Este tipo de ayudas son objeto recurrente de noticias falsas y bulos para decir que los inmigrantes -y, sobre todo, los irregulares- son los principales beneficiarios de las mismas. No es cierto
En vídeos e imágenes, en mensajes de WhatsApp y publicaciones de Facebook, en declaraciones de algunos políticos y conversaciones de bar se repite el mismo mensaje: los inmigrantes acaparan las rentas mínimas en España.
Este tipo de ayudas tiene diferentes denominaciones según la comunidad autónoma como, por ejemplo, la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, la Prestación Canaria de Inserción o el Salario Social de Asturias. Su objetivo es cubrir necesidades muy urgentes de familias que no tienen ningún tipo de ingreso para dar una respuesta a situaciones de absoluta necesidad.
Las noticias falsas y los bulos se centran en que estas rentas tienen cuantías altas y que las acaparan los inmigrantes (que, generalmente, dicen, son irregulares). Por ello, hemos recopilado datos de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas para conocer cuáles son los requisitos que exigen para acceder a las mismas y, lo más importante, cuál es el porcentaje de extranjeros que las reciben. Spoiler: no, los inmigrantes no acaparan estas ayudas sociales en nuestro país.
El mapa de las rentas mínimas en España
Cada año, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social publica un informe de las rentas mínimas. Con sus datos y poniéndonos en contacto con cada una de las consejerías encargadas de las mismas, hemos elaborado el siguiente mapa, en el que se puede consultar cuál es la ayuda disponible en cada comunidad autónoma y el porcentaje de españoles y extranjeros que las reciben.
Las estadísticas oficiales diferencian entre extranjeros y españoles sin tener en cuenta en qué momento o en qué circunstancias han llegado a España los primeros. Además, en ningún caso la nacionalidad es un criterio que favorezca o penalice al ciudadano para la adquisición de una renta mínima, ya que no se tiene en cuenta para otorgar tales ayudas.
En conjunto, de unos 46,9 millones de habitantes que hay en España, 293.302 personas fueron titulares de una renta mínima en 2018 y, de ellas, 74,6% eran españolas y el resto, el 25,4%, extranjeras. No están disponibles los datos de Andalucía*, única comunidad autónoma que ha no facilitado información sobre la nacionalidad de los titulares de sus rentas mínimas. Además, el número de extranjeros perceptores de una ayuda de este tipo se ha mantenido estable en los últimos años. Así en 2017 fueron el 27,5%; en 2016, el 23,8% y en 2015, el 24,3%.
Este tipo de rentas surgen para situaciones de emergencia social y pobreza extrema, y en este colectivo los extranjeros están sobrerrepresentados: casi el 60% de la población extranjera en España está bajo el umbral de la pobreza mientras que entre los nacionales son el 23%.
Requisitos para obtener ayuda: empadronamiento, empleo y cuenta bancaria
Los requisitos exigidos para estas ayudas hacen que sea prácticamente imposible para una persona en situación irregular convertirse en un beneficiario de estas rentas. Gran parte del discurso anti-inmigración se fundamenta en que con solo pisar nuestro país, los migrantes acceden a estas prestaciones económicas, pero eso es falso.
Residencia legal: requisito en 10 CCAA, Ceuta y Melila
De las 17 comunidades autónomas, 10 y Ceuta y Melilla requieren a los solicitantes de esta ayuda tener la residencia legal, el más exigente de todos los requisitos. Esto significa que de facto y de iure una persona en situación irregular no puede acceder en esas comunidades y ciudades a las rentas mínimas. Además, en otras, aunque no piden la residencia legal, exigen estar inscrito como demandante de empleo, lo que supone tener regularizada la situación. Esto ocurre en tres comunidades: Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha.
La consecuencia de este requisito no siempre supone que haya menos beneficiarios extranjeros. Melilla encabeza la lista con un 48,6% a pesar de exigir la residencia legal y cinco años de empadronamiento -el plazo más largo con diferencia de cualquiera establecido por otra comunidad autónoma. La Rioja, donde también se requiere la residencia legal, es la segunda comunidad con un mayor número de personas no españolas titulares de una renta mínima, un 42%.
Empadronamiento: demostrar dónde viven con facturas
El empadronamientoen el municipio en el que se solicita la renta mínima es el único requisito que comparten todas las legislaciones autonómicas, aunque varían en el plazo de tiempo. En algunas hay que estar empadronado desde hace un año o dos y, en otras, es suficiente el padrón actualizado. Una persona sin los papeles en regla podría conseguir el empadronamiento, pero ello podría poner al descubierto ante la administración su situación, con los riesgos que esto supone.
“Si no tienen un hogar [un español o un inmigrante] y viven en parques o en albergues, el empadronamiento depende absolutamente de la voluntad de la Administración, si quiere aceptar o no ese lugar como domicilio o darles una opción para llevarlo a cabo”, señala Graciela Malgesini, responsable de incidencia política de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, “a las personas irregulares les preguntarán dónde viven y tendrán que demostrarlo con facturas, y una persona ilegal no tiene esos documentos. Estos son puntos de conflicto que provocan que el sector más perjudicado no tenga acceso a las rentas mínimas”, concluye. De hecho, menos del 8% de las personas en situación de pobreza percibe una renta mínima en España (unas 679.180 personas beneficiarias, directa o indirectamente, de los más de 9 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión).
Ser demandante de empleo
Por otro lado, la inscripción como demandante de empleo, es decir, que el beneficiario esté en la búsqueda activa de un trabajo, es un requisito que comparten 10 de las 17 comunidades autónomas. Y para trabajar es necesario tener los papeles en regla, de modo que este es otro filtro que excluye a los extranjeros en situación irregular de solicitar una renta mínima.
Tanto Graciela Malgesini como Daniel Sánchez, coordinador de Inclusión Social de Accem, una ONG que trabaja con colectivos vulnerables, confirman a newtral.es que el ingreso de la renta mínima por parte de la Administración se hace a través de una cuenta bancaria, una cuenta que un individuo cuyos papeles no están en regla no podrá abrir.
“Y al solicitar una ayuda de estas características autorizamos a que consulten nuestros datos de la Seguridad Social y de Hacienda, entre otros. Por tanto, quien afirma que los irregulares se llevan estas ayudas solo demuestra un completo desconocimiento del funcionamiento de la Administración”, enfatiza Malgesini.
Melilla, La Rioja y Navarra: las CCAA con un mayor número de beneficiarios extranjeros
En Melilla, casi el 10% de la población recibe el Ingreso Melillense de Integración y de ellos, el 48,60% son extranjeros. A pesar de ser la renta que tiene más inmigrantes titulares de todas las rentas mínimas en España, es también la que tiene unos requisitos más exigentes. Para acceder a ella tienen que tener la residencia legal y haber estado empadronados en Melilla al menos cinco años, lo que excluye, como hemos visto, a las personas en situación irregular. De hecho, esta ciudad autónoma es la que más extranjeros legales tiene por cada 1.000 habitantes: 156, según el censo del INE de 2018 (datos de población total y extranjeros).
El segundo puesto lo ocupa La Rioja, donde solo el 1% de la población es titular de la Renta de Ciudadanía. De ellos, un 42% son extranjeros. Como en Melilla, los titulares de la misma tienen que tener la residencia legal en nuestro país. El empadronamiento también es necesario pero, en este caso, es suficiente con demostrar 2 años de residencia efectiva en algún municipio de la comunidad. La residencia efectiva es un concepto diferente a la legal ya que consiste en demostrar “simplemente” que uno ha vivido en un municipio por un determinado tiempo. Las facturas de la luz, el agua o internet en un domicilio sirven como prueba.
La tercera comunidad es Navarra, donde el porcentaje de titulares extranjeros cae a un 34%. Aquí no se exige la residencia legal en nuestro país, aunque sí el empadronamiento y demostrar una residencia efectiva en la comunidad durante, al menos, 24 meses.
Canarias y Castilla y León, con un menor número de beneficiarios extranjeros
La Prestación Canaria de Inserción fue la renta que contó con menos titulares extranjeros en 2018. De 11.592 personas que recibieron esta prestación en la comunidad, 1.044 no tenían la nacionalidad española, lo que representa un 9%. Y para acceder a ella exigen la residencia legal y el empadronamiento. También tienen que demostrar una residencia efectiva en el municipio de un año, como mínimo.
Tras Canarias, encontramos Castilla y León. Su Renta Garantizada de Ciudadanía la recibe el 4,96% de la población, de los que el 9,5% son extranjeros. Entre sus requisitos están demostrar la residencia legal y efectiva y el empadronamiento. Todas estas condiciones tienen que tener, al menos, un año de antigüedad.
Tras este análisis, hemos podido comprobar que los extranjeros no suponen en ningún caso más de la mitad de las personas beneficiarias de las rentas mínimas y que, entre ellos, será muy difícil encontrar a una persona cuya situación no esté regularizada.
ENLACE AL INFORME DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN
Fuente: Newtral
