Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, sólo 26 de cada 100 inmigrantes regularizados por el Gobierno de Pedro Sánchez cotizan a la Seguridad Social. Las cifras difundidas por el Ejecutivo reflejan que, de los 609.737 expedientes ya resueltos dentro del proceso extraordinario de regularización, únicamente 159.097 personas se habían dado de alta como afiliadas hasta el pasado 30 de junio.

El balance llega después de que concluyera el plazo para presentar solicitudes. En total, el Ministerio contabilizó 1.174.978 peticiones, una cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales del propio Gobierno, que durante la tramitación de la medida estimaba que el número de beneficiarios se situaría entre 300.000 y 500.000 personas. Del total de solicitudes registradas, el 79,6% corresponde a procedimientos de arraigo, mientras que el 20,4% restante procede de personas que habían solicitado protección internacional.

La comparación entre el número de expedientes ya tramitados y las nuevas altas en la Seguridad Social ha reabierto el debate sobre los efectos reales de la regularización. Durante la defensa de esta medida, el Ejecutivo y sus partidarios sostuvieron que una parte importante de los inmigrantes en situación ilegal ya desarrollaba una actividad laboral en la economía sumergida y que la obtención de un permiso de residencia y trabajo facilitaría su incorporación al sistema de cotización. Sin embargo, los datos publicados hasta la fecha muestran que la afiliación afecta, por ahora, a una minoría de los expedientes resueltos.

El Ministerio tampoco ha detallado cuántas de las personas regularizadas se encuentran efectivamente en edad de trabajar. Aun así, sí ha informado de que el 70% de los solicitantes tiene entre 25 y 64 años. En el conjunto del proceso, el 57% de las solicitudes corresponde a hombres y el 43% a mujeres. Además, el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años, mientras que un 13% supera los 65.

En cuanto al origen de quienes han solicitado la regularización, Colombia encabeza la lista con el 25,9% del total de expedientes. Le siguen Marruecos, con un 13,3%; Venezuela, con un 11,8%; Perú, con un 8,8%; y Honduras, con un 4,9%. Por áreas geográficas, dos de cada tres solicitantes proceden de países de América Central y del Sur, mientras que el 22,9% tiene origen africano y el 8,3% asiático.

Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de solicitudes registradas, con 257.602 expedientes, seguida por la Comunidad de Madrid, con 202.424, y la Comunidad Valenciana, con 161.557. Tras ellas aparecen Castilla-La Mancha, País Vasco, Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias, aunque el Ministerio no ha facilitado el reparto detallado del resto de territorios.

La diferencia entre el elevado volumen de expedientes ya aprobados y el número de nuevas afiliaciones ha generado interpretaciones contrapuestas sobre el alcance de la medida. Mientras el Gobierno destaca el avance del proceso de regularización, los datos oficiales muestran que, hasta el cierre de junio, poco más de una cuarta parte de quienes ya han obtenido autorización para residir y trabajar en España figuraban dados de alta en la Seguridad Social.

El 70% de las inmigrantes marroquíes que están en España no cotizan a la Seguridad Social: «Están saqueando los recursos de los nacionales»

Sólo 3 de cada 10 mujeres marroquíes cotizan a la Seguridad Social en España. Según el portal digital del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2024 apenas el 29,7% de las mujeres procedentes de Marruecos en edad de trabajar estaban dadas de alta, lo que se traduce en unas 90.668 cotizantes frente a un total de más de 305.000. En el caso de las argelinas, la proporción es todavía menor: únicamente el 18,1% contribuía al sistema.

Estos datos avanzados por Libremercado contrastan con otros colectivos. Entre las mujeres españolas, el porcentaje de afiliación alcanza el 56,7%, mientras que entre las procedentes de países de la Unión Europea se sitúa en torno al 56,5%. Dentro de este último grupo, destacan especialmente las mujeres rumanas, con una tasa cercana al 64%, muy por encima de otros perfiles migratorios.

Si se amplía la mirada al conjunto de mujeres extranjeras, la diferencia sigue siendo notable. A comienzos de 2025 residían en España más de 2,8 millones de mujeres extranjeras mayores de 20 años, pero el número medio de cotizantes en 2024 se quedó en algo más de 1,25 millones. Esto implica que sólo el 44,3% de este colectivo estaba contribuyendo al sistema.

Una de las claves para interpretar estas cifras está en la estructura demográfica. En el caso de la población española, existe un volumen elevado de mujeres mayores de 65 años —en torno a 5,4 millones— que ya están fuera del mercado laboral por jubilación. Sin embargo, entre la población extranjera este segmento es mucho más reducido, lo que en teoría debería favorecer tasas de actividad más elevadas.

El análisis también revela diferencias relevantes entre nacionalidades. Entre los principales grupos extranjeros en edad laboral, como los procedentes de Marruecos, Colombia o Venezuela, las tasas de cotización varían considerablemente: aproximadamente el 51% en el caso marroquí, el 55,2% entre los colombianos y hasta el 85% en el caso de los venezolanos. En comparación, alrededor del 75% de los españoles entre 20 y 64 años está afiliado a la Seguridad Social.

Este escenario se produce en un contexto en el que el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones sigue muy presente. En los últimos años, distintos argumentos han apuntado a la inmigración como una posible vía para reforzar los ingresos del sistema. Sin embargo, las diferencias en los niveles de cotización entre colectivos introducen matices en esa discusión.

La cuestión ha cobrado aún más relevancia tras las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluyen procesos de regularización de personas en situación administrativa ilegal. Estas iniciativas han sido defendidas, en parte, por su posible impacto positivo en el mercado laboral y en las cuentas de la Seguridad Social.