El número de pensionistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo, dependencia e Ingreso Mínimo Vital y de sueldos públicos superó el pasado agosto los 18,21 millones. Esto supone medio millón más que el número de ocupados en el sector privado registrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 17,69 millones. En el cómputo de trabajadores del sector privado se incluyen asalariados en empresas, empleadores, trabajadores independientes y empresarios sin empleados.
La brecha entre los que reciben sueldo o paga del Estado y los que la obtienen de una empresa no ha parado de aumentar. El número de pensiones contributivas se ha incrementado en un 11% desde 2014. Lo mismo ha sucedido con la plantilla de funcionarios, cuyo crecimiento ha compensado las caídas del empleo privado en tiempos de crisis. Cada vez hay más empleados públicos, pero con condiciones más precarias. Mientras, sí se constata una reducción de desempleo con respecto a otros periodos, pero un mayor número de ocupados no logra recortar la diferencia público-privada.
El envejecimiento de la población trabajadora y el aumento del número de pensionistas, que será imparable en los próximos años con el desembarco de la generación del baby boom en el sistema de pensiones, pone en grave peligro las prestaciones futuras. Pese a que las reformas de las pensiones sirven para aplazar unos años el momento crítico, no parece fácil evitar el colapso. Casi el 46% de los actuales afiliados a la Seguridad Social ya tienen más de 45 años. El porcentaje se ha elevado en cinco puntos porcentuales en poco más de cinco años.
Pensiones contributivas y no contributivas
Los datos analizados a partir de una decena de estadísticas y fuentes muestran una situación insostenible. El sector público se consolida como el mayor contratador a partir de un examen muy conservador en el que se tiene en cuenta el número de ayudas y no los ciudadanos a los que afectan. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se consideran los 649.332 hogares beneficiados, aunque la ayuda llega a 1.957.700 personas. Algunas de las prestaciones analizadas son compatibles, como la dependencia con las pensiones en la mayoría de los casos.
El número de pensiones alcanzó el pasado agosto los 10,2 millones, una cifra mayor que el número de pensionistas, que se sitúan en 9,3 millones. Esta última cifra es la que tenemos en cuenta para el análisis, ya que hay duplicidades con derivada de la pensión de viudedad con otras rentas. El importe destinado al pago de prestaciones contributivas superó el mes pasado los 12.828 millones de euros, según la Seguridad Social. La cuantía media de estas pensiones se situó en el octavo mes de año en 1.256 euros. Existen importantes diferencias entre sexos, regímenes e incluso provincias.
En cuanto a las pensiones no contributivas, la estadística del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) muestra que en el mes de agosto había 455.567 beneficiarios. El 62,5% lo era por una prestación de jubilación. El coste de estas ayudas, diseñadas para los ciudadanos que no cumplen con los requisitos para recibir una pensión contributiva, es de 244 millones mensuales. La paga media se sitúa en 536 euros y es ligeramente superior en las de invalidez.
Clases Pasivas y plantilla de funcionarios
Mientras, las pensiones que se pagan por Clases Pasivas, destinadas a los funcionarios que entraron en la Administración antes de 2011 -los nuevos ya están en la Seguridad Social- fueron casi 711.000. El coste mensual de estas prestaciones se situó en julio en 1.575 millones de euros.
Mientras, la estadística del INE destaca que a 31 de diciembre de 2023 había 3,6 millones de ocupados en el sector público. En este registro se engloban todos los asalariados de empresas públicas y de las administraciones central y territoriales. Otra estadística, en este caso elaborada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, muestra que en el primer trimestre de 2024 las distintas administraciones contaban con casi tres millones de efectivos.
Esta es la cifra más alta de la serie histórica después de una nueva metodología aflorara cerca de 200.000 empleos precarios que permanecían ocultos en la estadística oficial. Estos eran empleos con una duración inferior a seis meses. El último dato revela que hay 385.000 empleados públicos más que en julio de 2018, momento en el que Pedro Sánchez desembarcó en La Moncloa.
Por su parte, los registros del Ministerio del Trabajo y Economía Social muestran que 1,8 millones de personas se beneficiaron el pasado julio de alguna prestación por desempleo. Son 104.615 personas más que el mes pasado y 24.639 más que hace un año. En el sexto mes del año destaca que el aumento de 118.617 beneficiarios de prestación contributiva. Mientras, hay un descenso de 13.474 beneficiarios del subsidio por desempleo. La prestación contributiva y el subsidio por desempleo concentran el mayor número de beneficiarios, un 49% y 38% respectivamente. En las ayudas al desempleo también se incluyen los subsidios agrarios y la renta de inserción.
IMV y Dependencia
La nómina del IMV llegó el pasado agosto a 649.443 hogares en los que vivían 1.957.700 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 479,2 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de ese mes ascendió a 346,8 millones de euros. A estos datos habría que añadir los titulares de Rentas Mínimas de Inserción. La última estadística, incluida en el Informe de Rentas Mínimas de 2022 del Ministerio de Derechos Sociales muestra que en ese momento había 333.335 titulares de esta prestación.
En el caso de la Dependencia, posiblemente una de las ayudas más inaccesibles por la falta de información, los registros del Imserso mostraban 1,47 millones de personas beneficiadas el pasado agosto. En este caso, solo un tercio de la población necesitada de esta prestación requiere la burocrática ayuda.