El reto para el departamento de Escrivá sigue siendo el de llegar a potenciales beneficiarios que ni siquiera solicitan la prestación por desconocimiento.
LOS MEDIADORES
El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lanzó el registro en el que deben inscribirse las entidades del tercer sector de acción social para colaborar en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. Se trata de un listado en el que deben apuntarse los denominados “mediadores”, que son las ONGs y otras entidades privadas sin ánimo de lucro que deseen cooperar con la entidad gestora de la prestación acreditando determinados requisitos exigidos para el acceso a la misma. En estos momentos, dos meses después, en el bautizado como ‘Registro de Mediadores Sociales’ solo aparece Cruz Roja Española.
Incluso Cáritas, que por su propia estructura descentralizada (hay 68 Cáritas Diocesanas) está tardando más tiempo del que estimaban inicialmente en sumarse al proyecto.
También es el caso de la propia Plataforma del Tercer Sector, que aglutina a las organizaciones más representativas del ámbito de lo social para defender, a través de una voz unitaria, los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión. El problema, además de las propias estructuras de las organizaciones, son también los requisitos y condiciones impuestos por el Ministerio
Entre las modificaciones que se hicieron, hace ahora justo un año en febrero de 202 en el RD Ley 3/2021, y se señalaba que las entidades del Tercer Sector de Acción Social debidamente inscritas en el registro de mediadores podrían emitir certificado para la acreditación de las circunstancias de vulnerabilidad previstas en la normativa. El Gobierno calculaba en ese momento que se podrían incorporar por esa vía entre 20.000 y 40.000 beneficiarios más a la prestación.
Los mediadores debían cumplir una serie de requisitos, como carecer de fines lucrativos, hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, disponer de puntos de atención directos a las personas en todas las comunidades autónomas y acreditar la experiencia de, al menos, tres años en el acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social.
Pero no fue hasta el pasado mes de septiembre cuando Escrivá puso en marcha la creación del registro obligatorio de mediadores sociales, y finalmente, el registro vio la luz en diciembre, pero el proceso para incorporarse no arrancó hasta el pasado mes de enero, con lo cual a las “buenas intenciones” del Gobierno se han quedado, de nuevo, en “agua de borrajas” por su torpeza administrativa
LA TRANSFERENCIA AL PAÍS VASCO
La transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) de la Seguridad Social al gobierno vasco está resuelta a nivel político, y desde el inicio, la ley del IMV contempla que puedan ser las comunidades autónomas quienes gestionen esta prestación, mediante la firma de convenios entre el Estado y el gobierno autonómico. La primera en haber logrado el acuerdo para su transferencia es el País Vasco y de hecho, los Presupuestos Generales del Estado de este año recogían la cesión de las funciones del INSS en relación al IMV para Navarra y Euskadi. Sin embargo, todavía no se ha hecho efectiva el pago de las prestaciones. Insisten en que “a nivel político” la transferencia está hecha.
Para cobrar el ingreso mínimo vital, los solicitantes tienen que cumplir una serie de requisitos en cuanto a renta y patrimonio que varían en función del número de personas que conforman la unidad de convivencia. Para verificar esa información, la Seguridad Social cruza datos con la Agencia Tributaria. Simplificar ese proceso y asimilarlo al que se produce en la actualidad entre el INSS y la AEAT es clave para la transferencia efectiva de esta ayuda para hogares vulnerables. Como es sabido en las provincias del País Vasco no “existe” en la práctica cotidiana la AEAT pues cada una de las tres provincias tiene su propia Hacienda Foral que depende de cada Diputación Provincial Foral y no del Gobierno del País Vasco, lo que hace que la transferencia se esté alargando demasiado por problemas, de nuevo, administrativos.
Los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social (diciembre 2021) indican que el número de beneficiarios era de las 362.017 prestaciones reconocidas en total en toda España, 17.400 correspondían al País Vasco (el 4,8 %)
