Acaba el maldito 2020 y a pesar del “parto de los montes” de las recomendaciones del Pacto de Toledo, todos los malos augurios que teníamos a principios de este año sobre las pensiones se han cumplido uno tras otro.
1.-Derogar definitivamente el todavía vigente legalmente Índice de Revaloración anual de las pensiones (IRP) y abolir definitivamente la aplicación del Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), en “hibernación” hasta el 2023, pero aún amenazante como una espada de Damocles.
2.- Reformar las actuales Pensiones de Viudedad y, en cualquier caso, financiarlas mediante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), liberando de su carga (aprox. el 20% de los gastos actuales) a las cuentas de la SS. En definitiva “las pensiones no se heredan”. Dicho cambio se debería plantear para los nacidos, por ejemplo, después de 1965 y con un periodo transitorio de aplicación.
3.- Tomar toda la vida laboral para el cálculo de la Base Reguladora, y no los 25 (o 35 años) previos ni los más ventajosos, cuando en 2023 finalice el periodo transitorio actual que alarga el periodo de cómputo a los últimos 25 años. Por razones de equidad actuarial. En la mayoría de los casos, no obstante, comportaría una bajada de la cuantía de la pensión actual (dado que las cotizaciones iniciales suelen ser mucho menores que las recientes) a no ser que se reajusten los parámetros actuales de las “fórmulas” de cálculo de la cuantía de las pensiones, por ejemplo, los coeficientes reductores de la Base Reguladora por el número de años cotizados.
4.- Disminución (pero no eliminación) de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipas involuntarias. En la actualidad son actuarialmente excesivamente altos y deberían estar en el orden del 4 ó 5 % anual para ser realmente equitativos, pues es incuestionable que se empieza a recibir la pensión (aunque sea reducida) cuatro años antes que los que se jubilan a su edad ordinaria.
5.- Eliminar las jubilaciones anticipadas voluntarias e injustificadas, pues se deja de cotizar 2 años antes (resta ingresos al sistema) y también se cobra la pensión (aunque sea reducida) dos años antes (aumenta gastos del sistema).
6.- Incentivar las jubilaciones flexible y activa. Mejora de las actuales reducciones para la Jubilación Flexible. Aumentar el límite actual para poder cobrar la pensión y realizar trabajos por cuenta propia (actualmente el SMI). Facilitar la Jubilación Activa para todas las pensiones (actualmente solo para jubilaciones ordinarias con el 100% de la Base Reguladora) y aumentar el importe de la cuantía compatible a percibir (actualmente el 50%, con alguna excepción en los RETA que pueden llegar al 100%). En este sentido dar un tratamiento similar a las compatibilidades de las pensiones públicas (RGSS y RETA) con las derivadas de las Mutualidades de Colegios profesionales.
7.- Derogar definitivamente el complemento de maternidad para algunas “madres”. Por discriminación de géneroy además por ser contraria a la redistribución de las rentas (benefician más a las pensiones más altas). Esas “ayudas” deben darse a la unidad familiar, sin distinciones de género, en el periodo de cuidado y crianza que es cuando se originan los gastos, no a “estas alturas del partido”. No es, en ningún caso, una discriminación positiva como se intenta argumentar.
8.- Desgravación en el IRPF de los costes de los seguros privados de salud. En la línea de lo ya recogido para los RETA con discapacidad en régimen de estimación directa y para asalariados con discapacidad que sean beneficiarios de un seguro sanitario de empresa. Esta medida fiscal se debería ampliar a otros colectivos vulnerables como los pensionistas de todo tipo, o el conjunto de personas con discapacidad en general, ya que muchas de ellas están en situación de dependencia y tienen un alto gasto en atención sanitaria especializada.
9.- Eliminar totalmente las teóricas desgravaciones fiscales de los Planes de Pensiones Privados, por ser discriminatorias pues “premian” a los ciudadanos con rentas más altas que pueden acceder a ellos y, sobre todo, porque es simplemente un argumento comercial falso ya que en realidad simplemente se difiere la tributación al momento del rescate
10.- Eliminar el tope de la cotizacón máxima. “Tanto cobras tanto cotizas“. De lo contrario se priman los salarios más altos (que tienen topada la base máxima) en contra de los principios de contributividad.
11.- Replantear el tope de la pensión máxima. También por motivos de equidad: “Tanto cotizas tanto será su prestación“. Paulatinamente el ratio pensión máxima/pensión mínima ha pasado en 15 años del 8 al 4 y se rompen así los incentivos de sistema contributivo apuntándose a un sistema asistencial con todo lo que ello comporta (sustitución de salarios altos por otras formas oscuras de remuneración).
12.- Replantear de una vez por todas la cotización de los RETA que actualmente es independiente de los ingresos fiscalmente reconocidos de la actividad, dando lugar a numerosos abusos por parte de muchísimos autónomos. El “agujero” (ingresos versus prestaciones) del RETA en las cuentas generales es abrumador y demoledor para el conjunto de la SS.
