Resolver un despido o una demanda por incapacidad permanente se alarga un tiempo distinto dependiendo de cada comunidad autónoma
A pesar de que desde hace años se habla del mal endémico que es para la justicia la congestión de sus juzgados y se insiste en la necesidad de dotar de medios a los tribunales, los datos demuestran que los esfuerzos que se han hecho en este sentido no han sido suficientes. Se dice que la Justicia española tiene varias velocidades haciendo referencia a la rapidez con la que unos y otros tribunales resuelven los asuntos que les llegan, donde juegan un papel importante factores como la jurisdicción de la que se hable, la carga de trabajo de cada juzgado o los medios de los que disponen. No obstante, hay una variable que tiene un peso especialmente relevante: la localización. Dependiendo de dónde estén situados, los jueces pueden demorarse más o menos en despachar un proceso.
En los procedimientos de índole laboral (despidos, accidentes de trabajo, o litigios contra la Seguridad Social) los juzgados andaluces muestran una lentitud superior a la de las demás comunidades autónomas y de media, se demoran algo más de 15 meses en resolver estos asuntos. Según los datos del CGPJ, el asunto que suelen resolver con más rapidez los juzgados españoles son los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), con una media nacional de mes y medio. En otras comunidades, el procedimiento se ventila incluso más rápido, llegando a tardar 21 días en Aragón y 27 en Galicia.
En el Tribunal Supremo la Sala de lo Social ha pasado de los 10 meses en 2010 a los 17 en 2020,
