Las 13 grandes reivindicaciones de los pensionistas a los partidos para el 23J
Ante la convocatoria de las próximas elecciones generales el 23 de julio de 2023, las plataformas y movimientos de pensionistas recuerdan sus principales reivindicaciones pendientes:
- La realización inmediata de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, aprobada por el Parlamento en la Ley de reforma de las pensiones 21/2021, que continúa sin cumplirse.
- Garantizar que la pensión mínima contributivade una persona con cónyuge no a cargo sea cuando menos igual al salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente 1.080 euros mensuales.
- Supresión del requisito exigido de 2 años de cotización en los 15 últimos años para poder acceder al cobro de la pensión (la “carencia específica”).
- Volver a la edad de jubilación a los 65 años, en el camino de su reducción en el futuro, para disminuir la tasa de paro juvenil.
- Reducir el período de cómputo para el cálculo de las pensiones a los 15 años de cotización anterior a la reforma de 2011.
- Actualización de las pensiones según el IPC acumulado anual y compensación de pérdidas de poder adquisitivo mediante la correspondiente paga, con efectos retroactivos desde 2022.
- Garantizar una tasa de reemplazo (diferencia entre el último salario y la pensión) del 90% para salarios inferiores a 1.500 euros y del 80% para el resto.
- Incrementar el porcentaje de la base reguladora que corresponde a las pensiones de viudedad.
- Derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada para las personas que cotizaron 40 o más años
- Derogar la Ley de Promoción e Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, para impedir el desvío de cotizaciones sociales, y otros ingresos públicos, de la Seguridad Social a las entidades financieras.
RETOS DEL NUEVO GOBIERNO EN PENSIONES:
El Gobierno afrontará retos muy relevantes en pensiones: algunos tradiciones y otros nuevos, derivados de las dos recientes fases de reforma del sistema de Seguridad Social, diseñadas por el ministro José Luis Escrivá y aprobadas por el Congreso de los Diputados.
El 1 de enero de 2027 finaliza el periodo transitorio establecido en la reforma de 2011, del Gobierno de José Luis Zapatero, lo que significa que en el último año de mandato del próximo ejecutivo ya empezará a regir de lleno la edad legal de jubilación de 67 años (y factible a los 65 si han cotizado 38 años y 6 meses) .Por una parte, la segunda fase de la actual reforma de pensiones, que entró en vigor el 1 de abril de 2023, establece varias medidas que se desplegarán de modo efectivo en 2024, 2025 y 2026.Y, por otra parte
Con independencia del color político, la revalorización anual seguirá siendo asunto de Estado, por el fuerte aumento del gasto que conlleva, y por la firme defensa de jubilados y pensionistas a dicha subida, que consideran un derecho indiscutible.
La jubilación de boomers
En la actualidad, ya ha comenzado la jubilación de los boomer a cuenta gotas, de forma anticipada, voluntaria o involuntaria, pero desde 2025 sus jubilaciones empezarán a ser masivas, puesto que todos aquellos nacidos en 1960 cumplirán 65 años, y en 2030 estarán en la parrilla de salida laboral cientos de miles de trabajadores que vinieron al mundo en 1965. La inmensa mayoría podrá retirarse a los 65 años (con el 100% de pensión) o a los 63 (con un recorte) porque acumularán los 38 años o más de cotizaciones que la Ley actual marca.
Precisamente, el proceso de envejecimiento y la jubilación inminente de la generación del baby boom es el reto más decisivo de España, pues el número de pensiones se elevará desde los 10 a los 15 millones, con una tasa de crecimiento medio anual del 1,5% en el periodo 2025-2048.
Revalorización de las pensiones mínimas y de las no contributivas
Mantener o enmendar la senda de subida de las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas es otro desafío para el próximo ejecutivo español. Si atiende a lo que dicta la reforma de pensiones en vigor, irán subiendo entre 2024 y 2027 de manera progresiva, por encima del IPC, y desde el 1 de enero de 2027 no podrán ser inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.
Las pensiones no contributivas deberán crecer también por encima de la revalorización media, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. Falta por saber cómo se concretarán las proyecciones del Ministerio de Seguridad Social, según las cuales, experimentarán en los próximos cuatro años un incremento del 22%, con lo cual, pasarían desde 6.800 euros al año actuales, hasta 8.300 euros en 2027.
Otra subida comprometida, que debería asumir el próximo gobierno, afecta al complemento de brecha de género, que ha de subir un 10% adicional en 2024 y 2025.
Otros cambios legales en 2024, 2025 y 2026
Existen otra serie de medidas que implican cambios y gastos derivados de la reforma de 2023, que un gobierno del PSOE mantendrá, pero que uno del PP podría derogar, habida cuenta de que se han opuesto a ellas en la pasada Legislatura.
Así, en 2024 entrará en vigor la revalorización de las bases máximas y del complemento de la brecha de género en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le sumará un cuantía fija de 1,2 puntos entre 2024 y 2050, mientras que el complemento de la brecha de género subirá un 10% adicional en el bienio 2024-2025.
En 2025 se despliega la nueva cuota de solidaridad sobre salarios que superen la base máxima, que se aplicará por tramos salariales hasta 2045. Al final de este periodo, el tipo de cotización será del 5,5% para los que tengan un salario comprendido entre la base máxima y un 10% más; del 6% para los salarios que superen la base máxima entre un 10% y un 50%; y del 7% cuando el salario sobrepase la base máxima en un 50%. Esta cuota solidaria no se aplicará a trabajadores autónomos.
Asimismo, en 2025 debería entrar en vigor la subida de pensiones máximas con el IPC anual más un alza extra de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un subida aproximada del 3%.
Compatibilidad pensión y trabajo
En todo debate sobre pensiones subyace el asunto de la compatibilización del cobro de la pensión con el empleo, que los expertos de uno y otro color cada vez reclaman en mayor medida, asegurando que este debe ser el futuro al que debe caminar el sistema de pensiones español. Es decir, permitir la casi total, si no total compatibilidad entre percibir la pensión y seguir trabajando (y lógicamente, ingresar rentas salariales).
Sus defensores argumentan que dicha medida reforzaría la sostenibilidad del sistema público, puesto que quienes se acojan a ella seguirían cotizando durante más tiempo, por tanto, incrementando los ingresos de la Seguridad Social, y las empresas aprovecharían mejor el talento sénior.
Así, otro gran desafío para los próximos 4 años es reformar la jubilación parcial para mejorar la compatibilidad entre pensión y trabajo, preservar la calidad del empleo de los relevistas, y equilibrar el coste que esta modalidad de pensión tiene para la Seguridad Social.
Igualmente, otro reto para la siguiente Legislatura es mejorar la jubilación activa, que en estos momentos casi únicamente la escogen los autónomos, porque la ley les permite cobrar el 100% de la pensión y obtener rentas salariales ilimitadas, siempre que contraten a un empleado por cuenta ajena. Al resto de trabajadores, esta fórmula les faculta a cobrar tan solo el 50% de la pensión.
¿Qué pasará con el MEI?
Ante el desafío de la jubilación de los boomer, el ministro Escrivá ha optado por una reforma que amplía los ingresos del sistema, mediante varias subidas de cotizaciones (a pagar por empresarios y trabajadores), la más importante de las cuales es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que ya este 2023 se ha empezado a rellenar la hucha de las pensiones. Si gobierna Sánchez, se compromete a aportar unos 5.000 millones de euros anuales.
Hay que recordar que la sobrecotización del 0,6% vinculada al MEI se ha iniciado en 2023, y la Ley de reforma indica que subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año y con la siguiente distribución: 1% a cargo de la empresa y 0,2% a cargo del trabajador.
Si el nuevo gobierno es continuista, y respeta la Ley vigente, esta sobrecuota se mantendría en 1,2% de 2030 a 2050 y podría aumentar automática, si el gasto en pensiones supera el 15% del PIB. Ahora bien, si gobierna el PP, ya ha anunciado que, como mínimo, reducirá las cotizaciones del MEI, así como las cuotas para los autónomos.
¿Qué pasará con el cambio de los años en el cálculo de la base reguladora?
En enero de 2026 entrará en vigor la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. La reforma en vigor desplegará progresivamente un modelo dual, que permitirá elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años de cotización, descartando en este caso los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.
Esta nueva opción se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2026 a 2037, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años (menos dos).
Un gobierno del PSOE mantendría esta medida, recién aprobada por ellos mismos en coalición con Unidas Podemos, pero no está claro si un eventual gabinete presidido por Feijóo modificaría o ampliaría este periodo de cómputo, pues algunos dirigentes populares han expresado en el pasado su preferencia por tener en cuenta toda la vida laboral del trabajador, para que la pensión resultante sea lo más contributiva posible.
Las jubilaciones anticipadas de ciertos colectivos
Existen profesiones y colectivos que piden jubilarse antes y cobrar el 100% de la prestación, en virtud de sus condiciones específicas de años trabajados, empleos penosos, insalubres, peligrosos o de fuerte desgaste físico y psicológico. Lo reclaman colectivos como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bomberos que prestan servicio en empresas privadas, bomberos forestales, personal funcionario y estatutario al servicio de las administraciones públicas en los sectores sanitario y sociosanitario, cerca de 40.000 enfermeros del sindicato de Enfermería (Satse), conductores de transporte profesionales, conductores de ambulancias, conductores de autobuses, industria siderúrgica, buzos profesionales, etc.
Uno de los colectivos más relevantes en reclamarlo es el de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que reclama al Gobierno la misma “jubilación digna” que tienen los policías autonómicos, con posibilidad de adelantarlo a los 59 años.
El déficit y la deuda de la SS: la auditoria y la agencia estatal
Pese a las abultadas transferencias del Estado y al nivel récord de los ingresos por cuotas, el déficit de la Seguridad Social sigue sin desaparecer, y entre enero y mayo de 2023 suma 1.022 millones de euros. La entrada de dinero no basta para acabar con el déficit, ya que el gasto en pensiones se ha disparado, drenando mayores recursos de los que llegan al sistema por distintas vías.
En 2023, el sistema de pensiones volverá a sufrir déficit, estimado en -7.199 millones (-0,5% del PIB), pese a que la Seguridad Social se ahorrará 19.888 millones de gastos impropios. En total, entre 2022 y 2023, el Ministerio de José Luis Escrivá se librará de pagar 38.284 millones (gastos que no le correspondían, pero que hasta 2021, incluido, tuvo que costear), pero aun así, el año terminará con desfase en las cuentas, según figura en los Presupuestos del Estado para 2023.
Tan desafiante o más que el déficit, es embridar la deuda de la Seguridad Social, en niveles récord, con 106.170 millones en abril . Se cumplen así seis meses con un volumen de deuda superior a la barrera psicológica de los 100.000 millones, que parecía impensable hace solo unos años. La deuda del sistema de pensiones representa en la actualidad en torno al 7,8% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Según la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, el Gobierno, “en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social”.
Además, la norma fija que “dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”. Es decir, el plazo para finalizar la auditoría expiró en julio de 2022, pese a lo cual, un año después, no se conoce el resultado de tal auditoría.
El próximo gobierno tendrá también que poner en marcha (o no) la Agencia Estatal de la Seguridad Social, otro mandato incumplido de la Ley de reforma. Así lo contempla la Disposición final tercera: “En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará un proyecto de ley para dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, garantizando la simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia del sistema de Seguridad Social.
