La escalada de la inflación supondrá 2.000 millones extra a la Seguridad Social en un proyecto que afronta la actualización del desempleo sin cumplir ningún año las propias previsiones del Ejecutivo
Aunque la decisión de presentar los primeros Presupuestos Generales de la legislatura será meramente política, los ministerios económicos no consiguen cuadrar unas cuentas públicas que se están viendo zarandeadas por una inflación disparada mucho más allá de lo que preveía el Ejecutivo. Y más IPC implica una revalorización mayor de lo esperado de las pensiones, con un gasto extra que mueve el resto de partidas presupuestarias. Esa es la gran dificultad a la que se enfrentan los técnicos ministeriales en este tramo final del verano junto a otra mucho menos conocida: la partida en prestaciones por desempleo, que no ha parado de subir, y que no tiene visos de disminuir en 2027, a pesar de la bajada del paro.
Estos dos grandes capítulos del gasto social -pensiones, fundamentalmente, pero también el desempleo- son los que están obligando al Ejecutivo a ajustar el proyecto definitivo de Presupuestos en una recta final más compleja de lo que inicialmente podrían prever desde Hacienda, Economía, Trabajo o Seguridad Social, los departamentos más implicados en estos cálculos, según apuntan varias fuentes gubernamentales consultadas por ABC. En un mes vence el plazo constitucional para que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto. Y antes de fin de año debería estar validado por el Congreso. Es la intención que el Gobierno muestra por tercer ejercicio consecutivo, sin que finalmente haya cumplido sus propias promesas.
Cada año, el Gobierno tiene que autorizar inyecciones extra de más de 40.000 millones a la Seguridad Social para hacer frente al pago de pensiones
Si el IPC de diciembre, con el que se calcula por ley la revalorización de las pensiones, se sitúa cerca del 4%, el gasto adicional en pensiones superará los 2.000 millones de euros por este motivo, a razón de hasta 180 millones por cada décima por encima del 2%. A esa cuantía hay que sumar la incorporación de nuevos jubilados al sistema, con prestaciones cada vez mayores por sus extensas vidas laborales: la nueva pensión de jubilación supera ya los 1.800 euros al mes. En 2025, el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social ya fue de 189.599 millones, un récord que ya se iba a superar este año, pero que se verá aún más condicionado por la que puede ser la mayor revalorización de esta partida en dos años.
El gasto en pensiones es el que sigue complicando todos los cálculos para cuadrar unas cuentas que se podrán asentar pendientes de más deuda pública. Es la herramienta que ha usado la Administración Central en los últimos ejercicios para tapar el agujero que iban dejando la diferencia entre las prestaciones y los ingresos del sistema. Estas inyecciones han superando ampliamente los 40.000 millones en los últimos años, una práctica que permitirá de nuevo soportar el gasto de 2027, al menos para poder sufragar las pagas extra, que es cuando más tensiones vive la Tesorería.
Pendientes de la tasa de desempleo
El otro gasto público que también está condicionando los cálculos presupuestarios es el de las prestaciones por desempleo. A pesar de un contexto de bajada de paro como el actual. La discrepancia entre la mejora del empleo y el mayor gasto en prestaciones ha agrandado la brecha en las dos últimas legislaturas: mientras que el número de personas desempleadas se ha reducido un 23%, el gasto destinado a prestaciones y subsidios ha aumentado casi un 40%, hasta los 24.400 millones en 2025, el último ejercicio con las cuentas liquidadas.
La partida destinada a prestaciones por desempleo ha aumentado un 40% en la era Sánchez, hasta rozar los 25.000 millones de euros al año
Desde el Ministerio de Trabajo han insistido durante los últimos años en que este aumento responde tanto al crecimiento nominal de los salarios -por ejemplo, a raíz de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI)- sobre los que se calcula la prestación como a cambios normativos que han elevado su importe, así como la reducción del recorte aplicado tras los seis primeros meses de percepción.
Sin embargo, hay otra razón de peso que está influyendo en el aumento de esta partida: el Gobierno no ha cumplido nunca el objetivo de reducción de la tasa de desempleo planteado en sus planes estructurales. La realidad siempre ha ido por detrás de las estimaciones, a pesar del contexto de caída del paro desde el covid. Por ejemplo, en el programa de estabilidad de 2022 planteaban que la tasa de paro bajase al 9,6% en 2025. Este año, 2026, aún se encuentra cercana al 10%. Incluso los diferentes programas actualizados de los últimos años apuntaban a que en este ejercicio se iba a cerrar con una tasa más cercana al 9% que al 10%, e incluso en 2027 bajaría al 8,7%.
Pero ninguno de esos cálculos se han cumplido finalmente a pesar del incremento en el número de cotizantes y la reducción del desempleo. Y es ahí donde los cálculos presupuestarios se están encontrando otra condicionalidad de importantes dimensiones al suponer cerca de 25.000 millones de euros en un año para una economía que se encuentra con el menor número de parados desde la gran recesión, hace más de una década.
A medida que se inicie el curso en septiembre, los responsables ministeriales seguirán cuadrando unas cuentas que, como indican varias fuentes consultadas, se verán amortiguadas por otro récord de ingresos tributarios y de cotizaciones sociales. El efecto de la progresividad en frío del IRPF -por no actualizarlo al IPC- así como el incremento de las cuotas sociales el 1 de enero, darán más margen al Ejecutivo para presentar sus cuentas, si así lo decide Moncloa, aunque las grandes partidas económicas sigan incrementándose más de lo esperado en este tramo final de año
