El atasco burocrático que experimenta en general la Administración Pública tras los peores meses de la crisis sanitaria amenaza con provocar un colapso que deje en punto muerto las gestiones más ordinarias de las distintas instituciones gubernamentales y que ha provocado la amenaza directa de los sindicatos si no se resuelven las disfunciones con movilizaciones a partir de septiembre.
La congestión ya la está sufriendo la Seguridad Social, donde se acumula un 80% de peticiones del ingreso mínimo vital sin respuesta y se están duplicando los plazos para realizar las altas de jubilación, normalmente en torno a 15 días, y que a causa del cuello de botella generado tras el confinamiento se están concediendo a un mes. También el Sepe, por circunstancias directamente relacionadas con las medidas aprobadas para combatir la pandemia, como la extensión de los Ertes y la facilitación de los mismos, está experimentando retrasos en la resolución y pago de las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados.
Sin embargo, no solo se está rozando el colapso en estos organismos que por su naturaleza asumen mayores cargas de trabajo a raíz de la crisis económica y el impacto en el mercado laboral, sino que otros estamentos están experimentado la congestión que supone recibir de golpe las solicitudes y procedimientos administrativos que los ciudadanos han pospuesto durante los peores meses de la crisis sanitaria.
Un problema de cargas burocráticas que también se ha instalado en el Ministerio de Justicia, donde se acumulan los expedientes para conceder la nacionalidad española sin resolver. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitía recientemente la existencia de “un gran atasco” en la tramitación de los expedientes de nacionalidad española por residencia, si bien asegura que durante la pandemia se han resuelto unas 12.000 solicitudes.
Pese al refuerzo de plantilla
Más allá, esta situación se produce en una coyuntura de refuerzo de las plantillas del sector público que ha llevado a cabo el Gobierno, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa a mediados de 2018. Desde esa fecha los distintos niveles de la Administración cuentan con 36.329 trabajadores más, un 1,5% más que el volumen registrado ese año, si bien este progresivo incremento de funcionarios no está evitando que se produzcan los retrasos mencionados en la tramitación de procesos ordinarios.
Si bien es cierto que en comparación con la fuerza laboral funcionaria que afrontó la anterior crisis financiera de 2008 contaba con un 3,7% más de efectivos, casi 100.000 personas más que este año.
En este sentido, desde Justicia aseguran que “el Ministerio no ha cerrado y telemáticamente se han seguido tramitando” pero si que advierte “un amplio problema” en los registros civiles “en general”, y “en particular” en lo relativo a los expedientes de nacionalidad.
Durante la pandemia se han resuelto unos 12.000 expedientes, según ha asegurado Campo, que también ha precisado que a fecha 31 de enero de 2020 había “291.000 expedientes atrasados”. En cualquier caso, ha hecho hincapié en 2019 hubo plan de choque que contó con 168 funcionarios y en virtud del cual se abordaron 215.731 expedientes y se resolvieron 112.358 solicitudes de nacionalidad.
Tres meses
Según denuncian fuentes del sindicato de funcionarios CSIF, el INSS retrasa pagos de ayudas hasta tres meses debido a estos factores, a lo que suma la dificultad de liberar el trabajo acumulado a una plantilla mermada que en los últimos diez años ha perdido un 21% de su plantilla. Sobre el INSS, el sindicato de funcionarios denuncia que se están colapsando las oficinas centrales de la Seguridad Social, algo que no había sucedido antes.
Fuentes de CSIF reconocen que el empleo a distancia de la mayor parte del cuerpo de empleados de la Seguridad Social implantado desde marzo por el confinamiento ha cambiado la forma de trabajo de los funcionarios y eso “está provocando retrasos” en la concesión y reconocimiento de las nuevas prestaciones.
Concretamente, los problemas se están concentrando en los pagos de ayudas por maternidad y paternidad, o en las prestaciones por incapacidad. De igual manera, se están notificando ya algunas incidencias con el ingreso mínimo vital, si bien están en todos los casos relacionadas con la situación de excepcionalidad que se está viviendo también dentro de la Seguridad Social.
“Más de 150.000 trabajadores siguen sin cobrar en Erte por fuerza mayor”, afirman los Gestores Administrativos esta misma semana, a lo que se suma el retraso por un cambio de sistema de tramitación del Sepe, que afecta también a Ertes por otras causas. “No entendemos por qué seguir ocultando las cifras reales cuando la sociedad sigue siendo un clamor por el alto número de casos que todos conocemos de personas que aún no han cobrado el subsidio”, apuntan.
