Es indignante, lamentable y denunciable que el Gobierno abandone a sus ciudadanos (que no súbditos) más vulnerables.
En estas últimas semanas existe un movimiento muy fuerte para evitar el cierre de las oficinas bancarias, que dejan especialmente a las personas mayores sin mecanismos para responder a sus dudas o trámites bancarios.
Es INDIGNANTE ver cómo el Gobierno anima a los bancos a prestar una atención humana a personas mayores, cuando las administraciones que dependen directamente del propio Gobierno no son capaces de ofrecer un servicio digno y eficiente para unas cuestiones tan sensibles como el de poder solicitar una pensión pública en el INSS o una prestación de desempleo en el SEPE, que además son “gestiones” de primera necesidad que se producen cuando esos ciudadanos están en una situación especialmente sensible, tanto económica como anímicamente.
Hace unos pocos días, cuando Carlos San Juan, el médico de 78 años que ha sacado las vergüenzas a la banca por su trato a la gente mayor presentaba las 600.000 firmas al Banco de España para pedir una relación humana, presencial, en las sucursales bancarias, se le acercó una mujer rubia y menuda que entró como pudo entre el enjambre de periodistas que rodeaba a Carlos San Juan. Resultó que esa mujer era la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, recién llegada de la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, que se apeaba del coche oficial y dijo (“cara a las cámaras”): . “Sepa que esto es una prioridad absoluta desde el momento que empezamos a ver que era un problema. ¡Qué sociedad seríamos si no cuidásemos de nuestros mayores!”.
La estampa con la que se encuentra la ciudadanía al intentar acceder a las oficinas del INSS (los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social -CAISS-) o del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es la de edificios cerrados a los que solo se puede acceder con cita previa que es una imprescindible misión que resulta casi imposible. Cuando se necesita realizar un trámite se encuentra con un muro custodiado por el personal de seguridad. Un silencio al otro lado del teléfono cuando se llama o un proceso que los ciudadanos no comprenden a la hora de intentar realizarlo por Internet. Parece que, “aprovechando que la pandemia pasa por Valladolid” se ha olvidado que la atención presencial debe ser primordial ya que los empleados públicos de los CAISS y del SEPE cumplen un servicio público social.
“Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado”, es el mensaje, ya histórico, que se sigue repitiendo últimamente en las pantallas de los ordenadores cuando ingenuamente se pretende solicitar telemáticamente una cita previa para informarse o gestionar una solicitud sobre cualquiera de las prestaciones de la Seguridad Social y del SEPE. Por medio del número de teléfono rara vez se consigue una respuesta y para las personas mayores o en situación de vulnerabilidad que no manejan los medios de comunicación telemáticos, hacer cola se ha convertido en una solución a la que solo pueden acceder unos pocos. La ciudadanía no está pidiendo nada que no sea justo, quieren ser atendidos presencialmente.
Desde el Ministerio correspondiente (pues además se ha desdoblado por motivos espurios el histórico Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) ya sea desde el flamante nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (el “bocachancla” José Luis Escrivá) o el propagandístico Ministerio de Trabajo y Economía social (la omnipresente Yolanda Díaz) explican que esa administración ha experimentado en todo el Estado una fuerte reducción de personal en la última década y además un gran porcentaje de la plantilla se acerca a la edad de jubilación. Además, afirman que se está trabajando “con mucho empeño en paliar esta situación, pero su capacidad de acción es limitada” y se estudia la posibilidad de “incorporar soluciones temporales para intentar evitar mayor perjuicio a los ciudadanos”.