l Tribunal de Cuentas ha descubierto el galimatías técnico y normativo desplegado por el Gobierno para, literalmente, utilizar recursos provenientes de los fondos europeos, pero sin decir que es dinero de los fondos europeos, para pagar pensiones, sin decir que va destinado al pago de pensiones.
Sin presupuestos desde 2023, el Gobierno se ha especializado en el arte del trampantojo: disfrazar las normas de un laberinto técnico que le permita hacer lo que no puede hacer. En el caso de los fondos europeos y las pensiones la cosa está meridianamente clara.
Ni la Ley de Presupuestos Generales del Estado ni la norma que rige la utilización de los fondos europeos permite el uso de estos para atender gasto corriente. De modo y manera que si en algún momento alguna previsión de gasto se queda corta y hace falta más dinero, el Gobierno debe regular y gastar menos de otro sitio para atender los pagos ineludibles, como son las pensiones públicas. O bien, incurrir en más deuda.
Pero es que resulta que en este asunto al Gobierno le duele la boca de decir una y otra vez que las pensiones públicas están garantizadas y que no hay ningún problema con ellas. Más aún, que los que denunciamos el terrible agujero de las pensiones, mentimos y que en realidad se trata de un sistema que goza de superávit porque gracias a ellos la hucha de las pensiones vuelve a tener recursos. De nuevo falso, de nuevo trampantojo.
Las cotizaciones sociales que ha disparado el Gobierno de Pedro Sánchez ahogando a las empresas no son suficientes, ni siquiera con su vertiginosa subida, para cubrir el gasto en pensiones y, desde hace años, ese déficit se cubre con los Presupuestos Generales del Estado (impuestos) y deuda. No en vano, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez la deuda de las pensiones ha pasado del entorno de los 35.000 millones de euros en 2018 a los 136.000 millones de euros actuales.
Para que nos hagamos una idea, cada año el Estado recauda unos 175.000 millones en concepto de cotizaciones y se gasta en pensiones contributivas y no contributivas unos 205.000 millones. Es decir que cada año hay más de 30.000 millones de euros que no se cubren. En 2026 esa diferencia se prevé que llegue a 38.800 millones de euros.
Esto no siempre fue así. Hasta 2011 el sistema generaba superávit y aguantaba cubriendo sobradamente las pensiones con las cotizaciones que cobraba. Sin embargo desde entonces ha habido que cubrir ese gasto también vía impuestos.
Lo curioso es que el Gobierno, el mismo que impuso su propio monopolio en la compra de material sanitario durante el Covid, con el resultado que hoy se juzga en el Tribunal Supremo y fundadas sospechas de que algunos aprovecharon aquella circunstancia para forrarse con los contratos de las mascarillas, también estableció un monopolio en el control y la concesión de los Next Generation, negándose a que una comisión independiente velara por el buen uso de semejantes recursos públicos.
Ahora nos enteramos de que el Gobierno que presume de reforma de las pensiones y de garantizar el sistema ha tenido que tirar de los fondos europeos para pagarlas.
Parece que Monika Holmeier, aquella eurodiputada del PP Europeo que visitó España para comprobar dónde estaba gastándose el dinero de los fondos europeos tenía razón cuando dijo que era prácticamente imposible seguirle la pista a cada euro. En aquel momento lo más llamativo era que el Gobierno drenase los fondos para empresas públicas, en especial a ADIF. Ahora vemos que han cogido de la caja hasta para las pensiones
Fuente: ¿Esta era la garantía de las pensiones? – Luis Fernando Quintero – Libre Mercado
