La Fiscalía reclama actualizar la normativa sobre prevención para incluir en las evaluaciones de riesgos las condiciones específicas que rodean a la mano de obra ante la escalada de la gravedad y la frecuencia de siniestros en el trabajo.
Está sobre la mesa una de las lacras pendientes de solución del sistema productivo español que figura en la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, que sugiere “plantearse la necesidad de una actualización de la normativa preventivo-laboral, en la que las condiciones que rodean a este tipo de mano de obra tuviesen que valorarse en las evaluaciones de riesgo”.
Los datos del Ministerio de Trabajo sobre siniestralidad laboral señalan que, una vez excluidos los accidentes in itinere, que son los que tienen lugar en los desplazamientos hacia o desde el centro de trabajo, uno de cada tres siniestros (87.933 de 264.822 de enero a julio de este año) se producen durante la manipulación de objetos y otro 13,2% (35.210) en su acarreo, a lo que se añade algo más de uno de cada cuatro en el manejo de herramientas (40.415), la operación de máquinas (12.489) y el uso de vehículos (19.496) como toros, transpaletas y otros.
Eso está ocurriendo en un contexto de repunte de la siniestralidad, con 2022 como el año con más accidentes laborales y con más de carácter mortal de la última década aunque, al mismo tiempo, con tasas de incidencia menores que otros años que apuntarían a la concentración de estos en algunos sectores y estratos de trabajadores.
Por ramos, las mayores incidencias se dan en la construcción y en la agricultura, con 639,5 trabajadores accidentados de cada 100.000 en el primero de ellos y con 430,5 en el segundo, una frecuencia mayor que la de una industria (406,2) en la que las actividades extractivas como la minería se disparan hasta los 583 mientras las relacionadas con el agua y los residuos alcanzan los 466,9 y el transporte llega a 354,7.
Estas tres últimas ocupaciones son al mismo tiempo las de mayor mortalidad, con ratios de, respectivamente, 5,5, 1 y 0,91 trabajadores fallecidos en accidentes laborales, un nivel al que solo se acerca la construcción con una tasa del 0,86.
La Fiscalía apunta esta impresión sobre los accidentes de mayor gravedad, que son los que llegan a su ámbito de investigación: “el impulso de la actividad constructiva e industrial derivado de la mejoría económica provocada tras la finalización de la pandemia ha llevado a muchas empresas a relajar los criterios de contratación del personal, aceptando a trabajadores con escasa cualificación.
“Nadie debería morir en su trabajo”
“Lo que cuentan los fiscales tampoco es tan novedoso. Lo que hacen es levantar acta de una precariedad que vulnera cualquier derecho humano. Nadie debería morir por su trabajo, pero es un hecho que ocurre y que está empezando a ser naturalizado. David Moral Martín, sociólogo, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y experto en prevención de riesgos, enmarca en panorama que describen los fiscales en una tradición histórica: “cuando se crean las relaciones laborales modernas en España, con la Constitución, hay algo que no se resuelve y que lleva a pagar la salud con dinero con los pluses de toxicidad y otros complementos”, explica, lo que derivó en “un mercado laboral de muy bajo nivel de seguridad” y con un tercio del empleo en precario.
A eso se le suma que la normativa europea que da origen a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 “estaba pensada para la gran empresa. La idea era ir bajando, pero lo que ocurría en la práctica en la microempresa era que se aplicaba un ahorro de costes: la formación debe ser práctica, pero a menudo no se hace porque el empresario considera que es un tiempo de trabajo que se pierde”.
A ese escenario se le añaden otros factores como la tendencia de la gran empresa a “externalizar el riesgo y subcontratar las tareas de mayor peligro a empresas de menor tamaño, con un deber de vigilancia que en la práctica no se acaba de cumplir”, o a la aparición de “nichos de empleo de menor cualificación laboral” anota el profesor.
“El riesgo es multicausal y el derecho penal es garantista”
“El derecho penal no está excesivamente adaptado a las materias de prevención y de seguridad, ya que el riesgo siempre es multicausal y el derecho penal es totalmente garantista, y eso genera problemas a la hora de comprender por qué se ha producido un accidente y de depurar las responsabilidades”, explica en profesor.
“Casi nunca se empapela al empresario. Son delitos muy atípicos, y los fiscales hacen lo que pueden con los medios que tienen. La Fiscalía debería disponer de inspectores formados para perseguir estas conductas”, señala el sindicalista, que remarca que “quien tiene la responsabilidad jurídica de la seguridad laboral es el empresario”.
El documento del ministerio público “insiste” en que las víctimas responden “en muchos casos” al perfil de “personas con poca cualificación, con contratos temporales o a tiempo parcial, con dificultades de adaptación al entorno y con falta de apoyo social”.
A este panorama se le añaden situaciones como el creciente número de trabajadores que se emplean como falsos autónomos tras ser “obligados a ello por la empresa”. “La vulnerabilidad puede venir determinada también por la realización de jornadas de trabajo excesivas, con escasos períodos de descanso o vacaciones, derivado de la necesidad de obtener ingresos económicos”, anota, a lo que se une un “aumento del riesgo en los casos de trabajos en los que se utilizan instrumentos o equipos que requieren especial atención, o cuando se trata de la conducción de vehículos a motor, tractores, etcétera”.
Fuente: Público
