El presidente del Gobierno asegura que el primer paquete de medidas acordado en el diálogo social garantiza tanto el poder adquisitivo de los pensionistas como la sostenibilidad financiera del sistema.
En un acto encabezado por Pedro Sánchez, los principales representantes de las organizaciones empresariales y sindicales han lanzado un claro mensaje al Gobierno: la segunda parte de la reforma del sistema público de las pensiones va a ser mucho más difícil de cerrar que la primera.
El consenso social es una exigencia de Bruselas para las reformas más sensibles (a saber, la del mercado laboral y la del sistema público de las pensiones), de ahí que Sánchez haya querido destacar este primer acuerdo con la celebración de un acto solemne para rubricar junto a los agentes sociales lo que ha definido como «el primer hito importante de la legislatura”
El presidente se ha mostrado optimista respecto a seguir alcanzando acuerdos con la patronal y los sindicatos si bien los interlocutores han rebajado ese optimismo. El primero en hacerlo ha sido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha advertido de que las negociaciones para la segunda parte de la reforma de las pensiones no van a ser sencillas ni por la parte empresarial ni por la sindical. Acto seguido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha coincidido en que los siguientes pasos «van a ser complicados para todos». Y el líder de CCOO, Unai Sordo, ha calificado la negociación como «bien compleja».
Hay que recalcar que, en este primer gran acuerdo en pensiones, el Ministerio de Inclusión ha pactado con los agentes sociales solo dos aspectos de las medidas comprometidas con la Comisión Europea: garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas e intentar acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Cabe recordar que la revalorización anual de las pensiones ya se realiza según el IPC desde 2018. La sustitución del Factor de Sostenibilidad (que nunca se llegó a aplicar) por un nuevo mecanismo de «equidad intergeneracional» queda por definir para posteriores negociaciones. Es decir, en definitiva, el grueso de la reforma para apuntalar los ingresos del sistema (la cotización por ingresos reales de los autónomos, el aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión o el incremento de las bases máximas de cotización, entre otras medidas), han quedado para futuras negociaciones.
Se trata, no en vano, de los aspectos más polémicos de la reforma, que el ministro José Luis Escrivá se ha visto obligado a ir aparcando a medida que iba constatando la imposibilidad de acordarlos en la mesa, semana tras semana. De ahí que tanto la patronal como los sindicatos hayan puesto el foco este jueves, precisamente, en las dificultades que se van a plantear en la segunda fase de las negociaciones.
Los primeros roces de cara a la segunda parte de la reforma se han hecho evidentes ya en los discursos de este mismo jueves. Mientras los sindicatos han destacado la importancia de la derogación del Factor de Sostenibilidad (el mecanismo que introdujo la reforma de 2013 para ligar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida), el presidente de la CEOE ha asegurado que, en el acuerdo alcanzado, «se sigue manteniendo Factor de Sostenibilidad», que ha definido como «fundamental». En este sentido, Garamendi ha recordado que los agentes sociales se han dado un plazo (hasta el 15 de noviembre) para pactar el diseño de un nuevo mecanismo y, si no se logra, el Gobierno se ha comprometido a implementarlo porque así lo exige Bruselas.
Hay quien opina que es una “patada a seguir” y que se han perdido 10 años pues se vuelve a la reforma de 2011. En definitiva, lo acordado y publicitado a “bombo y platillo” en el día de hoy se puede calificar como un nuevo “parto de los montes” (¡y van…!)
