LOS SINDICATOS "DE CLASE" EUFÓRICOS CON EL PRIMER BLOQUE DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES

A pesar de las declaraciones de sus máximos dirigentes en el acto-publicidad del acuerdo para aprobar el llamado Primer Bloque de la reforma de las pensiones, en la que han expresado su preocupación por el desarrollo de la totalidad de dicha reforma, parece que los sindicatos «de clase» están eufóricos.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que las negociaciones para la segunda parte de la reforma de las pensiones no van a ser sencillas ni por la parte empresarial ni por la sindical. Y el líder de CCOO, Unai Sordo, ha calificado la negociación como “bien compleja”.

Este optimismo desbordado que oficialmente trasmiten en sus web oficiales no se sabe si es un simple voluntarismo o un intento de «vender la piel del oso antes de cazarlo».

Nosotros no entendemos nada (¡o entendemos todo lo que no se dice públicamente!)

Lo cierto es que el Gobierno ha resuelto los escollos en las negociaciones a golpe de talonario. Primero, accediendo a vincular las prestaciones al IPC y después, a derogar el Factor de Sostenibilidad, ambas exigencias sindicales para dar el sí al texto final. Y ello a pesar de que las autoridades europeas han advertido a España en numerosas ocasiones de que vincular de manera permanente las pensiones a la inflación y disociarlas de la esperanza de vida comprometería la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional, siempre que no se adopten medidas compensatorias.

Dentro del menú de medidas compensatorias que Escrivá tenía sobre la mesa en el inicio de la negociación, las más potentes han sido aparcadas para una segunda fase de negociaciones y en esta primera parte de la reforma se ha dado una patada hacia adelante a medidas más traumáticas para los pensionistas pero más efectivas para la contención del gasto, mientras la revalorización con el IPC se aplicará de forma inmediata. Si bien desde el Ministerio defienden que la medida compensatoria más relevante es el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la ordinaria.

El anunciado endurecimiento de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas ha quedado finalmente en unos coeficientes que serán más bajos que los actualmente vigentes, con el fin de incentivar pequeñas demoras en la salida del mercado laboral, y además ha retrasado la entrada en vigor a 2024, fijando un plazo de despliegue de la reforma de hasta diez años.

El ministro tampoco ha alcanzado un consenso con los agentes sociales sobre el diseño del nuevo mecanismo de «equidad intergeneracional» que sustituya al Factor de Sostenibilidad. Eso sí, ha accedido a derogarlo, tal y como reclamaban las organizaciones sindicales, y a abrir un nuevo proceso de negociación para definir la nueva herramienta en los próximos cinco meses.

Tampoco ha conseguido convencer a las organizaciones de trabajadores autónomos de los nuevos tramos de cotización por ingresos reales, otra de las medidas pensadas para apuntalar los ingresos del sistema que se ha decidido posponer en aras de cerrar ahora un primer acuerdo y aplicar a partir de 2023 progresivamente durante los siguientes nueve años.

Escrivá también ha accedido a retirar, en esta ocasión a petición de la CEOE, la reforma que buscaba incrementar las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. Se barajó un calendario para el incremento de la base máxima de 20 puntos porcentuales en 30 años y un proceso de adecuación de la pensión máxima del sistema. Los empresarios han logrado convencer al ministro de que no es el momento de elevar los costes laborales, con un tejido productivo todavía muy tocado por la crisis de la Covid. Por el momento, queda aparcada esta otra vía para apuntalar los ingresos del sistema y el asunto se abordará en futuras negociaciones.

Además, en el preacuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos hay, al menos, otras tres medidas que apuntan en la dirección contraria a la contención del gasto. Por un lado, en los incentivos a la jubilación demorada se establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, y se introduce además el pago de cantidades a tanto alzado que beneficiarán especialmente a las carreras de cotización más largas. Y también se fija una reducción del 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.

También con el objetivo de reducir el impacto de las medidas sobre los costes empresariales, la patronal ha arrancado una exoneración del 75% en las cotizaciones de los becarios, que en un plazo de tres meses estarán incluidos en el sistema de Seguridad Social aunque no tengan remuneración.

En la misma línea de incremento del gasto, se ha acordado abordar, en el marco del diálogo social y en un plazo de seis meses, una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios.

Así, mientras las medidas que agrandarán la cuenta de gastos del sistema se van a aplicar de forma inmediata, las que están pensadas para contenerla se han retrasado en el transcurso de las negociaciones.

El asunto es peliagudo porque la Comisión Europea ya advirtió al Gobierno sobre los costes extra que podrían generar las negociaciones abiertas con los agentes sociales en materia de pensiones, porque en Bruselas no gusta que se vaya a desmontar la reforma de 2013 y porque estamos en medio de un proceso en que la llegada de fondos depende del cumplimiento de las recomendaciones.