dos reformas desde 2021. El Ministerio de Inclusión ha cerrado las cuentas del sistema en 2025 y certifica que presenta ya un agujero patrimonial de 116.100 millones de euros, según el documento revisado por este diario que ha sido elaborado antes de su envío este mes al Tribunal de Cuentas.
Esta colosal cifra es el nuevo patrimonio neto negativo de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el último ejercicio cerrado, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio. Se trata del mayor saldo negativo de la historia en la Tesorería General, porque el sistema sigue necesitando préstamos del Estado para cubrir pensiones y otros gastos. Este desajuste se produce tras las dos citadas reformas del sistema de pensiones y es un dato a valorar en pleno debate sobre seguir revalorizando todas las pensiones con el IPC.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, se muestran dispuestos en sus declaraciones en precampaña electoral a apoyar una nueva revalorización con la inflación en cumplimiento de la ley. Ninguno plantea por ahora medidas adicionales para embridar las cuentas.
Funcas estima que si, como todo apunta, las pensiones suben un 3,6% el próximo año, la ya elevada factura se encarecerá en otros 8.400 millones sin que el incremento de cotizaciones pueda cubrir todo el aumento de gastos. Para el experto de Fedea y Santa Lucía, Miguel Ángel García, la factura puede subir en realidad en 17.000 millones porque a la revalorización hay que sumar otros dos conceptos: «un 1,8% más de pensiones y el llamado efecto sustitución que aumenta otro 2%».
El Tribunal de Cuentas iniciará su fiscalización en las próximas semanas de este nuevo récord desfavorable que muestra que la Seguridad Social necesita seguir endeudándose con el Estado, como viene sucediendo desde la pasada década.
Presentar patrimonio neto negativo implicaría en una empresa privada entrar en quiebra técnica, pero los sucesivos gobiernos defienden que no se puede analizar contablemente como en una sociedad mercantil, porque el Estado siempre garantizará el pago de pensiones y, si es necesario, no pedirá la devolución de la deuda.
Las cifras del Ministerio suponen un nuevo incremento del agujero de cerca de 10.000 millones, un 8% con respecto a los 107.375 millones de 2024. Esta última cifra ha sido reformulada al alza en más de mil millones en comparación con la cerrada inicialmente hace dos años, porque, según el informe, ha habido correcciones y ajustes adicionales que realizar. «Este nuevo incremento del patrimonio neto negativo muestra que el sistema sigue siendo deficitario y que necesita, además de transferencias del Estado, nuevos préstamos dentro del estrecho margen que permiten los presupuestos prorrogados», señala a este diario el mencionado Miguel Ángel García. En su opinión, el incremento de este agujero patrimonial es un nuevo reflejo de que el déficit estructural del sistema también bate nuevos récords en cifras absolutas. Según su estimación, el desequilibrio crónico es ya superior a los 60.000 millones, el 3,7% del PIB, pese al incremento de las cotizaciones forzado por el Gobierno en sus reformas para intentar cuadrar cuentas.
El Ministerio de Inclusión recalca que el déficit contable se está acortando al quedar en 7.352 millones en 2025, un 0,4% del PIB. Pero el experto de Fedea y muchos otros analistas recalcan que esa cifra no recoge las cuantiosas aportaciones del Estado para cuadrar las cuentas. Una cosa es el déficit contable y otra el contributivo, como muestra que el préstamo que agudiza el fondo patrimonio negativo es superior al desfase que contabilizó el Ministerio.
«Los ingresos suben, es cierto, pero más aún los gastos«, recalca Miguel Ángel García. Su estimación es que el déficit contributivo ha pasado de 32.015 millones en 2018 a 56.946 millones en 2025, que son en realidad 61.881 millones al dejar fuera el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) introducido por el anterior ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. El desfase supone diez veces el presupuesto de vivienda del Estado y prácticamente todo el presupuesto destinado a educación, recalca García. «Hay que explicar a la gente que cuanto más se gaste en sostener el sistema de pensiones menos recursos hay para otras políticas», cifra.
El Tribunal de Cuentas ya alertó el pasado abril, un año más, del desequilibrio patrimonial creciente del sistema y la urgencia de corregirlo. «La solución adoptada para la cobertura de estos gastos ordinarios ha consistido en otorgar préstamos y transferencias corrientes por el Estado a la TGSS». En su opinión, «ninguno de estos préstamos ha sido devuelto, a pesar de haber transcurrido 32 años desde que se concediera el primero de ellos, ya que los que carecen de plazo de vencimiento continúan sin ser reintegrados y los que sí lo tienen han sido sistemáticamente prorrogados».
En paralelo, gobiernos del PP y del PSOE han utilizado parte del dinero para la llamada hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva, creado para dar la imagen de que hay colchón, pero que no tapa el déficit real del sistema.
Decir que se refuerza la hucha se ha convertido en un artificio que no refleja la realidad de la situación, porque el Estado tiene al mismo tiempo que aumentar sus transferencias y préstamos, mientras alimenta la hucha en cantidades inferiores.
«Como en años anteriores, ha de insistirse en el hecho de que la financiación por medio de préstamos del Estado no resuelve los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuye al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados y no tiene reflejo en su neto patrimonial, acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2024, de 126.170,2 millones de euros (un 7,91 % del Producto Interior Bruto (PIB) de 2024)», afirmó el Tribunal de Cuentas en aquel documento. El que tendrá que presentar el próximo año es aún peor.
