España lidera los compromisos millonarios que tiene el sistema público entre todos los europeos, lo que limita posibles reformas de sostenibilidad, según los actuarios
Las obligaciones que ya tiene asumidas la Seguridad Social para pagar las pensiones futuras, en función de las cotizaciones que están realizando los españoles durante su vida laboral, se han incrementado de forma tan notable en los últimos años que la factura compromete más de ocho billones de euros en prestaciones durante las próximas décadas. El importe es de tal magnitud que España ha pasado a liderar los compromisos que tienen los sistemas públicos frente a los cotizantes entre todos los países de la Unión Europea, seguido por Austria e Italia. No hay otro sistema que se enfrente a una cuantía similar, según las estimaciones elaboradas por el Instituto de Actuarios de España.
El de los compromisos de pago es una de las variables que sirven para testar cómo de flexible tiene que ser la Seguridad Social no este mes, ni este año, ni siquiera esta legislatura. Es una cuantía que refleja los pagos que deberá hacer el Gobierno de turno a una población que ya está aportando ingresos al sistema, vía cotizaciones, y que supone el retorno de esos pagos con una pensión de jubilación, cuando les llegue el momento legalmente establecido. Se trata de la «deuda implícita», indica el informe ‘Posibles reformas estructurales del sistema contributivo de jubilación en España’ de los actuarios. Una cuantía que «sirve como referencia para comprobar si es posible transformar el actual sistema de pensiones de reparto a uno de capitalización individual». La conclusión es tajante: ante estas perspectivas, sería imposible acometer una empresa de tal calado en las pensiones.
Los actuarios han estimado esos ocho billones de euros para 2024 en compromisos de pago de la Seguridad Social en función de la evolución de este registro entre 2015 y 2021, con datos trienales, que es como los actualiza el INE. «Si continuara la tendencia de los últimos años, la deuda implícita en 2024 podría alcanzar unos 8 billones de euros, unas 6 veces el PIB de ese año y, lo más probable, es que siga creciendo en los próximos años como consecuencia del crecimiento del número de afiliados, la mayor esperanza de vida y una posible disminución del tipo de interés utilizado para la valoración», alerta el informe de estos expertos.
Solo entre 2015 -una vez superada la gran recesión y la crisis financiera- y 2021 -con los coletazos del ‘shock’ de la pandemia- el crecimiento anual acumulado de esa deuda implícita del Estado con los pensionistas ha sido del 8,9%. En ese mismo periodo, la deuda respecto al PIB (la riqueza que genera España en un año) ha aumentado un 6,6%.
Hasta ahora, de los más de seis billones contabilizados hasta 2021, los compromisos generados entre los trabajadores del régimen general y similares suponen más de cinco billones y medio de euros. Y los relativos a los funcionarios y otros colectivos similares -las clases pasivas, como se las denomina, con su propio régimen- ha superado el medio billón de euros.
Por ofrecer una visión realista de lo que implican estas cuantías, los actuarios calculan que si la deuda estimada para 2024 (esos 8 billones de euros) se repartiera entre la población mayor de edad (unos 40,5 millones de españoles), cada uno tendría que pagar de media casi 9.000 euros anuales de forma vitalicia. Si se repartiera entre todos los residentes de cualquier edad (unos 48,6 millones), entonces el pago vitalicio anual sería algo inferior a los 7.000 euros anuales. Y si se quisiera amortizar la deuda en 50 años al 3% con pago constante, cada uno de los residentes tendría que destinar unos 6.000 euros cada año.
A esta deuda implícita se une la explícita: los 136.000 millones de euros que tiene contabilizada la Administración como endeudamiento de la Seguridad Social, después de las inyecciones de capital que autoriza el Estado para que cada año el sistema pueda acometer el pago de las pensiones, sobre todo en los momentos más extremos, como las pagas extra. Estas transferencias de dinero ya supusieron el año pasado más de 50.000 millones de euros, según los últimos datos de ejecución presupuestaria.
Más reformas, menos «parches»
Estas cifras llevan a la organización a la conclusión de que es «prácticamente inviable pasar a un sistema de capitalización individual, porque las cotizaciones al nuevo sistema no se destinarían a pagar las pensiones de los actuales pensionistas sino que se acumularían en las cuentas individuales de cada afiliado del nuevo sistema». Por ello, los actuarios apuntan que ante la situación actual y las perspectivas futuras del sistema de pensiones de jubilación español «existe un problema estructural, cuya resolución requiere, de forma coherente, la adopción de una reforma también estructural, más allá de ajustes meramente paramétricos».
Entre otras opciones, ponen sobre la mesa la posibilidad de habilitar una transición hacia un sistema de cuentas nocionales, porque mantendría la financiación mediante reparto y mejoraría la sostenibilidad financiera y actuarial del sistema, así como la equidad intrageneracional. «Además, el nuevo sistema probablemente sería más eficiente y generaría incentivos para seguir cotizando». También plantean un sistema mixto, siempre que las cotizaciones destinadas a este sistema fuera un porcentaje limitado respecto del total. O uno de reparto y prestación definida, aunque apuntan que debería incluir la utilización de mecanismos de ajuste automático, de tal forma que se consiguiera «un sistema menos generoso, más equitativo y, sobre todo, más sostenible» desde el punto de vista financiero.
