Lo que hizo Escrivá con las pensiones fue enredarlas más.
El nuevo gobernador del Banco de España deja su paso ministerial por la Seguridad Social con una deuda en máximos
Tener un brillante currículum laboral no garantiza ser un buen gestor. José Luis Escrivá acumula en procesión cargos de prestigio, que ha sacado adelante con solvencia a lo largo de los años y que le han permitido acceder al controvertido puesto con el que culminará su carrera: gobernador del Banco de España. Pero mezclar una carrera profesional con la política no le ha hecho ningún favor a este economista que ha acumulado desde que Pedro Sánchez le incorporara a su Gobierno una larga lista de reformas sin concluir, medidas que se han quedado a medias, múltiples encontronazos –incluidos algunos con el mismo Banco de España que ahora va a dirigir– y sonados fracasos, que no han sido pocos.
Se puede empezar por el macrofondo público de pensiones, que fue anunciado a bombo y platillo y, cuatro años después, mantiene su plataforma a medias, no ha captado fondos y ni siquiera tiene una fecha fija para arrancar, pese a que se apresuró en dejar en mínimos los incentivos de los planes de pensiones privados, perjudicando a millones de beneficiarios españoles.
Integrar de manera eficiente el ahorro y la inversión privados se está convirtiendo en una prioridad para que la población se asegure el bienestar financiero en el momento de la jubilación. En términos reales, para complementar la pensión pública con 1.000 euros adicionales al mes durante 10 años, los españoles necesitarán haber ahorrado al menos una cantidad igual al valor adquisitivo actual de 120.000 euros en el momento de la jubilación. Invirtiendo 50 euros al mes durante 40 años en un plan de inversión con una rentabilidad real anual esperada del 7%, el ahorro acumulado para su jubilación será de 128.166 euros. Los resultados de los estudios son claros: complementar las pensiones públicas con una inversión rentable en los mercados de capitales debería formar parte del plan de jubilación de todos los trabajadores españoles.
En segundo lugar, Escrivá se despidió como ministro de Seguridad Social con la mayor deuda acumulada por el sistema social, pese al recórd de recaudación de las cotizaciones del que se ha beneficiado. El agujero en las cuentas de la Seguridad Social alcanza los 116.000 millones de euros, un 9% más que hace un año, por lo que la reducción del déficit contable no ha redundado en una mejora de la situación patrimonial del sistema, que se ha sostenido gracias a las transferencias que ha recibido del Estado.
Y una de las principales causas de que la deuda no disminuya tiene que ver con el gasto en pensiones, que ha sufrido una aumento exponencial sin que la reforma impulsada por Escrivá haya resuelto su problema de sostenibilidad. Es más, su reforma no contempla a tres décadas vista ninguna disminución del gasto y se limita subir y subir los impuestos y las cotizaciones año a año, sin otro método de compensación. Una falta de sostenibilidad que ha sido criticada con dureza por organismo oficiales, como el Banco de España o la Airef, y prestigiosos como Fedea, el IEE o Funcas, e incluso la Unión Europea, que advirtió en su Informe de Envejecimiento de 2024 que sus medidas «multiplican por dos el déficit del sistema previsto» y «no garantizan los fondos necesarios para cubrir las pensiones durante los próximos 25 años». Por tanto, España será el país de la UE con el mayor aumento del gasto en pensiones por culpa de esta reforma que, según apunta el informe, «elevará el gasto hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB en todo el periodo de proyección», que alcanza hasta 2070. La dura más crítica llegó por la decisión de indexar la subida anual de las pensiones en base al IPC y, sobre todo, la eliminación del factor de sostenibilidad de 2023 por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), porque «no compensa ni garantiza la sostenibilidad a largo plazo».
No menos decepcionante ha sido la implantación del ingreso mínimo vital (IMV), que se ha convertido en un sonoro fiasco, del que se ha beneficiado menos del 15% de los ciudadanos que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y que tienen derecho a solicitarla. Una cifra absolutamente alejada de las previsiones del Gobierno. Expertos, analistas y ONG advirtieron a Escrivá del deficiente diseño de esta prestación, pero este hizo oídos sordos a sus propuestas, que pasaban por modificar el periodo de cómputo de los ingresos y aumentar sus cuantías y umbrales, flexibilizar los requisitos de patrimonio, generalizar los incentivos al empleo y, sobre todo, simplificar procedimientos y requisitos, y readaptar la fiscalidad. A nada de eso hizo caso durante su mandato.
Tras dejar Seguridad Social, Pedro Sánchez le entregó las carteras de Transformación Digital y Función Pública en la que apenas ha estado unos meses, pero su paso ha sido duramente criticado por sindicatos, funcionarios y empresarios. Las organizaciones sindicales han cargado duramente contra Escrivá por su falta de diálogo y resolución.
Lo que hizo Escrivá con las pensiones fue enredarlas más.
Casi todos los expertos han criticado con dureza la reforma que llevó a cabo José Luis Escrivá, ex ministro de la Seguridad Social y recientemente nombrado gobernador del Banco de España.
Escrivá enredó y confundió todavía más el sistema de pensiones con la reforma que realizó entre los años 2022 y 2023 siendo ministro de la Seguridad Social. Se han mostrado especialmente críticos con el aumento de la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se aprobó para 2023 en 0,6 % de la base de cotización –0,5 % de la aportación empresarial y 0,1 % del trabajador– y que irá aumentando de forma progresiva hasta que en 2029 se sitúe en un 1,2 % –1 % de aportación empresarial y un 0,2 % del trabajador–. Ese porcentaje destinado al MEI debería quedarse en el bolsillo de los trabajadores.
En 2023 salieron 213.429 millones de euros de la Seguridad Social y entraron unos ingresos de los trabajadores ocupados de 145.000 millones; la diferencia la puso el Estado. El patrimonio neto de la Seguridad Social está hoy en -102.000 millones de euros. “¿Qué va a hacer Escrivá cuando tenga que opinar de estas cuestiones?”
La indexación de las pensiones a la subida del IPC y el envejecimiento de la población hacen que suba y seguirá subiendo considerablemente el dinero que hay que destinar a esta partida, y que el Gobierno tendrá que detraer de otras por las exigencias de la Unión Europea.
En 2044, el coste de las pensiones de jubilación se duplicará, algo que hace evidente el déficit estructural al que se enfrenta el sistema y anticipa ajustes forzosos.
El sistema de pensiones español se verá obligado a ajustar algunos de sus parámetros en el futuro cercano. En 2044 el número de españoles cumpliendo 67 años será un 40,8 % más elevado que en 2024.
Analizando las cifras de las finanzas públicas y combinándolas con las previsiones demográficas y de ingresos del Tesoro público, podemos concluir que el sistema público de pensiones está sometido a una enorme presión. A medida que pase el tiempo, esto empeorará, a menos que se produzcan grandes e inesperados cambios en las previsiones. Este gran aumento del gasto en pensiones de jubilación contrasta con la incertidumbre sobre la evolución de los ingresos de la Seguridad Social debido, entre otras razones, al desplome de la natalidad en España.
En 2023, el 31 % del gasto de la Seguridad Social se financió con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Se prevé que los futuros costes de las pensiones dependan cada vez más de la financiación estatal, lo que creará una espiral financiera negativa. Si el aumento del gasto necesario no puede proceder de los Presupuestos Generales del Estado, es posible que el Gobierno tenga que aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores o reducir el valor de las pensiones públicas.
Se necesitan 20.000 millones más que hace cinco años para evitar la quiebra de las pensiones
El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en presumir de que el sistema de pensiones está saneado y en que registra superávit de 3.000 millones de euros gracias a la mejora del empleo y a la subida de los ingresos por las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero la realidad de las cifras es contundente: este año el sistema recauda un 33% más que en 2019, el gasto es también un 33% superior al de 2019, pero las transferencias del Estado de dinero de los Presupuestos Generales han crecido un 290%. Esas transferencias son imprescindibles para tapar el agujero real de la caja de la Seguridad Social. De lo contrario, no se sostendría.
El Gobierno cuadra las cuentas de las pensiones aportando en lo que va de año 30.577 millones, mientras que en 2019 las transferencias del Estado a la Seguridad Social fueron 10.570 millones. Es decir, el Gobierno necesita inyectar a la caja de las pensiones 20.000 millones más que hace cinco años.
De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social, de enero a julio de este año el sistema de pensiones ha ingresado 95.660 millones de euros. De enero a julio de 2019, antes de la pandemia y primer año completo de Sánchez en el Gobierno, la Seguridad Social ingresó 71.745 millones. El incremento es el citado 33%, gracias al aumento de afiliados y a la subida del 0,7% de las cotizaciones sociales -llegará al 1,2% en 2029 para pagar la pensión a los baby boomers-.
En cuanto al gasto, el sistema dedicó de enero a julio de este año 104.382 millones de euros en pagar las pensiones contributivas y no contributivas, frente a 78.376 millones de 2019. La diferencia es también el citado 33%. El motivo, la decisión de Sánchez de subir todas las pensiones con el IPC , lo que ha disparado los gastos hasta cifras récord.
Ingresos y gastos suben por tanto en la misma proporción. La diferencia está en lo que aporta el Estado a las pensiones de dinero procedente de los Presupuestos Generales. Son ingresos de la Seguridad Social que no provienen de las cotizaciones sociales y que le sirven para afrontar gastos o pagar prestaciones. Este año la aportación del Estado ya supera los 30.577 millones de euros, frente a los 10.570 millones de 2019.
Es la realidad de los datos que publica el Ministerio. Y es lo que también ha recalcado públicamente en alguna ocasión Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). «Los buenos datos que estamos conociendo en las pensiones se deben a las aportaciones económicas del Estado», dijo en noviembre pasado. «No es una opinión, es un dato. Es un dato que buena parte del saldo positivo de las pensiones se produce por las transferencias del Estado», subrayó. «Ya se hacía antes. Pero ahora es cuando se están disparando las aportaciones del Estado y los créditos extraordinarios a la Seguridad Social.», dijo.
Gracias a eso, el Gobierno puede presumir de incrementar la llamada hucha de las pensiones y de superávit en el sistema. Pero lo cierto es que nadie descarta que se tengan que volver a subir las cotizaciones sociales o contener las pensiones para no dinamitar el sistema, como alertó Bruselas en un reciente “Informe de Envejecimiento de 2024” , que representa una enmienda a la totalidad de la reforma Escrivá, y concluye que «En resumen, las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070».
¿Qué opinará el flamante nuevo presidente del Banco de España
sobre las consecuencias de su propia reforma de las pensiones?
