El atasco que se ha generado en estas instancias tendrá efectos en el largo plazo
Los juicios telemáticos de incapacidad permanente o despidos, entre otros asuntos que se gestionan desde los Juzgados de lo Social, y que podrían en cierta medida ayudar a aliviar el colapso, no se celebran con la frecuencia que desearíamos tanto los abogados como los clientes. Pero aparte de este presente tan peculiar que se está viviendo en juicios de instancia, lo relevante es el retraso en las celebraciones. En el último trimestre de 2020 ya comenzamos a ver cómo los juicios se empezaban a volver a celebrar con asiduidad. Y aunque no ha habido una nueva paralización, el embudo que se ha generado tendrá, muy probablemente, efectos a largo plazo.
Como se suele decir, puede que lo peor esté por llegar. Para poder ir avanzando, es un mal necesario que los señalamientos se hagan a varios años vista. Pero el paralelismo entre lo pendiente y lo que va recayendo en los distintos juzgados seguirá existiendo a no ser que se hagan refuerzos importantes. En algunas ciudades se hace, eso es indiscutible, porque el plan está en marcha, pero la Justicia debería recibir rápidamente un mayor volumen de recursos a nivel general.
También de tecnología, para que proliferen los juicios telemáticos, que tanto pueden ayudar en esta coyuntura. Y no conformarse con que su personal contenga este escenario, una labor, sin duda, nada desdeñable. En esta línea, estaremos muy atentos a la evolución de las fases de los planes de choque del Ministerio de Justicia a lo largo de este 2021, con inversiones y acciones que confiemos incrementen la capacidad y velocidad de resolución de los Juzgados de lo Social.
Concretamente en los juicios por incapacidad, una materia de alta litigiosidad y que no para de consumir horas en los tribunales, el desbordamiento de hoy en día va directo al estancamiento si no se toman medidas de peso. Y eso implica graves consecuencias personales. Una persona que no puede trabajar por sus dolencias pero que ha visto como el INSS le denegaba su prestación, ya no tiene que esperar «un año aproximadamente» -como solíamos decir a nuestros clientes- para tener una sentencia en la mano desde que interponemos la demanda.
Sin recursos largo tiempo
Ahora es mucho más. Y aunque cabe la posibilidad, y de hecho sucede mucho, de que los magistrados en su día dicten un pago de atrasos, ese ciudadano se ve en muchas ocasiones sin recursos un larguísimo periodo de tiempo. Sin olvidar la incertidumbre que ello crea. Desde nuestro despacho podríamos mencionar diversos casos reales, como este de una mujer con depresión y otras afecciones graves que ha tenido que aguardar tres años para lograr su prestación. Tememos tan solo imaginarnos los ejemplos que podremos dar de aquí a 12 o 24 meses.
Pero cuando no hay un final favorable para el cliente, las cosas se complican aún más para la sociedad, porque estos posibles pensionistas no tienen más remedio que pedir ayudas y subsidios, que ahogan las arcas de la Administración. Eso suponiendo que cumplan los requisitos para cobrarlos.
En cuanto a las extinciones de contrato y las reclamaciones de salarios no abonados (por motivo del virus), ambas vienen con paso fuerte. Ya se han ido produciendo durante los últimos meses, a pesar de estar prohibidos inicialmente, cuestión que se ha ido matizando por los juzgadores. Los jueces han ido confirmando que son improcedentes o nulos si la causa raíz es el Covid, pero ya se empiezan a dictar sentencias de procedencia por motivos económicos no fundados principalmente en la pandemia.
Futuro tras los Ertes
Con todo, en el futuro próximo, cuando acaben los Ertes y la protección laboral frente a la crisis sanitaria, puede abrirse una herida de muerte en los Juzgados de lo Social, como muchos expertos ya están advirtiendo. Cuando los Ertes finalicen y la presa se abra, el agua caerá con tanta fuerza que, incluso, quizá, haya que revertir las medidas desde arriba.
Queda esperar que eso no ocurra y que salgamos de esta, para que no haya perjuicios aún mayores, lo que siempre puede ser posible. Como el hecho de que en nuestro país llegue a normalizarse que un juicio, que podría dar un giro a la vida de una persona, no tenga lugar hasta pasados dos, tres o cinco años. Los derechos que se vulneran a menudo en las resoluciones denegatorias del INSS, si hablamos de nuevo de incapacidad, y que tienen esperanza de ser concedidos ante un tribunal, no pueden, moralmente, esperar tanto a ser reconocidos.
Se puede concluir, como soplo de aire fresco, que las largas esperas por este tipo de razones seguramente, y en un ejercicio de paciencia y reflexión, merecerán la pena. Esa es la luz a la que deben mirar los implicados. Porque un elevado número de procesos judiciales por despido improcedente o por una incapacidad no aprobada se saldan con la victoria del trabajador, sea en primera instancia o posteriormente en un Tribunal Superior.
Fuente: El Economista
