El método elegido por los gobiernos europeos para mitigar el impacto laboral de la propagación del virus ha sido el llamado lay-off, más conocido en España por ERTEs, las siglas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, pero evidentemente los ERTE acarrean un inasumible gasto público si se prolongan en el tiempo.
Uno de cada cuatro trabajadores europeos, 42 millones en total (el 25% de los trabajadores de la UE), está afectado por un ERTE, planes de desempleo temporal en la denominación europea, a causa de la pandemia, una medida que ha evitado los despidos a corto plazo y ahora empiezan a retirarse sin garantías de que podrá mantenerse el empleo.
Con este tipo de esquemas las empresas pueden reducir la jornada de sus trabajadores e incluso suspender su actividad total sin llegar al despido gracias a que el Estado les sigue pagando parte del salario y cubre sus cotizaciones sociales.
La Confederación Europea de Sindicatos cree que frente a los 42 millones de trabajadores con un ERTE, hay entre 10 y 15 millones en riesgo de perder su empleo por no poder acogerse a estos esquemas, pero además en muchos países la ayuda no le ha llegado todavía a la gente por problemas burocráticos, por ejemplo, en Italia se supone que hay 12 millones de personas con un ERTE, pero la mitad lleva dos meses sin salario. A esto se suma que en general los trabajadores autónomos, los temporales o los no convencionales no están cubiertos por estos sistemas y que la compensación en la mayoría de sus casos no alcanza el 80 % del último salario que se considera debería ser el porcentaje mínimo.
Sin embargo, con la relajación del confinamiento algunos países empiezan a diseñar ya la retirada progresiva de estos esquemas, que tienen un alto coste. Todavía es difícil predecir cuántas empresas podrán reincorporar a sus trabajadores y no todos los sectores, en particular el turismo o la hostelería.
En la mayoría de los países lo que en España denominamos ERTEs sólo funcionarán hasta finales de junio, dado su alto coste para las arcas de los Estados, pero se esperan muchos meses más de crisis económica.
Las prestaciones por ERTE van hasta el 100 % del sueldo en Holanda o Dinamarca aunque en la mayoría se sitúa entre el 70 % (caso de España, Francia o Bélgica) y el 80 % (en Italia, Alemania o el Reino Unido). La cobertura dura en general entre tres meses y un año y en la mayoría de los países, como en España, las empresas no pueden despedir a los trabajadores hasta pasado un cierto periodo tras el ERTE.
En Alemania, donde se conoce como kurzarbeit, proporciona al menos el 80% de la remuneración de los trabajadores afectados y han servido para el rescate de medio millón de empresas. Afecta al 27 % de los trabajadores (10 millones). El modelo, en el caso alemán, exime a las empresas de pagar las cotizaciones sociales y el Estado abona entre un 60 y un 65% del salario a la plantilla y añade ayudas directas de liquidez para las compañías.
La factura del Reino Unido para cubrir a 7,5 millones de trabajadores, el 25% de la fuerza de trabajo, es de 9.000 millones de euros al mes, aproximadamente el 75% de lo que el país gasta en su servicio público de salud . Aunque se ha ampliado ya por dos veces también se ha advertido que esto no es sostenible Incluso con este plan de desempleo temporal, la tasa de desempleo de Gran Bretaña se duplicará hasta el 10% en el segundo trimestre.
En Francia, afectados dos tercios de los empleados del sector privado, el costo es probable que supere con creces los 26.000 millones de euros presupuestados y se ha anunciado que el gobierno planea finalizar estos planes a partir de junio.
En Italia las empresas pueden usar este plan, la cassa integrazione, hasta por 4 meses y se estima que ha afectado a un 47 % de los trabajadores por cuenta ajena (8 millones).Se ha prohibido los procedimientos de despido hasta mediados de agosto y se ha prometido repetidamente que nadie perderá su trabajo a causa del coronavirus. Sin embargo, no se espera que eso salve los empleos de todos los trabajadores autónomos, los trabajadores del sector de servicios con contratos de duración determinada y, por supuesto, a los de la economía sumergida.
En España, la prolongación de los ERTE en 105 días (tres meses y medio, es decir, desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio), comportará 15.200 millones de euros en prestaciones por desempleo y dejará de ingresar 6.200 millones de euros en cotizaciones sociales. En total un coste de 21.400 millones.
El Gobierno prevé que más de un 80% de los afectados por un ERTE se incorporen al trabajo en junio, y ha cuantificado en 3.370 millones de euros el impacto máximo del decreto para extender hasta el 30 de junio las medidas para los ERTE. Esta cifra corresponde al cálculo del aumento de gasto en prestaciones especiales de desempleo (1.290 millones) y merma en los ingresos de la Seguridad Social (2.080 millones).
El Gobierno estima en 516 millones de euros de impacto económico en concepto de la prestación sin haber generado el derecho previo, por un período de un mes y medio.
Según señala el Ejecutivo, el número máximo de trabajadores afectados por ERTE de fuerza mayor se alcanzó el 30 de abril, con 3.074.462 personas expedientadas, de los cuales 2.173.262 corresponden a empresas de menos de 50 trabajadores y 901.200 a empresas de mayor tamaño,.
Así, el 30 de junio será el último día de vigencia para los ERTE por fuerza mayor (FM), lo que supone que desde esa fecha los trabajadores que continúen afectados por en ERTE de FM comenzarán a consumir su paro acumulado para poder seguir cobrando la prestación. Hasta ese momento los afectados por un ERTE tenían derecho a percibir la prestación por desempleo sin que ese tiempo consumido de paro contara como gastado. Algo que hizo posible, además, que muchos trabajadores inmersos en un ERTE por fuerza mayor cobraran prestación por desempleo aun sin tener el tiempo mínimo cotizado para tener derecho a una prestación, algo que también finalizará el 1 de julio aunque en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, la prestación de desempleo que ya reciben en el marco de los ERTE se ampliará hasta diciembre.
Los ERTE son una medida muy costosa para las arcas públicas, ya que representan un 56% del total del gasto de las medidas implementadas por el Gobierno para frenar el impacto económico del coronavirus. Según estima el Gobierno el impacto total de las medidas será de 30.700 millones, el 2,7% del PIB. Sin embargo, la Airef considera que el daño será mayor y en su Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad lo cifra, en el escenario más optimista, en 37.800 millones (3,3% del PIB) y en 46.500 millones (4,2% del PIB) en el segundo escenario, con un rebrote del virus que obligue a confinar a la población durante un mes más en otoño.
El gasto sanitario y gasto social mermará las arcas públicas en 2.800 millones de euros, y las medidas fiscales (IVA reducido para el material sanitario, pagos fraccionados de Impuesto de Sociedades, y otros cambios tributarios) restarán 1.400 millones de euros.
A la Seguridad Social, además del gasto en ERTE, le costará casi 5.000 millones la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos -que hayan tenido que cerrar o hayan experimentado una pérdida del 75% en sus ingresos- y por la exoneración de la cotización
Además, destinará 400 millones a el pago de las bajas por incapacidad temporal para trabajadores enfermos de covid-19 o en aislamiento y por otros subsidios aprobados (para trabajadores temporales, en periodo de prueba, empleadas del hogar, etc.). No se incluye en este cómputo el gasto de la Seguridad Social en prestaciones por desempleo derivado del aumento del paro provocado por la pandemia.
Las comunidades autónomas supondrán, un coste de casi 6.700 millones de euros , del que la mayoría es gasto sanitario (6.200 millones). Finalmente, las corporaciones locales tendrán un coste de 1.600 millones de euros.
Si a estas medidas se sumaran las medidas de liquidez (100.000 millones de euros en avales para crédito del ICO), el gasto total podría rondar los 140.000 millones de euros, en caso de que estos avales llegaran a ejecutarse.
El Ejecutivo calcula que el impacto total de las medidas adoptadas disparará el gasto público hasta el 51,5% del PIB, lo que supone un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto a 2019.
