Nos enfrentamos a una de las crisis financieras más profundas en la historia y la delicada situación de la SS empeora a marchas forzadas debido tanto el desplome de los ingresos por la falta de actividad como el ascenso del gasto (desempleo). Es evidente que debemos preservar la suficiencia de las pensiones más bajas, por simples razones de solidaridad, y es imprescindible acometer reformas que satisfagan a las generaciones presentes y que no lastren con deuda el progreso de las generaciones del futuro.
En los múltiples rifirrafes previos acaecidos a los acuerdos del Consejo Europeo, Europa se ha referido a las reformas que debería acometer España, citando expresamente la laboral y la de las pensiones y condicionando los “regalos” del Fondo europeo de Reconstrucción al cumplimiento de los compromisos previos sobre estas cuestiones. Hay que reconocer que en España llevamos poniendo las pensiones al borde del abismo desde hace ya demasiado tiempo.
Hace unos días el Tribunal de Cuentas ha publicado su informe sobre la Seguridad Social (SS) del año 2018. Tampoco es que sea un gran hallazgo de algo desconocido y todo se reduce a un juego contable, ya que el Estado y la SS son la misma cosa. El pasivo de la SS se corresponde con un activo del Estado y ambos desaparecen del balance cuando se consolidan. Ni que decir tiene que la SS nunca podrá pagar esos préstamos y el Estado sabe que jamás podrá cobrarlos.
Lo denunciable es que todos los gobiernos se han empeñado en canalizar los recursos de un presupuesto a otro como préstamos en lugar de como aportaciones, que es además lo que se encuentra estipulado en la ley (la SS se financia por cotizaciones sociales y por aportaciones del Estado).
Quizás la intención última y no publicada sea la de acogotar a la SS y justificar así las sucesivas reformas de las pensiones. Lo curioso es que este Gobierno, autodenominado ”progresista” continúe transfiriendo los recursos a la SS como préstamos y no como aportaciones. Es más, no ha condonado la deuda -como sería lógico-, con lo que se habría terminado la amenaza de quiebra, al menos contable, de la SS.
Por su parte el Banco de España “informa” (¡otro descubrimiento!) acerca de que los pensionistas reciben más de lo que han cotizado. Pero en las pensiones, como en casi todas las prestaciones, y también en los servicios públicos, habrá quien reciba más de lo que ha aportado y quien contribuya más de lo que obtenga. En esto consiste precisamente la función redistributiva del Estado. A nadie se le ocurre preguntar si los alumnos de enseñanza media o universitaria o los enfermos de los hospitales han tributado más o menos de lo que perciben.
Lo vigente actualización anual de las pensiones con el IPC (una extraña reivindicación de la mayoría de los movimientos de pensionistas) es en realidad mantener lo que ya había pactado el anterior Gobierno del PP con el PNV. Hoy por hoy sigue vigente la anterior ley de Rajoy sin que el gobierno (en ninguna de sus dos “almas”) haya hecho nada para corregirla. Además, en estos momentos, teniendo en cuenta la baja tasa de inflación, tal actualización carece casi de importancia.
De cara al futuro, las pensiones públicas tienen problemas, pero los mismos que la sanidad, la educación, el seguro de desempleo, la dependencia o este nuevo invento del IMV. Ni más ni menos. Los problemas, más bien el problema, es la insuficiencia recaudatoria de nuestra Hacienda Pública con los casi siete puntos de presión fiscal que nos separan de la media de la Eurozona. Pero nadie quiere coger el toro por los cuernos y el gobierno ya ha adelantado que se olvida del tema hasta 2023, argumentando que primero hay que salir de la crisis económica de la pandemia. Eso sí, el nivel que puede alcanzar la deuda pública puede ser de antología, campo apropiado para que nos obliguen a todo tipo de recortes, comenzando por las pensiones.
Lo más llamativo es el silencio de una de las almas del gobierno que parece continuar embarrado con la Monarquía con lo que ya tienen bastante entretenidos a sus acólitos, encelándose en que la forma del Estado es el tema más urgente y el que más importe al personal, olvidándose al parecer de que es un debate de imposible solución legal y democrática (¡tampoco es que esto último les importe demasiado!) y solo se consigue dividir a la sociedad en el peor momento posible. Pero quizás (solo quizás) puede dar la impresión de ser una cortina de humo para ocultar otros problemas y la duda es si se trata de una contienda real o ficticia entre las dos almas del Gobierno y de si se están repartiendo entre esas dos almas los papeles de policía bueno y policía malo, con un mismo objetivo común…¡que no es el económico, el fiscal o el de las pensiones en tiempos del cólera!
Lo cierto es que la Comisión del Pacto de Toledo se ha comprometido públicamente a finalizar la redacción de sus recomendaciones (¡ojo, simples recomendaciones sin carácter de obligado cumplimiento hasta que se plasmen en leyes!) en el próximo mes de septiembre. Aunque el ministro independiente de la SS parece encelado con el nuevo invento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ahora parece ni siquiera ser capaz de gestionarlo en un plazo mínimamente eficaz, ha convocado a los agentes sociales (sindicatos de clase y organizaciones empresariales) para consensuar, o al menos debatir, las posibles medidas que aseguren la suficiente y sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones públicas.
Como es sabido las pensiones, hoy por hoy, se financian fundamentalmente con las cotizaciones de la Seguridad Social, pero dada la insuficiencia de estas para hacer frente al aumento imparable de las pensiones de jubilación el Estado ya ha dado unos “préstamos a interés cero” que alcanzaron los 55.000 millones a fin del año 2019 (casi el 5% del PIB).
El gasto público en España es muy inferior al de la Unión Europea y eso redunda en un Estado del bienestar más precario. Es la consecuencia del bajo nivel recaudatorio que tienen las administraciones públicas. La cuña fiscal de España se sitúa en el 35% del PIB (casi 7 puntos porcentuales menos que en la eurozona). Francia ingresó el equivalente a casi el 50% de su PIB, y Alemania, un 40%.
España tiene unos tipos impositivos nominales que son relativamente altos, sin embargo, los tipos implícitos (lo que se paga de verdad) son bajos, es decir, las deducciones, bonificaciones, reducciones… distorsionan el sistema.
El tipo implícito sobre la imposición indirecta, el IVA pero también están los Impuestos Especiales, por ejemplo en España es del 13,8%, frente al 16,8% de la media de la zona euro. España tiene un IVA general que está al 21%, pero la realidad es que la presión real que sienten los hogares es del 13,8%, en gran parte por la gran variedad de productos que están tasados a un IVA reducido (10%) y superreducido (4%).
El tipo impositivo implícito del IRPF en España es del 11,26% (el tipo nominal marginal supera el 42%) frente al 12,07% de la media de la zona euro. Este tipo implícito inferior, que reduce la recaudación respecto a Europa, se debe sobre todo, a las deducciones, exenciones y tipos especiales reducidos, que generan con frecuencia pérdidas importantes de recaudación y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo.
Por otra parte, la economía sumergida supone no pagar impuestos en algún momento o realizar algún trabajo sin cotizar por él a la Seguridad Social. El primero es el fraude fiscal que engloba el impago de impuestos, desde el IVA hasta el IRPF, pasando por el impuesto sobre Sociedades. El fraude fiscal se puede nutrir del pago en “B” del consumo, de los ingresos empresariales o profesionales no contabilizados o de los beneficios de las multinacionales que evaden a paraísos fiscales. Supone alrededor del 65% del fraude total. El fraude laboral se refiere a las actividades irregulares en el mercado de trabajo, con el impago de las cotizaciones sociales y la falsa contratación de prestaciones ilegales, incluso pagando parte de la nómina del trabajador en dinero negro como sucede con contrataciones parciales. Representa más de un tercio del fraude total. La Economía sumergida en España supone más de 300.000 millones de euros, un 25% del PIB. Recuperar una parte de ella puede suponer un “maná” para las arcas del Estado fácilmente superior a 70.000 millones de euros. Se necesita una voluntad política poniendo los medios suficientes para alcanzar niveles estructurales europeos, el diferencial con estos países es superior al 3%. Podría suponer un ingreso de aproximadamente 40.000 millones de euros.
Aunque sin hombres de negro, será Europa la que en buena medida nos marque el paso con la autoridad añadida que ahora le proporcionan los 140.000 millones que entre créditos y transferencias recibirá España fruto del acuerdo alcanzado en la cumbre europea el 21 de julio. Otro tanto acontecerá en lo relativo al sistema público de pensiones, técnicamente quebrado incluso antes de la pandemia. El dinero de Europa no va a apuntalar el sistema y no habrá transferencias corrientes para pagar a los jubilados. La progresiva devaluación de las pensiones, que ya se intentó, no parece una opción ni política ni socialmente admisible pero, como poco, sí será necesario elevar las cotizaciones sociales, retrasar la edad de jubilación e incentivar el alargamiento de la vida laboral. Hay mucho trabajo por hacer en impuestos y pensiones, dos asignaturas pendientes que…
YA NO ADMITEN CUENTOS, SOLO VALEN LAS CUENTAS.
