La juventud no necesita propaganda ni paternalismo, sino salarios ligados a la productividad, seguridad jurídica y más viviendas
España está condenando a sus jóvenes a una adolescencia interminable. Casi siete de cada diez personas de entre 18 y 34 años viven con sus padres o necesitan su ayuda económica. No estamos hablando sólo de estudiantes de 18 años. Sino también de trabajadores que han superado los 30 y siguen dependiendo de una transferencia familiar. Para pagar el alquiler, dar la entrada para comprarse una vivienda o, simplemente, llegar a fin de mes.
El dato procede del informe de Comisiones Obreras Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación. En 2016, el 41 % de los jóvenes vivía de forma independiente y sin ayuda familiar. En 2025, solo lo hacía el 31 %. Diez puntos menos en una década. Mientras la tasa europea se ha mantenido alrededor del 50 %, España ha sufrido el mayor retroceso de Europa. Es un fracaso económico, político y social.
Los jóvenes están mejor formados que nunca. Más de la mitad posee estudios universitarios o de Formación Profesional superior. El paro juvenil ha descendido desde el 40 % (en 2013) hasta el 16 %, y la temporalidad ha caído del 56 % en 2018 al 32 % en 2026. Hay más formación, más empleo y más contratos indefinidos. Sin embargo, hay menos emancipación.
Algo no encaja. Y es la vivienda.
Un alquiler medio absorbe alrededor del 96 % del salario de una persona joven. Para comprar una vivienda en una gran ciudad hay que disponer de unos 70.000 euros. Muchos jóvenes necesitan de unos padres con patrimonio o con sueldos elevados, para tener la posibilidad de abandonar la habitación en la que estudiaban el bachillerato.
El estudio acierta al señalar el problema, pero se queda a medio camino al explicar sus causas. No basta con denunciar un mercado de la vivienda desbocado, como si los precios hubieran adquirido vida propia. El mercado de la vivienda no se ha vuelto loco. Cuando la demanda aumenta y la oferta permanece estancada, los precios suben.
Una política perversa
Durante años, los poderes públicos han dificultado la construcción con falta de suelo disponible, licencias interminables, marañas regulatorias y una fiscalidad que encarece cada fase del proceso. España, además, posee un parque público de alquiler raquítico, después de décadas de promesas. Los mismos partidos políticos que ahora proclaman la vivienda como un derecho han gobernado Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el Estado sin construir prácticamente pisos para uso público.
A esa negligencia se ha añadido una política de alquiler contraproducente. Controles de precios, inseguridad jurídica, creciente dificultad para recuperar una vivienda en caso de impago… Demasiadas trabas para que la gente se anime a poner casas en alquiler. Algunos propietarios venden, otros retiran sus viviendas del alquiler permanente y muchos endurecen las condiciones para el inquilino
A esa negligencia se ha añadido una política de alquiler contraproducente. Controles de precios, inseguridad jurídica, creciente dificultad para recuperar una vivienda en caso de impago… Demasiadas trabas para que la gente se anime a poner casas en alquiler. Algunos propietarios venden, otros retiran sus viviendas del alquiler permanente y muchos endurecen las condiciones para el inquilino.
Los fijos discontinuos
Quienes ya poseen un contrato pueden quedar temporalmente protegidos, pero quienes buscan su primera vivienda –jóvenes, sobre todo– encuentran menos oferta, alquileres iniciales más altos y más exigencia de garantías. Se legisla supuestamente contra los propietarios, pero la factura la pagan los jóvenes.
Tampoco conviene confundir un contrato indefinido con una vida estable. Parte de la caída de la temporalidad laboral se debe a la conversión de contratos temporales en fijos discontinuos. El nombre del contrato ha mejorado, pero las horas trabajadas, la continuidad de los ingresos o las perspectivas profesionales no
Por otro lado, España todavía mantiene un paro juvenil, aproximadamente, dos veces superior al europeo. Y muchos jóvenes encadenan salarios modestos, jornadas parciales y carreras laborales fragmentadas. Tener empleo ya no significa sostener un hogar.
La familia está evitando que este fracaso termine en una explosión social. Los padres aportan dinero, avalan hipotecas, ceden viviendas y prolongan durante años la convivencia doméstica. El Estado presume de protección social, pero son las familias las que están rescatando a sus hijos. Este apoyo reduce la pobreza inmediata, pero perpetúa una sociedad en la que el futuro depende cada vez más del patrimonio familiar
El dato del 70 % no describe una juventud cómoda, sino un país estancado. Una sociedad se rompe cuando trabajar no permite independizarse. Y seguirá estando rota mientras la política de vivienda se dedique a repartir culpas, intervenir precios y anunciar derechos en vez de construir casas. Los jóvenes no necesitan propaganda ni paternalismo. Necesitan salarios ligados a la productividad, seguridad jurídica y muchas más viviendas. Todo lo demás es condenarlos a pedir permiso y dinero a sus padres para hacerse adultos.
Se acusa a los jóvenes españoles de tener el síndrome de Peter Pan. De no madurar. En realidad, no sería un problema de falta de responsabilidad. Sino de falta de oportunidades económicas.
