El Gobierno de España y la Comisión Europea han aprobado las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (OA, en sus siglas en inglés) donde se establece la manera en que se organizarán las reuniones bilaterales con la Comisión Europea y el intercambio de información para el seguimiento del desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España.
Este acuerdo permitirá solicitar en los próximos días el primer desembolso semestral de recursos europeos, de 10.000 millones de euros, que se sumaría a los 9.036 millones de euros que ya recibió España en forma de prefinanciación, correspondiente al cumplimiento de los 52 hitos del Plan de Recuperación. Se acuerda que el Gobierno de España y el Ejecutivo Comunitario mantendrán intercambios trimestrales para hacer balance de los avances en la aplicación del Plan de Recuperación. Éstos podrán tener lugar personalmente tanto en España como en Bruselas o podrán efectuarse de manera virtual. Al margen de estas reuniones se podrán celebrar otras sobre inversiones o reformas concretas que afecten a varios componentes para garantizar la coherencia en su desarrollo.
En definitiva, tal vez esta vez no haya ‘hombres de negro’ que aterricen cada seis meses en Barajas para chequear de primera mano el cumplimiento de las condiciones acordadas con Bruselas, como sucedió tras el rescate financiero de 2012, en lo que muchos calificaron como una intervención ‘de facto’ de la política económica de España, pero con otras herramientas la Comisión Europea ha dejado claro en el contrato operativo rubricado con el Gobierno que ejercerá un control estricto sobre los compromisos allí firmados para garantizar que se cumplen y que el dinero de Europa se emplea en lo que se ha acordado.
En juego están los más de 50.000 millones de euros que España aún tendrá pendientes de recibir después de que Bruselas desbloquee en los próximos días el segundo tramo de 10.000 millones de euros de las ayudas vinculadas al Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La voluntad de Bruselas queda patente en los elementos más críticos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, es decir, en todo lo que tiene que ver con la reforma laboral y la de las pensiones, sobre las que la Comisión no sólo va a exigir información detallada al Ejecutivo sino que incluso va a imponer un control previo sobre sus aspectos fundamentales.
Las cautelas de Bruselas sobre la reforma del sistema público de pensiones. La Comisión Europea ha tenido que tragar con la reimplantación de la actualización de las pensiones conforme al IPC, de cuyos efectos perniciosos sobre la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones ha advertido en más de una ocasión, pero a cambio va a exigir que el resto de dispositivos de la reforma tengan el efecto compensatorio sobre ese sobrecoste que asegura el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
El Gobierno de España se ha comprometido con Bruselas por escrito a revisar la legislación vigente para habilitar la posibilidad de ampliar el número de años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión de jubilación, tal y como ya figuraba en la evaluación del Plan de Recuperación del pasado mes de junio, y a publicar un informe antes de que acabe el año 2022 sobre el impacto que las medidas de reforma del sistema aprobadas en los últimos meses van a contribuir a mejorar la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones. Esta será la verdadera prueba del nueve que tendrá que superar la reforma Escrivá para convencer a Bruselas y abrir el acceso de España a los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación.
EL MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (MEI)
En esa labor de vigilancia, la Comisión ha puesto en su punto de mira el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que José Luis Escrivá plantea como alternativa al derogado Factor de Sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013. Bruselas exige al Gobierno que acredite en un informe de qué modo ese mecanismo va a garantizar la equidad intergeneracional y también de qué forma se adaptará a la presión de la demografía sin reventar las costuras del marco presupuestario.
Lo cierto es que quedan apenas 4 días para cerrar un acuerdo sobre pensiones que ayude a encarar el aluvión de jubilaciones del ‘baby boom’ pues el propio Gobierno dio de plazo hasta el 15 de noviembre para alcanzar un acuerdo con los agentes sociales y fijar un nuevo sistema que sustituya al Factor de Sostenibilidad aprobado por el PP en 2013
Esto se hacer porque nos hemos comprometido con Europa. Ya en 2013 un Gobierno del Partido Popular aprobó una reforma de pensiones en línea con lo que se pedía en la Comisión Europea: hacer algo para garantizar la sostenibilidad del sistema ya que iban a llegar el tromba los del ‘baby boom’, por así decirlo, se sabe desde hace décadas. Y de esos cambios surgió el llamado Factor de Sostenibilidad, que proponía reducir un poco las pensiones en función de la esperanza de vida en el momento de la jubilación para contener el gasto. Este factor nunca ha estado operativo y el Ejecutivo de coalición ha terminado de finiquitarlo, pero le ha prometido a Bruselas que aprobará otro mecanismo (el MEI) antes de que termine este año.
Aunque estos días se habla mucho de este nuevo factor para regular el gasto de las pensiones, en realidad la vuelta la revalorización de acuerdo al IPC añade mucha más presión al sistema.
La solución no es nada sencilla. Los próximos veinte años van a ser complicados para las cuentas de la Seguridad Social. Ya a día de hoy no ingresan lo suficiente como para pagar las pensiones de todos los trabajadores que han cotizado durante su vida laboral.
Este déficit del sistema ronda los 21.000 millones según el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social. A grosso modo: la Seguridad Social ingresa en un año 162.000 millones y gasta 183.000 millones de euros. Si quitan gastos e ingresos impropios los números rojos se amplían hasta los 30.000 millones de euros. Esa cifra sería el actual agujero que tiene el sistema. Por ese motivo el Estado transfiere dinero a la Seguridad Social para pagar las pensiones, lo cual no es más que una maniobra contable para transferir el déficit del sistema de la SS al propio Estado, que hará frente a ello elevando los impuestos (incluidas las cotizaciones a la SS), detrayendo gastos en otros ministerios (educación, sanidad, infraestructuras,…) o emitiendo más deuda pública. En cualquier caso, este déficit del sistema de la SS hay que reducirlo de alguna manera y en algún momento, tras los efectos de la crisis del coronavirus, volverá cierta disciplina fiscal a Europa y España no podrá tener números rojos muy elevados en sus cuentas públicas ni tampoco una deuda galopante.
La última propuesta del Gobierno sobre el MEI es subir un 0,6% las cotizaciones sociales (un 0,4% para empresarios y un 0,2% para trabajador) para hacer frente al sobrecoste que va a suponer la jubilación del ‘baby boom’. Es una especie de derrama de diez años que sirva para que el gasto en pensiones no se dispare demasiado ante el tsunami de nuevos pensionistas que se avecina. Entre 1957 y 1977 nacieron cada año más de 600.000 bebés y ahora la cifra es la mitad. El problema está a la vuelta de la esquina: los primeros del ‘baby boom’ comenzarán a jubilarse a partir de 2024. Muchos han cotizado durante largas carreras laborales y tienen derecho a las pensiones más altas.
Subir las cotizaciones sociales un 0,6% durante una década supondría acumular, según las cifras del ministerio, algo más de 40.000 millones de euros en la llamada ‘hucha de las pensiones’ (ahora con unos 2.000 millones de saldo porque nadie se atreve a dejar la cuenta a cero). Esta cifra plantea dos cuestiones:
- Es demasiado optimista: se basa en una rentabilidad del 5%. Si, como hasta ahora, el dinero solo puede invertirse en deuda pública, ¿dónde está la que paga ese 5% de intereses? Cálculos de expertos creen que la derrama supondrá mucho menos: cerca de 26.000 millones (depende del interés que se utilice).
- Aún dando por buena la cifra del Gobierno muchos economistas creen que no será suficiente para resolver la presión de gasto a la que se va a enfrentar durante 20 años la Seguridad Social. Y aquí es donde entra la fase segunda de la propuesta del Gobierno pues el sistema se va a revisar cada 3 años, si resulta que no es suficiente y entonces se abren dos puertas nuevas para solucionarlo: se recurre a una fórmula para recortar gastos del sistema y/o se tendrían que subir algo más las cotizaciones sociales (los ingresos del sistema). En definitiva, “que lo resuelvan los siguientes que vengan”
Este nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional disfraza con un aumento de ingresos lo que será un recorte de las pensiones pues la subida temporal de las cotizaciones que pagarán los trabajadores en activo durante una década no se trasladará en una pensión mayor ya que se va a pagar más cotizaciones pero no se tendrá derecho a una pensión superior, y si esto no es un “recorte”, venga Dios y lo vea.
En cualquier caso, Bruselas ha pedido al Gobierno que entregue a finales de 2022 un análisis de impacto que “pruebe” que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, efectivamente garantiza dicha equidad
