Los trabajadores deben empezar a pensar en el futuro, hacerse responsables de él y no cederlo al Estado a cambio de algo que podría no ocurrir
- El gasto en pensiones alcanza en agosto la cifra récord de 12.828 millones, un 6,5% más
- ¿Es el sistema de pensiones español: un atentado contra el estado de bienestar?
- El melón de las pensiones de jubilación que nadie quiere abrir
- El reto de las pensiones en españa: envejecimiento poblacional y baja productividad condicionan el futuro
- La ‘bola de nieve’ de las pensiones: el gasto se dispara en 50.000 millones en sólo cinco años
- El coste de las pensiones se duplicará en 20 años, hasta los 225.000 millones anuales
- Un sistema de pensiones demasiado generoso
- El espejismo de la hucha de las pensiones
- La rentabilidad de las pensiones con menos años trabajados dobla a las que cotizan más
- Una propuesta sobre una reforma a fondo de las pensiones
1.- EL GASTO EN PENSIONES ALCANZA EN AGOSTO LA CIFRA RÉCORD DE 12.828 MILLONES, UN 6,5% MÁS
La Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 12.828,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,5% más que en igual mes de 2023, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio de 2023 los 12.000 millones de euros y este mes vuelve a marcar un nuevo récord tras la subida de las pensiones contributivas en un 3,8% para 2024.
De los 12.828 millones de euros que se dedicaron en agosto a la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, tres cuartas partes (el 73,1%) se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 9.378,6 millones de euros, un 6,8% más que en agosto del año pasado. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.110,9 millones de euros, un 5,2% más que hace un año, mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.133,2 millones de euros (+7%). Por su parte, el pago de las prestaciones por orfandad conllevó un importe de 171,8 millones de euros (+4,8%), y el de las prestaciones a favor de familiares totalizó 34,3 millones de euros (+7,8%).
En agosto de este año se han abonado 10.208.300 pensiones contributivas, casi un 1,4% más que hace un año, a más de 9,23 millones de pensionistas, un 1,3% más. Del total de pensiones, 6,5 millones eran pensiones de jubilación; 2,4 millones eran pensiones de viudedad; 974.169 eran de incapacidad permanente; 341.987 eran pensiones de orfandad, y 46.196, en favor de familiares.
Del total de pensionistas (9,23 millones a 1 de agosto de este año), 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres. El número de pensiones por pensionista es de 1,1.
La pensión principal percibida es la de jubilación para 6,4 millones de personas, de las que el 60% son varones; la de viudedad es la principal prestación para 1,5 millones de personas (el 96% son mujeres); la de incapacidad permanente es la pensión principal para 969.706 pensionistas; la de orfandad para 323.891 personas, y la de favor de familiares para 45.619 pensionistas.
Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en agosto casi un 5% interanual, hasta los 1.444,3 euros mensuales.
En el Régimen General, la pensión media de jubilación ascendió a 1.602,8 euros mensuales, frente a los 964,2 euros al mes del Régimen de Autónomos. En la Minería del Carbón, la pensión media de jubilación es de 2.805,2 euros al mes y en el del Mar, de 1.600,1 euros.
La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de julio de 2024 (último dato disponible) a 1.559,4 euros mensuales.
De las nuevas altas de jubilación producidas en los siete primeros meses del año (201.260), el 71,5% fueron con la edad ordinaria (143.835), mientras que un 9,9% se corresponden con la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019.
Por contra, según el Ministerio, el número de jubilaciones anticipadas se ha reducido «considerablemente», pues el 28,5% de las nuevas altas (57.374) fueron jubilaciones anticipadas, cuando en 2019 eran el 40%.
Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó un 5,1% interanual, hasta situarse a 1 de agosto de este año en 1.256,7 euros mensuales.
Asimismo, la pensión media de viudedad alcanzó en agosto los 897,3 euros mensuales, casi un 5,3% más que en igual mes del año pasado.
El Ministerio ha informado además de que en julio (último dato disponible) la media de tiempo de resolución de los expedientes ha sido de 9,29 días en el caso de las pensiones de jubilación y de 9,45 días en el caso de viudedad.
En este sentido, el Departamento que dirige Elma Saiz ha recordado que, por ley, el plazo máximo de resolución es de 90 días tanto para las pensiones de jubilación como para las de viudedad.
Por otro lado, el número de pensiones pertenecientes a clases pasivas en vigor a cierre de julio de este año (último dato disponible) fue de 710.914, cifra un 2,2% superior a la del mismo mes de 2023. La nómina mensual de estas pensiones ascendió a 1.575,4 millones de euros, un 7,1% más.
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
2.- ¿ES EL SISTEMA DE PENSIONES ESPAÑOL: UN ATENTADO CONTRA EL ESTADO DE BIENESTAR?
El sistema de pensiones actual en España no es higiénico, no es bueno para la salud social del país y es perjudicial para el Estado de Bienestar pues constituye un atentado contra la continuidad y preservación del Estado de Bienestar. No se transmite el mensaje de que este sistema es dañino, ni que se está poniendo en riesgo algo que se ha construido con mucho esfuerzo y que podríamos perder.
Es preciso transmitir a los ya pensionistas la idea de responsabilidad hacia las generaciones futuras. Los que están trabajando deben empezar a pensar en el futuro, hacerse responsables de él y no cederlo al Estado a cambio de algo que podría no ocurrir. Es necesario crear una opinión pública que defienda una reforma real, no los pequeños ajustes que se han hecho desde los años 90. Necesitamos una reforma que transforme la sociedad.
Nuestro modelo de pensiones es “intrínsecamente” malo para el Estado de Bienestar porque detrae recursos en cantidades que probablemente la gente desconoce. Por ejemplo, lo que el sistema extrae del Estado cada año para pagar las pensiones puede llegar a ser casi el 80% de lo que gastamos en educación. La gente debe saberlo. pero nadie está frenando esta situación. Parece que los gobiernos miran hacia otro lado.
Hay un “pacto de silencio” desde los años 90, cuando se firmó el Pacto de Toledo. Nadie quiere dar malas noticias, ni quedarse en la posición de “guardián” que explique las cosas como son. En lugar de eso, solo se ponen parches. Desde los años 90 hemos tenido cuatro reformas de las pensiones, todas forzadas por la UE, ya que de forma espontánea no ha surgido ninguna. La sociedad tiene una percepción muy extraña sobre las pensiones: si se le pregunta, resopla y piensa “a mí la pensión no me llega”, pero si se le pregunta qué está haciendo al respecto, responde “nada”. Estamos ante una enorme bola de nieve formada por la deuda del Estado y el déficit de las pensiones. La suma de ambos representa más de un quinto de toda la recaudación por impuestos en España, una cifra aterradora que crece cada año. Esta dinámica es perversa e implica una gran injusticia intergeneracional. Los más maduros son unos privilegiados frente a los jóvenes actuales. Para nuestros nietos, la situación será peor, porque la deuda siempre hay que pagarla y los impuestos seguirán subiendo.
Nuestro sistema de pensiones ha sido un tremendo éxito social. Son las terceras más generosas de la OCDE, junto con las de Dinamarca y los Países Bajos. Estamos en un modelo de reparto creado por Bismarck en el siglo XIX, que tenía sentido cuando había más jóvenes que ancianos. Pero en el siglo XXI, la demografía se ha invertido. Este modelo de reparto ya no funciona. Nuestro sistema se parece mucho a un esquema Ponzi, con la diferencia de que el Estado pone el dinero. Pero ninguna empresa privada podría actuar de esta manera, todos acabarían en la cárcel. Hay que decidir si seguimos parcheando un mal sistema o si optamos por una reforma real. El mensaje que se recibe del ámbito político es: “que le toque a otro”.
La reforma de Escrivá tiene una puerta de escape, alargar la edad de jubilación para que la gente pase menos tiempo cobrando la pensión además de incentivar a que trabajen más tiempo. Si esto no funciona, en 2026 tendremos una nueva reforma. La Airef y el Banco de España ya han desacreditado la reforma, y el “Ageing Report” 2024 de la UE ha señalado que el déficit de la Seguridad Social será del 3,1% en 2053. El sistema actual no tiene ningún mecanismo de control y solo intenta solucionar el problema mediante más recaudación. El Gobierno tendrá que decidir en los próximos 18 meses si realiza otra reforma o simplemente aumenta las cotizaciones a las empresas, lo que probablemente ocurra. Esto se traducirá en mayores costes y peores servicios públicos, con un creciente riesgo de colapso.
O hacemos una reforma en condiciones, o el sistema colapsará. Para 2040, es probable que estemos al borde del crac del Estado, porque no nos permitirán mantener este nivel de deuda.
3.- EL MELON DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN QUE NADIE QUIERE ABRIR
La pensión de jubilación media del sistema de la Seguridad Social alcanza a los 1.444 euros al mes, según los últimos datos publicados, de agosto de 2024.
Lo cierto es que hay gente que tiene a los pensionistas como intocables y que aa los pensionistas no les podemos criticar, porque han cotizado para recibir una pensión digna… Pero quizás hay que empezar a poner el dedo en el colectivo de los pensionistas porque son el colectivo que son el mayor lastre que tiene el país hacia su avance. Hay muchos pensionistas con la mentalidad de ‘si se tiene que hundir el país para que a mí me den 20 euros más al mes en la pensión, que se hunda el país’. ‘No, ese no es mi problema, yo he cotizado, yo he cotizado y ya os buscaréis la vida vosotros…'”. Pero hablamos de que hay muchos pensionistas que están lastrando a sus nietos económicamente a cambio de que les den un euro más de pensión. Lo cierto es que han vivido una etapa de expansión económica en la cual han podido hacerse una vida, han podido patrimonializarse, han podido tener un coche, han podido tener una casa, han podido tener de todo. Sus nietos no lo van a poder tener porque así se está impidiendo que se apliquen políticas para que sus nietos tenga un futuro.
¿Pero es que haber cotizado les da derecho a arruinar un país? ¿Es que se lo merecen todo por haber cotizado?”. Quizás so se privaticen las pensiones se acabaría el clientelismo electoral Lo cierto es que por cada euro que le dan a los pensionistas se lo están quitando a su nieto y su nieto sin poder independizarse.
Lo peor de todo es que al pensionista le han estafado, pero quiere que a sus nietos le sigan estafando con lo mismo. En vez de decir, se tiene que cambiar este sistema, pero son un colectivo que piden solidaridad a todo el mundo, pero son los menos solidarios: por su pensión no se mueven ni un milímetro del voto. La pensión es el centro de todo y te venden el país a cambio de que suba su pensión.
4.- EL RETO DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA: ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL Y BAJA PRODUCTIVIDAD CONDICIONAN EL FUTURO
El reciente informe del Índice Mundial de Jubilación de Natixis Investment Managers ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro de las pensiones en España. Según este análisis, el país ha caído al puesto 39 de un total de 44 naciones evaluadas, posicionándose como el peor lugar para jubilarse dentro de la Unión Europea. Solo países como Rusia, Brasil, Turquía, Colombia e India se encuentran por detrás de España en el ranking global.
Uno de los principales factores que contribuyen al debilitamiento del sistema de pensiones en España es el acelerado envejecimiento de la población. Según el informe de Natixis, España enfrenta un desafío demográfico significativo, con una de las tasas más altas de envejecimiento en Europa. La población activa disminuye a medida que la generación del ‘baby boom’ se acerca a la edad de jubilación, mientras que el número de personas dependientes del sistema de pensiones sigue en aumento.
Javier García de Vinuesa, responsable de Natixis Investment Managers para Iberia, advirtió sobre este escenario en el informe: “Debemos ser conscientes del gran envejecimiento de la población española y el impacto que ello conlleva sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones”. Este fenómeno no solo plantea desafíos financieros, sino que también presiona a las generaciones más jóvenes, que ven cómo crece su responsabilidad de sostener el sistema de pensiones.
A medida que la esperanza de vida aumenta, los pensionistas dependen del sistema durante más años, lo que aumenta la presión sobre las finanzas públicas. Según expertos, sin reformas estructurales significativas, el sistema de pensiones corre el riesgo de volverse insostenible, especialmente si no se aborda el problema del envejecimiento y la necesidad de asegurar una mayor natalidad o inmigración laboral.
A pesar de la mala posición de España en el índice global, los subíndices del informe revelan una paradoja. Mientras que España se mantiene en el top 20 en las áreas de salud y calidad de vida, con puntuaciones del 85% y 75% respectivamente, el país sufre en términos de bienestar material y finanzas en la jubilación, con puntuaciones alarmantemente bajas del 16% y 58%.
La buena calificación en salud refleja el acceso universal a la atención médica de alta calidad, un aspecto muy valorado por los jubilados. Sin embargo, este dato contrasta con el bienestar material, que mide factores como el poder adquisitivo y el desempleo. España presenta uno de los peores resultados en este último aspecto, debido a la alta tasa de paro estructural y la precariedad laboral, especialmente en sectores como el turismo y la hostelería, donde abundan los contratos temporales.
Estos problemas afectan directamente a la capacidad de ahorro de los ciudadanos y, por tanto, a su bienestar económico durante la jubilación. Las pensiones, que dependen en gran parte de las cotizaciones durante la vida laboral activa, se ven erosionadas por la inestabilidad del empleo. Esto genera una brecha creciente entre aquellos que pueden permitirse una jubilación cómoda y los que deben enfrentar dificultades económicas al dejar de trabajar.
Ante este escenario, el informe de Natixis señala la urgente necesidad de impulsar reformas que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones. García de Vinuesa subraya la importancia de la responsabilidad individual para asegurar la seguridad económica en la jubilación. “Es fundamental que avancemos en educación y cultura financiera”, explica, destacando que los ciudadanos deben prepararse mejor para gestionar su futuro económico.
Una de las posibles soluciones que plantea el informe es fomentar el ahorro a largo plazo. En un contexto donde las pensiones públicas pueden no ser suficientes para garantizar un retiro cómodo, es crucial que tanto los particulares como las autoridades promuevan mecanismos de ahorro privado. Esto podría lograrse mediante incentivos fiscales que animen a los ciudadanos a invertir en productos financieros adecuados a su perfil y necesidades.
Asimismo, se necesitan políticas públicas que promuevan una mayor estabilidad en el empleo y aumenten la productividad. Las reformas laborales deben abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo español, donde los contratos temporales y la baja productividad limitan la capacidad de los trabajadores para ahorrar y cotizar de manera adecuada a la seguridad social.
5.- LA ‘BOLA DE NIEVE’ DE LAS PENSIONES: EL GASTO SE DISPARA EN 50.000 MILLONES EN SÓLO CINCO AÑOS
La factura de las pensiones contributivas, no contributivas y de Clases Pasivas pasará de los 154.000 millones en 2019 a los más de 200.000 millones que se prevén este año, un 32% más
50.000 millones de euros más en cinco años. La factura anual de las pensiones avanza a un ritmo vertiginoso, con un gasto total que supera ya los 200.000 millones de euros al año entre las contributivas, no contributivas y Clases Pasivas.
En agosto, última nómina mensual abonada por la Seguridad Social, las pensiones contributivas marcaron un récord de 12.829 millones y a finales de año rozará ya los 13.000 millones. Esto permite anticipar un gasto anual próximo a los 180.000 millones este 2024.
En 2019, antes de que se aprobase la reforma que regula la revalorización de las prestaciones conforme al IPC del año anterior y que esto coincidiese con la inflación más elevada en décadas, el gasto anual en pensiones contributivas fue de 135.175 millones.
También ha crecido la factura de las pensiones que aún se pagan a aquellos empleados públicos enmarcados dentro del Régimen de Clases Pasivas: 11.000 millones en el primer semestre y, previsiblemente, unos 22.000 millones en el conjunto del año.
En 2019, las pensiones de Clases Pasivas acarrearon un gasto de 15.711 millones, alrededor de 5.000 millones menos que ahora. Éstas, como las contributivas, se han revalorizado en base a la inflación en los últimos tres años: un 2,5% en 2022, un 8,5% en 2023, y un 3,8% en 2024.
Finalmente, el gasto en pensiones se completa con aquellas no contributivas, que se vienen revalorizando por encima de la inflación. En 2019, el gasto en pensiones no contributivas de jubilación e invalidez fue de 2.552 millones.
Este año, tras las revalorizaciones del 3% en 2022, del 15% en 2023 y del 6,9% en 2024, la factura anual de las pensiones no contributivas rondará, previsiblemente, los 3.400 millones. Hasta julio, últimos datos disponibles y que incluyen la ‘extra’ de junio, se han gastado 1.938 millones.
La consecuencia es que las pensiones ya se comen en seis meses el gasto de todo un año antes de la crisis financiera. Y la subida no para. La inflación registrada este año permite anticipar que las pensiones se revalorizarán por encima del 3% en 2025.
A esto se suman otros factores que tampoco ayudan a frenar el gasto, como el hecho de que España goce de una esperanza de vida récord en la UE; que el número de pensionistas crezca con cada vez más intensidad, por el inicio de la jubilación de los babyboomers; y que los nuevos pensionistas entren al sistema con prestaciones más altas que los que salen.
La Comisión Europea ha advertido de que España es el país de la UE donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones por la indexación al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad. Se elevará del 12% del PIB en el que se sitúa actualmente al 14,3% en 2030, al 16,2% en 2040 y al 17,3% en 2050.
También ha apuntado que las medidas adoptadas por el lado de los ingresos, como el aumento de las contribuciones al sistema y de la edad efectiva de jubilación, compensarán sólo “parcialmente” el incremento del gasto. Con todo, el déficit del sistema alcanzará su pico máximo en el año 2053, del 3,1% del PIB, por lo que serán necesarios nuevos ajustes.
6.- EL COSTE DE LAS PENSIONES SE DUPLICARÁ EN 20 AÑOS, HASTA LOS 225.000 MILLONES ANUALES
Según un estudio, el sistema público de pensiones públicas español anticipa “ajustes forzosos”, al tiempo que se enfrenta a “retos cruciales” que requerirán acciones individuales de los españoles en el futuro
El coste de las pensiones de jubilación se duplicará en 20 años, en 2044, llegando a un coste de 225.000 millones de euros anuales, lo que evidencia el déficit estructural al que se enfrenta el sistema, según se desprende de un nuevo estudio del profesor Javier Díaz-Giménez, del IESE Business School, encargado por la plataforma de inversión Trade Republic.
Así, dicho análisis señala que el sistema público de pensiones públicas español anticipa “ajustes forzosos”, al tiempo que se enfrenta a “retos cruciales” que requerirán acciones individuales de los españoles en el futuro. En esta línea, el documento resalta que en el pasado año 2022 el valor de los activos de la Seguridad Social presentaba un saldo negativo de 104.000 millones de euros, debido a que los gastos de la Seguridad Social superan sus ingresos, lo que se explica principalmente por el pago de pensiones más elevadas y durante más tiempo, impulsadas por el aumento del número de jubilados, de la esperanza de vida y las pensiones medias.
Así, para 2044, se espera que el coste en términos reales de las pensiones públicas españolas sea de 225.000 millones de euros anuales, 107.000 millones de euros más que en 2023, lo que, según el profesor Díaz-Giménez, sólo se puede mitigar con menores pagos de pensiones, mayores cotizaciones a la Seguridad Social o detrayendo fondos de otras partidas presupuestarias como la educación, la sanidad o la asistencia social.
Por lo tanto, en este contexto, se considera que complementar los ingresos de las pensiones públicas con inversiones en los mercados de capitales debería estar en los planes de jubilación de todos los españoles, con el fin de reducir “el riesgo asociado a que el sistema de pensiones se desmorone”. Por su parte, los datos históricos del S&P 500 muestran que los ahorradores a largo plazo pueden obtener rendimientos positivos en los mercados de capitales, aunque se debe prestar atención a las comisiones de gestión, al tiempo que buscar productos y plataformas de bajo coste para minimizarlas.
Así, el estudio muestra cómo se pueden conseguir 128.000 euros de ahorro complementario para la jubilación, en términos reales del valor actual del dinero, destinando 50 euros al mes a un plan de inversión con una rentabilidad real anual esperada del 7% durante 40 años.
Respecto a la sostenibilidad del actual sistema de pensiones, el informe destaca que en 2044 el número de españoles cumpliendo 67 años será un 40,8% más elevado que en 2024, por lo que, según las proyecciones de los datos de esperanza de vida, el número de años que percibirán su pensión pública también aumentará un 10,9%, pasando de 23,7 años a 26,2 años.
Asimismo, hay que tener en cuenta que las pensiones medias han aumentado en términos reales debido a que hoy en día los españoles trabajan más años y con mayor productividad, con lo que, como consecuencia, la pensión media aumentará un 39,6% si se mantiene esta tendencia. En total, estos tres factores supondrán un incremento anual en términos reales del coste del sistema público de pensiones del 91,3%, es decir, 107.000 millones de euros adicionales de aquí a 2044.
El profesor Javier Díaz-Giménez, autor del estudio, ha subrayado que “las razones de este gran aumento de los costes son motivo de preocupación, ya que analizando las cifras de las finanzas públicas y combinándolas con las previsiones demográficas y de ingresos del Tesoro Público, se puede concluir que el sistema público de pensiones está sometido a una enorme presión”. “A medida que pase el tiempo, esto empeorará a menos que se produzcan grandes e inesperados cambios en las previsiones”, ha explicado el experto.
Por otra parte, el aumento del gasto en pensiones de jubilación contrasta con la incertidumbre sobre la evolución de los ingresos de la Seguridad Social debido, entre otras razones, a la caída de la natalidad en España. En este contexto, cabe recordar que en 2023, el 31% del gasto de la Seguridad Social se financió con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y se prevé que los futuros costes de las pensiones dependan cada vez más de la financiación estatal, lo que “creará una espiral financiera negativa”.
“Si el aumento del gasto necesario no puede proceder de los PGE, es posible que el Gobierno tenga que aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores o reducir el valor de las pensiones públicas”, ha detallado el documento, para luego añadir que “la futura cotización solidaria de las llamadas rentas altas con salarios brutos superiores a 54.000 euros anuales en 2025 es un ejemplo del tipo de medidas que podrían aplicarse en los próximos años”.
“El estudio muestra la alta probabilidad de que las pensiones públicas terminen siendo menos cuantiosas y por sí solas ya no permitan financiar una jubilación cómoda, por lo que integrar de manera eficiente el ahorro y la inversión privados se está convirtiendo en una prioridad para que la población se asegure el bienestar financiero en el momento de la jubilación”, ha concluido Díaz Tubet.
7.- UN SISTEMA DE PENSIONES DEMASIADO GENEROSO
La Comisión Europea analiza en un informe el futuro de las pensiones en la eurozona ante retos como el impacto demográfico o la jubilación de la generación del babyboom. El estudio concluye que dichos factores obligarán a España a ser uno de los países que más tendrá que reducir la tasa de reemplazo (porcentaje que supone la pensión respecto al último salario cobrado), que pasará del 70% al 53,7%.
Un importante ajuste que será necesaria para evitar la quiebra del sistema y que evidencia la desmedida generosidad de las pensiones en nuestro país. No en vano y pese al recorte previsto, las prestaciones en España todavía rebasarán, y por mucho, el promedio de la eurozona, donde las nóminas pasarán del 45,7% actual al 37% de media en las próximas décadas.
La Comisión Europea ha publicado este año el gran informe de las pensiones a nivel comunitario, el Ageing Report. Este documento actualiza cada tres años las proyecciones sobre los sistemas de pensiones europeos, con un análisis centrado en cada país al que contribuyen los técnicos de Bruselas y el Ministerio de Economía en el caso español. En él, las autoridades comunitarias aproximan el futuro de las pensiones con especial interés sobre la salud financiera de la Seguridad Social a través del gasto o el balance de gastos e ingresos. Un aspecto que pasó de puntillas en primavera, cuando se publicó este Informe de Envejecimiento, fue la caída generalizada de la generosidad de las pensiones de jubilación con un especial impacto en España: la tasa de beneficio que mide el nivel de la pensión sobre el salario medio bruto caerá el más de 16 puntos, el doble que en Europa.
El impacto demográfico se repartirá por el Viejo Continente durante las próximas décadas y se verá reflejado en otros países antes que en el nuestro, donde la natalidad explotó una década más tarde. La ficha de España recoge un incremento del gasto público destinado a las pensiones de cinco puntos, elevando esta partida hasta el 16,7% del PIB en 2070. La Comisión Europea prevé que el mayor ajuste sobre el gasto en pensiones se consigue al tocar el bolsillo de los jubilados. Aunque será un proceso paulatino de medio siglo, la luz que arrojan desde Bruselas revela que los futuros pensionistas no disfrutarán de un sistema tan generoso como el actual bajo un escenario en el que los salarios crecerán en línea con el PIB y la productividad
La mayoría de los países proyecta un descenso en la ratio de beneficio de las pensiones públicas de jubilación. España está entre las economías europeas que mayor ajuste sufrirá bajo unas proyecciones a largo plazo, teniendo en cuenta que nuestro sistema ofrece las pensiones más generosas junto a Grecia una vez descontado el pago de impuestos de jubilados y ocupados. Actualmente, la pensión media de jubilación cubre el 70% del salario medio. Esa comparativa pasará a cubrir el 53,7% en 2070.
Será la gran economía del euro donde más impactará, aunque estas prestaciones todavía rebasarán al promedio de la Eurozona, donde pasarán del 45,7% al 37% (-8,7 puntos) o de la Unión Europea, donde caerán del 43,8% al 35,5% (-8,3 puntos). De hecho, la Comisión Europea tan solo le pone una ‘medalla’ a un puñado de países: Irlanda, Países Bajos, Eslovenia, Hungría y Noruega aplacarán el impacto del ‘baby boom’ e incluso mejorarán la cuantía de las prestaciones públicas de sus jubilados.
¿Qué tiene en común España con Grecia, Polonia, Portugal y Chipre? Todos los sistemas que hoy tienen tasas de beneficio superiores a la media son las que afrontarán importantes ajustes durante las próximas décadas. Bruselas argumenta que la menor generosidad del sistema vendrá provocada por caídas en la tasa de reemplazo –similar a la de beneficio, compara la pensión media con el salario previo a la jubilación–, los mecanismos de ajuste automático o el crecimiento de las pagas de jubilación por debajo de los salarios.
La actual legislación permitiría a España aplicar un ajuste sobre el gasto, los ingresos o ambas palancas a través de la revisión trianual del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aunque el Gobierno no contempla hasta la fecha ningún tipo de recorte. Menos probable es cualquier tipo de medida que suponga una menor pensión, aunque en un caso extremo podrían ejercer los ‘hombres de negro’ de Bruselas, sinónimos de recortes como ocurrió en Grecia o Portugal en pleno rescate financiero a comienzos de la pasada década.
Un recorte parece improbable y lejano, aunque la Comisión Europea da por hecho un escenario menos generoso en sus proyecciones y pone ciertamente en duda las proyecciones del Gobierno. “El aparentemente reducido impacto de las medidas adoptadas en la reforma 2021-2023, casi nulo por el lado de los gastos y seguramente escaso por el lado de los ingresos, sugiere que los temores de dichos organismos e instancias son con toda probabilidad fundados”, apunta el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges.
El informe señala un aspecto positivo que sí ha desarrollado el sistema español recientemente: una mayor protección de las pensiones mínimas, que crecerán esta década más que el resto para garantizar su poder adquisitivo.
Sobre el desarrollo de las pensiones privadas, el exministro José Luis Escrivá reestructuró el ahorro privado para tratar de potenciar los planes de empleo a nivel sectorial, creando una hucha conjunta y aprovechando la economía de escala que ello genera. “Los planes de pensiones privados mitigan el descenso previsto de la tasa de beneficio de las pensiones”, explica el informe, que no hace referencia concreta para España en este sentido.
Por su parte el Instituto Santalucía, órgano de reflexión y debate del grupo Santalucía, ha elaborado un informe en el que advierte de que la “generosidad” de las pensiones de jubilación compromete su sostenibilidad a largo plazo. El estudio presenta un análisis intrageneracional de la “generosidad” de las pensiones de jubilación en España a partir de microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de 2022, extraídos de los registros de la Seguridad Social.El informe ha sido realizado por los profesores de la Universidad de Valencia José Enrique Devesa y Robert Meneu y los profesores de la Universidad de Extremadura Inmaculada Domínguez y Borja Encinas.
En el estudio, este grupo de investigadores ha calculado la rentabilidad de las pensiones de jubilación, medida a través del Tanto Interno de Rendimiento (TIR), una herramienta utilizada habitualmente para evaluar proyectos financieros y que en este caso ha sido adaptada para analizar el sistema de pensiones.
El informe concluye que la rentabilidad media global para los nuevos jubilados en 2022 fue del 3,79%, una cifra que, a juicio de los autores, subraya la “generosidad” del sistema, al estar “muy por encima” del crecimiento esperado del PIB español, que se sitúa en un 1,2% a largo plazo, según el Ageing Report 2024, o el 1,51% para el caso concreto del colectivo estudiado. Según el estudio, existe un aumento implícito de la “generosidad” del sistema que proviene no de un aumento del valor del TIR, que ha decrecido desde 2011, sino del menor crecimiento esperado del PIB real.
“Este nivel de generosidad, sin embargo, plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema a futuro”, avisa el estudio, donde se afirma que un sistema de pensiones de reparto como el español sólo puede ser viable si su rentabilidad no excede el crecimiento económico del país.
“Los datos presentados en el informe reflejan un desajuste considerable entre la generosidad de las pensiones actuales y las previsiones de crecimiento económico, lo que sugiere la necesidad de revisar las políticas de financiación y sostenibilidad del sistema a largo plazo”, remarca el informe. El informe cuantifica el TIR según distintos colectivos. Así, las mujeres presentan una rentabilidad del 4,28%, significativamente superior a la de los hombres, que es del 3,48%. Esta diferencia de 0,8 puntos se debe, en gran parte, a su mayor esperanza de vida.
El estudio detalla que los individuos con menos de 25 años cotizados disfrutan de un TIR superior al 6,04%, mientras que aquellos con más de 45 años cotizados tienen una rentabilidad considerablemente menor, del 3,26%. Esto se explica, apuntan los autores, por el impacto del número de años cotizados en el cálculo de la base reguladora de la pensión. Asimismo, existen diferencias según la modalidad de jubilación. Las jubilaciones ordinarias son las que obtienen una mayor rentabilidad (4,03%), mientras que las anticipadas muestran un TIR más bajo, con un 3,52%. En las jubilaciones demoradas, la opción del 4% adicional anual es más beneficiosa que el cheque de incentivo, con un TIR del 3,75% frente al 3,33%.
Además, las pensiones con bases reguladoras más bajas presentan un TIR de 4,43%, superando en 0,6 puntos la media. Esto se debe a los complementos a mínimos que reciben los pensionistas con bases más reducidas. “Al comparar los flujos de cotizaciones con las pensiones futuras, queda patente que el sistema de pensiones, tal como está configurado en la actualidad, no es sostenible. Aunque el sistema proporciona una alta rentabilidad a los pensionistas actuales, ésta supera con creces el crecimiento esperado de la economía española, lo que pone en riesgo su viabilidad en un futuro marcado por un envejecimiento progresivo de la población”, avisa el Instituto Santalucía.
Además, el estudio también realiza un análisis de sensibilidad respecto a las tablas de mortalidad y la revalorización de las pensiones mínimas, observando que la rentabilidad tiende a aumentar con el incremento de la esperanza de vida. Esto, advierte el informe, “complicará aún más la capacidad del sistema para mantenerse financieramente equilibrado”.
8.- EL ESPEJISMO DE LA HUCHA DE LAS PENSIONES
Tras la aprobación de la Ley 21/2021 y la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en enero de 2023, los afiliados a la Seguridad Social han visto incrementadas sus cotizaciones en 0,7 puntos. Pese a cotizar más, este aumento no genera derechos de mayores pensiones en el futuro, por lo que no puede considerarse un salario diferido. Su recaudación se destina al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, popularmente conocido como la hucha de las pensiones. En 2023 esta dotación fue de 2.218 millones de euros (un 0,15% del PIB). En la primera mitad de 2024, la recaudación neta del MEI ha sido de 1.787 millones y para el conjunto del año se espera que alcance 2.793 millones.
Gracias a las aportaciones del MEI, que se añaden a los excedentes de las mutuas, a otros rendimientos y al saldo inicial, el Fondo de Reserva cerró 2023 con 5.578 millones acumulados de acuerdo con el último informe anual. Con las aportaciones previstas a lo largo de este ejercicio, se espera que cierre 2024 con más de 9.000 millones. Con este saldo se está construyendo la narrativa de que el sistema de pensiones público en España cuenta con excedentes disponibles que se acumulan en esta hucha. La realidad es la contraria: el sistema público de pensiones presentó en 2023 un déficit contributivo equivalente al 2% del PIB y unas necesidades de financiación del 4% del PIB, al añadir las pensiones no contributivas y las clases pasivas de los funcionarios jubilados. La recaudación del MEI apenas cubrió un 7,5% del déficit contributivo de 2023.
Las necesidades de financiación del sistema obligan al Estado a dedicar sus recursos tributarios y a endeudarse para hacer frente al pago de las pensiones. Una parte de este endeudamiento se destina a aumentar el Fondo de Reserva, desvirtuando la finalidad con la que fue creado: acumular los superávits del sistema (como ocurrió hasta 2011) para hacer frente a déficits futuros. Además de desvirtuar su finalidad, se traslada a la sociedad la ilusión de que el sistema presenta un excedente que podemos permitirnos acumular para utilizar en el futuro.
Esto dificulta que la sociedad esté debidamente informada acerca de las opciones de reformas necesarias del sistema de pensiones y de los costes y consecuencias de no abordarlas. En 2023 el gasto total en pensiones alcanzó el 13,1% del PIB, igual que en 2022, 2,6 puntos por encima del que tendría la UE con la tasa de dependencia española. Con diferencia, es el mayor componente del gasto público en España: un 27,6% del total, casi cinco puntos más que el conjunto de la UE. De acuerdo con el Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea, sólo Grecia, Italia, Francia y Austria destinan un porcentaje mayor del PIB en la UE. Mientras que en estos países se espera que su peso se mantenga o incluso disminuya, en España las proyecciones apuntan a un aumento del gasto de 3,6 puntos adicionales del PIB. En el caso de la economía española, el mayor gasto en pensiones sobre el PIB se explica por la elevada tasa de prestación, es decir, la generosidad relativa de las pensiones en relación con el salario medio (solo superada por Italia y Grecia), y la menor tasa de empleo (la cuarta más baja de la UE).
Las implicaciones redistributivas en términos intergeneracionales de continuar en un escenario inercial como el actual son relevantes. Frente a usos alternativos más productivos y eficientes en términos de crecimiento futuro, el gasto público en España se concentra en atender las necesidades del sistema de pensiones que no quedan cubiertas por unas cotizaciones sociales también por encima de la media de la UE. El menor crecimiento per cápita e inversiones insuficientes (por ejemplo, en vivienda o capital humano) reducen las oportunidades de los jóvenes y lastra la convergencia de la economía española al promedio de la UE, como lleva ocurriendo desde hace años.
Puntos clave
- La Ley 21/2021 incrementó las cotizaciones a la Seguridad Social en 0,7 puntos a través del MEI, sin que esto implique un aumento en futuras pensiones, ya que los fondos se destinan exclusivamente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
- Pese al crecimiento del Fondo de Reserva, el sistema de pensiones presentó en 2023 un déficit contributivo del 2% del PIB, cubierto sólo en un 7,5% por la recaudación del MEI. Las necesidades de financiación del sistema exigen recursos tributarios y endeudamiento estatal.
- La acumulación en el Fondo de Reserva ha generado la percepción errónea de que el sistema tiene excedentes, lo que podría dificultar la comprensión de la necesidad de reformas estructurales en el sistema de pensiones.
- En 2023, el gasto en pensiones en España representó el 13,1% del PIB, uno de los más altos de la UE. Este gasto se espera que aumente en los próximos años, debido a la alta tasa de prestación y a la baja tasa de empleo en el país.
- La concentración del gasto público en pensiones, en detrimento de otras inversiones, como vivienda y capital humano, está afectando negativamente las oportunidades de los jóvenes y el crecimiento económico a largo plazo en España.
9.- ¡¡¡ LA RENTABILIDAD DE LAS PENSIONES CON MENOS AÑOS TRABAJADOS DOBLA A LAS QUE COTIZAN MÁS !!!
La “generosidad” de las pensiones de jubilación compromete su sostenibilidad a largo plazo. Su rentabilidad, del 3,79% de media para los nuevos jubilados en 2022 está “muy por encima” del crecimiento esperado del PIB español, que se sitúa en un 1,2% a largo plazo, según remarca el Instituto Santalucía.
El estudio calcula la rentabilidad de las pensiones de jubilación a través del Tanto Interno de Rendimiento (TIR), una herramienta utilizada habitualmente para evaluar proyectos financieros y que ha sido adaptada para analizar el sistema de pensiones.
Según el estudio, existe un aumento implícito de la “generosidad” del sistema que proviene no de un aumento del valor del TIR, que ha decrecido desde 2011, sino del menor crecimiento esperado del PIB real. “Este nivel de generosidad, sin embargo, plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema a futuro”, advierte el documento, desde la base de que un sistema de pensiones de reparto como el español sólo puede ser viable si su rentabilidad no excede el crecimiento económico del país.
“Al comparar los flujos de cotizaciones con las pensiones futuras, queda patente que el sistema de pensiones, tal como está configurado en la actualidad, no es sostenible. Aunque el sistema proporciona una alta rentabilidad a los pensionistas actuales, ésta supera con creces el crecimiento esperado de la economía española, lo que pone en riesgo su viabilidad en un futuro marcado por un envejecimiento progresivo de la población”, añaden los autores del estudio, realizado a partir de microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de 2022, extraídos de los registros de la Seguridad Social.
El estudio detalla que los individuos con menos de 25 años cotizados disfrutan de un TIR superior al 6,04%, mientras que aquellos con más de 45 años cotizados tienen una rentabilidad considerablemente menor, del 3,26%. Esto se explica, apuntan los autores, por el impacto del número de años cotizados en el cálculo de la base reguladora de la pensión.
Asimismo, existen diferencias según la modalidad de jubilación. Las jubilaciones ordinarias son las que obtienen una mayor rentabilidad (4,03%), mientras que las anticipadas muestran un TIR más bajo, con un 3,52%. En las jubilaciones demoradas, la opción del 4% adicional anual es más beneficiosa que el cheque de incentivo, con un TIR del 3,75% frente al 3,33%.
Además, las pensiones con bases reguladoras más bajas presentan un TIR de 4,43%, superando en 0,6 puntos la media. Esto se debe a los complementos a mínimos que reciben los pensionistas con bases más reducidas. Por su parte, las mujeres presentan una rentabilidad del 4,28%, significativamente superior a la de los hombres, que es del 3,48%. Esta diferencia de 0,8 puntos se debe, en gran parte, a su mayor esperanza de vida.
10.- UNA PROPUESTA SOBRE UNA REFORMA A FONDO DE LAS PENSIONES
Desde el inicios delos tiempos siempre se ha oído que la Seguridad en lo que atañe a las pensiones está en crisis y, sin embargo, el sistema sobrevive. Sin embargo el sistema actual adolece de un defecto estructural que atañe a la justicia de la pensión, de la filosofía de la pensión.
Esa filosofía consiste en considerar que la pensión a cobrar en la jubilación depende de la cantidad en términos monetarios cobrados cuando se ha estado trabajando, aunque sea con condicionantes de tiempo mínimo de jubilación, años cotizados, pensiones mínimas y máximas según grupo de cotización, pensiones máximas y mínimas globales, etc. Y cabe preguntarse: ¿en una política de redistribución general de rentas y riquezas es justo cobrar la pensión en función del salario ganado y, por tanto, cotizado a la Seguridad Social? Nada que objetar cuando se está en activo, cuando eso que se llama mercado de trabajo lo permite pero, ¿y tras la jubilación?
Cuando nos jubilamos todos somos iguales en cuanto al trabajo: dejamos de trabajar y dejamos de aportar al sistema. Entonces ¿por qué la jubilación debe depender de lo cobrado en términos monetarios? Esto sería una sobredosis de solidaridad que no aceptarían gran parte de los ciudadanos, incluso no lo aceptarían parte de los que saldrían beneficiados porque no siempre se antepone la razón a las tripas ideológicas. Una propuesta es que se cobre la pensión en función del tiempo, de los años cotizados independientemente de las cantidades monetarias cobradas en tér minos de salarios y sus cotizaciones monetarias correspondientes, con un mínimo por trabajador a partir de un mínimo de años cotizados. Actualmente esta cifra está en los 15 años.
Esa cifra de pensión se incrementara lógicamente en función de los años cotizados (T) a través de una función logarítmica. Esta función, como sabe cualquiera que haya acabado el bachillerato -o debiera saberlo- es una función creciente, pero crecientemente decreciente. Para darla un mínimo (a la función) se partiría de una cantidad constante independientemente de lo anterior (A). Por último para facilitar su entrada en vigor se partiría del total gastado en pensiones justo en el momento antes del cambio (M) y se igualaría con la suma por tramos de la función propuesta. La fórmula quedaría:
M = A + Σa x lnTi
para todo i = b años minimo para derecho hasta i = c tiempo máximo de cotización
el parámetro a sería un factor de ajuste (econométrico), pero también de inclinación de la curva logarítmica según se quiera incentivar más los años primeros cotizados o menos.
La formulación anterior es sencilla y se podría complicar más considerando que a e, incluso, A fueran variables en función también de los años cotizados o de cualquier otra variable a considerar, pero la cuestión no cambiaría en el fondo el sentido de la propuesta.
Otra bondad de la función logarítmica es que su crecimiento es muy lento y, lo es, si el factor de adecuación a (lo podemos llamar así) es pequeño, lo cual supondría que potenciaría más el cobro de la futura pensión los primeros años cotizados que los últimos. Y esto podría facilitar las posibles jubilaciones anticipadas que se pudieran considerar -como ahora se hace- para, a su vez, facilitar el empleo en las edades tempranas. Y para rematar la propuesta la solvencia está garantizada porque se revalorizará o no en función del monto M destinado en los presupuestos del Estado en el año anterior. Es decir: solvencia asegurada, mayor justicia en el reparto, potenciador o no del empleo juvenil, simplicidad, evidencia en las intenciones en la partida de los presupuestos.
