España ocupa el puesto 40 de 51 economías en dependencia económica del Estado, con una puntuación de 72,7 y un nivel «alto».
El pasado año, Libre Mercado estimó que las ayudas y subsidios del Estado llegan ya a 7 millones de personas, con un coste anual de 28.500 millones de euros. En la misma línea, este diario calculó que nuestro país mantiene más de 17 millones de nóminas públicas con apenas 18 millones de trabajadores empleados en la esfera privada.
En efecto, España se ha instalado entre las economías desarrolladas donde mayor es la dependencia económica respecto del Estado —y así lo confirma un nuevo Índice de Dependencia Económica Respecto al Estado (IDERE), elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad—. Este informe sitúa a nuestro país en el puesto 40 de un total de 51 economías analizadas, es decir, entre los países donde ciudadanos y empresas presentan una mayor dependencia económica del sector público.
Para interpretar correctamente el ranking es importante entender cómo funciona la puntuación. El índice se mueve en una escala de 0 a 100 y, en este caso, una nota más baja supone un mejor resultado: cuantos menos puntos obtiene una economía, menor es su dependencia respecto del Estado y mayor es, por tanto, la autonomía económica de ciudadanos y empresas. España obtiene exactamente 72,70 puntos sobre 100, una nota que la sitúa dentro del grupo de países con una dependencia «alta». Solamente once de las 51 economías estudiadas presentan un resultado todavía peor.
Ese matiz es importante porque el problema de un Estado hipertrofiado no empieza y termina en la presión fiscal. También aparece cuando una parte creciente de la población obtiene sus ingresos directa o indirectamente del sector público, cuando las familias dependen de transferencias, cuando las empresas necesitan subvenciones o contratos públicos para desarrollar su actividad o cuando trabajar, invertir o abrir un negocio exige superar una maraña creciente de licencias, permisos y obligaciones administrativas.
Precisamente por eso, el IDERE divide la dependencia en cuatro grandes áreas, cada una de las cuales representa un 25% de la puntuación final. El primer bloque analiza al Estado como empleador y proveedor de ingresos personales; el segundo estudia su papel como cliente de las empresas y otorgante de subvenciones; el tercero mide la presencia pública como propietario y agente económico; y el cuarto cuantifica hasta qué punto la Administración actúa como «cancerbero» de la actividad económica mediante permisos, regulación profesional y exigencias administrativas.
España sale mal parada especialmente en este último apartado. De sus 72,70 puntos totales, 16,26 corresponden al papel del Estado como empleador y proveedor de rentas; 6,30 proceden de la contratación pública y las subvenciones; otros 12,17 reflejan el peso del Estado como propietario y agente económico; y nada menos que 37,97 puntos proceden de las barreras, permisos y obligaciones administrativas que condicionan el desarrollo de la actividad privada. Es, con mucha diferencia, la principal fuente de dependencia económica detectada por el índice en nuestro país.
La fotografía que emerge es la de una economía en la que el Estado va ocupando cada vez más espacios. Primero recauda; después redistribuye; a continuación subvenciona; y finalmente establece las condiciones bajo las cuales ciudadanos y empresas pueden seguir trabajando. El problema no es únicamente presupuestario. También tiene una dimensión económica, cultural y política: cuantas más personas dependen de una nómina pública, una pensión, una prestación, una ayuda, una subvención o un contrato administrativo, mayor es el número de ciudadanos cuyo bienestar inmediato queda ligado a las decisiones del poder político.
A ello se suma una segunda forma de dependencia menos visible. Una persona puede no recibir un solo euro del Estado y, sin embargo, depender profundamente de él para desarrollar su actividad profesional. Basta con que necesite sucesivas autorizaciones para abrir un establecimiento, ejercer una profesión, realizar una inversión o mantener en funcionamiento una empresa. El propio informe subraya que, en algunas economías, esta dependencia de los permisos y de la regulación llega a ser más importante que la derivada directamente del gasto público.
La comparación internacional permite apreciar mejor la mala posición española. Alemania ocupa el puesto 33, con 66,96 puntos; Portugal aparece en el 34, con 68,48; Bélgica ocupa el 35, con 70 puntos; y Austria figura en el 36, con 70,05. España queda bastante más abajo, en el puesto 40, con sus 72,70 puntos. Por detrás aparecen Uruguay, Italia, Grecia, Francia, Polonia, Rumanía, Croacia, México, Argentina, Brasil y Turquía.
El ranking también desmonta la idea de que un Estado del bienestar amplio conduce inevitablemente a una fuerte dependencia económica. Dinamarca figura nada menos que en el octavo puesto, con 45,08 puntos. Suecia ocupa el 25, con 58,53, mientras que Noruega aparece en la posición 26, con 59,09. Estos países combinan niveles elevados de empleo público o transferencias sociales con mercados comparativamente abiertos, una propiedad estatal más limitada en determinados ámbitos y menores obstáculos regulatorios para desarrollar una actividad económica. El informe concluye, por tanto, que la dependencia es un fenómeno multidimensional y que no puede explicarse exclusivamente por el volumen del gasto social.
La lógica de la clasificación es, por tanto, sencilla: cuanto menor es la puntuación, menor es la dependencia económica respecto del Estado. Los diez países que consiguen los mejores resultados son Nueva Zelanda (39,22 puntos), Irlanda (40,43), Taiwán (42,51), Mauricio (43,84), Países Bajos (44,26), Estados Unidos (44,50), Reino Unido (44,52), Dinamarca (45,08), Australia (46,50) y Malta (49,83). Nueva Zelanda encabeza así el índice como la economía analizada con mayor grado de autonomía frente al sector público.
En el extremo contrario aparecen las economías donde la vida económica está más entrelazada con las decisiones del Estado. Los diez peores resultados corresponden a Italia (76,23 puntos), Grecia (78,60), Francia (83,03), Polonia (84,10), Rumanía (84,68), Croacia (84,82), México (85,88), Argentina (86,84), Brasil (91,61) y Turquía (93,20). España se encuentra ya peligrosamente cerca de este grupo, a apenas 3,53 puntos de Italia y a poco más de diez puntos de Francia.
El paralelismo resulta especialmente llamativo en el caso de Argentina. Durante décadas, el peronismo construyó un modelo político basado precisamente en ensanchar la esfera estatal, multiplicar transferencias, subvenciones y regulaciones y hacer que capas cada vez mayores de la sociedad dependiesen directa o indirectamente de las decisiones del poder público. España está todavía lejos de los 86,84 puntos argentinos, pero el dato del IDERE muestra que la dirección seguida durante los últimos años nos acerca, y no nos aleja, de las economías donde la autonomía del ciudadano frente al Estado es menor.
fUENTE: Sánchez coloca a España entre los países con más gente dependiendo del Estado – Libre Mercado
