Sé que algunos aún estamos de vacaciones, pero necesito hablar brevemente de los impuestos que tanto nos duelen pero que paradójicamente apenas los conocemos aunque sí los conocen bien nuestros bolsillos.
En España y Europa tenemos la costumbre de pagar los productos que compramos con su IVA correspondiente incluido; mientras que en Estados Unidos se marca el importe de los productos con el precio de venta sin los impuestos y es cuando pagas en caja cuando descubres que faltaba la carga fiscal asociada a la compraventa. Cuando no se incluyen los impuestos en el precio uno toma conciencia de manera clara del esfuerzo que exige a todos los ciudadanos el mantenimiento de políticas y servicios públicos. Aquí en España hay mucha gente que cree que solo paga un impuesto: el del IRPF, olvidando la amplia gama de tributos que nos acechan desde todas las administraciones.
Los impuestos afectan a todos y es muy difícil mantenerse en la neutralidad. Bien es verdad que a esta situación no es ajena la cerrazón de este Gobierno y su falta de transparencia; en especial la del Ministerio de Hacienda, en el que se ha colocado una cortina hermética a la información. Solo puede hablar la ministra y esta normalmente no sabe de lo que habla.
Pero, prescindiendo de la coyuntura actual, todo el mundo tiene que reconocer que si se quiere vivir en sociedad los impuestos son necesarios, y su cuantía va a depender del tipo de Estado que queramos. En un principio, el Estado tenía muy pocas funciones, tan solo las esenciales: justicia, policía, exteriores, ejército, y poco más. En consonancia, los impuestos eran también reducidos y muy simples. A medida que la actividad económica y la sociedad se volvieron más complejas, los Estados liberales tuvieron que asumir competencias adicionales en áreas como economía, infraestructuras, transportes y comunicaciones etc; y por lo tanto mayores gravámenes.
Con el Estado Social se produce un salto cualitativo. Además de los derechos políticos, se deben asegurar derechos sociales como empleo, educación, sanidad, pensiones, vivienda, seguro de paro, etc. De acuerdo con ello, la fiscalidad se hizo más compleja, progresiva y alcanzar una cota mucho más elevada. Hay que aceptar que el Estado social resulta caro, por eso desde principio de los ochenta, desde todos los sectores de la sociedad, desde la derecha o desde la izquierda se reclama la actuación del Estado y se exige su intervención. El Estado social es caro, pero más caro puede resultar no tenerlo. España se incorporó al Estado social más tarde que otros países, y aún continúa manteniendo un diferencial con ellos en materia fiscal. La presión fiscal en España es inferior en cuatro puntos a la media de la eurozona, y en tres a la de la UE.
Es la presión fiscal la magnitud que mejor valora la medida del gravamen que soporta un país. Expresa qué parte de su producción se orienta en primera instancia al sector público pero gran parte de esos recursos retornan al sector privado en forma de transferencias.Es curioso el lenguaje que emplean algunos a la hora de arremeter contra los impuestos, calificando de sector productivo al privado y de improductivo al público. No deja de ser sorprendente que se pueda pensar que la sanidad, la educación, la justicia, la vivienda, la seguridad, la construcción de carreteras, y tantas cosas más, no son productivas, cuando la sociedad no podría funcionar sin ellas. En este discurso la mayoría de estas actividades, curiosamente, pasan a ser productivas en cuanto que son administradas por el sector privado. Da la impresión de que lo que molesta es que se financien mediante impuestos y no a través del precio.
Sí hay algo cierto es que en los últimos años la presión fiscal española se ha incrementado y en mayor medida que la de otros países. En principio este hecho no tendría por qué ser censurable ya que la presión fiscal en España estaba por debajo de la media de la Unión Europea y continúa estándolo a pesar de esta subida. Pero el aumento de la presión fiscal no se ha producido tras un examen profundo de nuestro sistema fiscal, corrigiendo los defectos que este ha ido acumulando desde finales de los años ochenta. Tampoco se han cribado a todos los impuestos de esa maraña de deducciones, exenciones y en general de beneficios fiscales que se ha venido agrandando a lo largo de todos estos años, la mayoría ineficaces y carentes de sentido, si es que en el pasado lo tuvieron.
Por otra parte, buena parte del aumento de la presión fiscal se ha debido a la inflación, ya que el Gobierno ha sido muy remiso a tomar medidas compensatorias, ignorando las graves consecuencias que este fenómeno estaba produciendo en los ciudadanos. Con el argumento de mantener el sistema público de pensiones, se ha recurrido también a elevar las cotizaciones sociales. Sin duda esta finalidad requiere la subida de presión fiscal, pero se quiera o no, es un tributo sobre el trabajo.
Pero el cuestionamiento mayor a esta elevación de presión fiscal puede venir de que no aparece de forma clara cuáles han sido los objetivos a los que se ha dedicado y que podrían haber justificado el aumento. No se ha empleado para solucionar las enormes carencias que tiene la sanidad pública en todas las comunidades autónomas. Tampoco se ha utilizado para reformar la justicia, corrigiendo los vastos defectos que presenta su funcionamiento, en especial los retrasos, que generan un grave daño a la sociedad incluso en el aspecto económico. Del mismo modo, no se ha usado en la construcción de viviendas dedicadas al alquiler, ni en incrementar la cobertura del seguro de desempleo, ni siquiera en compensar los efectos de la inflación a los empleados públicos (sanitarios, docentes, policías, etc.), cuyas remuneraciones en términos reales se han reducido en mayor medida que con el recorte aprobado en 2010 por Zapatero.
Y desde luego, no se ha traducido en una reducción del déficit, ya que el endeudamiento público ha aumentado de forma cuantiosa. Incremento de la deuda que, por otra parte, al igual que los fondos de recuperación europeos, tampoco se ha destinado a ninguna de las aplicaciones anteriores. Quizas algún día sepamos a dónde han ido a parar los recursos. Impuestos sí, pero no para conceder una financiación singular a la Generalitat de Cataluña, sino para solucionar las múltiples carencias que tiene nuestro sector público.
¿A dónde vamos?
El IVA de España y Europa es el 21%, salvo en casos de IVA reducido, lo que puede parecer un abuso pero nos dicen (y creemos) que es para el bien de la sanidad y la educación, pero el día que alguien nos cuenta con precisión todos los gastos que genera un Gobierno y sus arbitrarias redistribuciones quizá nos echemos a llorar. Lo que hace prosperar a una sociedad no son los pagos del Estado sino los ingresos y los impuestos. Hay que exigir una mayor claridad y transparencia en las cuentas que emplea el Gobierno con nuestro dinero y no bastan las cifras de los Presupuestos Generales, hay que entrar al detalle del gasto mínimo.
El volumen de ingresos brutos en España no deja de crecer y de ser cada vez más impresionante: en 2023 se recaudaron 271.935 millones de euros, una cantidad que supuso un 6,4% más respecto al año anterior. Ahora solo falta averiguar el dispendio de esa misma cantidad, ya que la deuda también crece de manera desorbitada. Vivimos tiempos raros y turbios de un despotismo “poco” ilustrado cada vez más autoritario y menos instruido; más abusador del poder y menos erudito del saber. No es una caricatura sino la realidad de una sociedad que no se hace respetar por sus políticos, que traga con todo, y se ocupa de simplezas en lugar de asuntos importantes. Malos tiempos para la sensatez y demasiado espacio para la estupidez.
Los analistas más próximos a las tesis socialistas señalan que el procés ha muerto. Otros sostienen con matices que entramos en otra fase y los más analíticos, piensan que las medidas de Sánchez con tantas concesiones al independentismo, cupo privilegiado, cuerpo diplomático y nuevas embajadas, preparan un aterrizaje pactado bajo nuevas formas de desintegración de la casa común bajo el eslogan de “Catalonia is diferent” o defender un status al modo del Quebec libre.
Desde los inicios del sistema de financiación de las autonomías en torno a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), ha existido la opinión compartida de que dicho sistema dependiente en gran medida de las transferencias del Estado, creaba un régimen de haciendas parasitarias que no fomentaba la corresponsabilidad fiscal, sino antes al contrario, la diluía. El Acuerdo singular con Cataluña solo generará agravios comparativos y es preciso recordar que Cataluña fue la Comunidad Autónoma que más se benefició del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y que además el Estado responde amortizando el gasto (15.000 millones). Ni el País Vasco ni Navarra con régimen constitucional de concierto y convenio económico se beneficiaron de tales regalos.
Se quiere vender la idea de que este acuerdo transita hacia el Federalismo, cuando faltan los elementos clave de multilateralidad como expresión de la igualdad, Senado territorial donde limar las diferencias entre Federación y comunidades autónomas . Solo hay bilateralidad con agravios. Nos encaminamos a un nuevo modelo, sin saber hacia donde vamos con la sola constatación de que nos conduce a una España insolidaria a dos velocidades, donde los que tienen representación por el sistema electoral en el Congreso se llevan la parte del león y otros recogen las migajas. Mal acuerdo, por tanto, para el país en su conjunto. Es la ilusión financiera de los independentistas que un Estado central débil de la mano de su presidente parece querer propiciar.
